La formalización de la convocatoria a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto, a través del decreto respectivo difundido la semana pasada, ha dado lugar a una nueva confrontación política que podría terminar por dirimirse en la Justicia. La decisión del Ejecutivo de excluir del llamado la cobertura de las 43 bancas que corresponden a la Argentina en el Parlamento del Mercosur, conocido como Parlasur, puede dar la impresión de estar sobradamente justificada desde el sentido común, pero legalmente tiene la vulnerabilidad propia del instrumento mediante el cual ha sido corporizada.
La elección de los diputados del Parlasur es objeto de controversia desde hace cuatro años, a partir de la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de incorporar la categoría en las presidenciales de 2015 a pesar de que el cuerpo todavía tenía una actividad apenas simbólica y Brasil y Uruguay no habían designado representantes, ni tampoco estaban próximos a hacerlo. Por eso se la acusó de estar buscando una manera de figurar en la boleta de esos comicios, o de buscar obtener fueros para ella y algunos de sus colaboradores.
El curso de los hechos desmintió la primera de las especulaciones y en cuanto a la segunda, el presunto objetivo no se consiguió, en vista de que la Justicia interpretó que la concesión de fueros a los electos entonces es inconstitucional, razón por la cual siguen presas conspicuas figuras del kirchnerismo como Milagro Sala y José López. También se frenó el escándalo que habían generado las voluminosas dietas que según la ley debían cobrar, lo que aparecía como un despropósito teniendo en cuenta que el Parlasur apenas se reúne en Montevideo con una periodicidad mensual para emitir declaraciones y pronunciamientos, pero ninguna norma de aplicación práctica.
Si a esto se agrega que los socios del Mercosur firmaron un protocolo que posterga la elección de los miembros de su parlamento hasta tanto se redefinan sus funciones y todos los países puedan elegir sus diputados, parece claro que volver a colocar la categoría en las boletas de la elección de este año sería un dispendio inútil. Sin embargo, la realidad es que figura en el Código Electoral, que al ser una ley del Congreso no puede ser ignorada ni modificada mediante un decreto.
En rigor, el Gobierno ya intervino en el proceso electoral por decreto al prohibir las colectoras, pero en ese caso, al menos, la norma por la cual Cristina Kirchner reguló el instrumento también había sido sancionada por la misma vía. En el caso de los diputados del Parlasur, habrá que ver si la Justicia avala el argumento de que la futilidad de la existencia de un cuerpo que muchos de sus integrantes ni siquiera hacen el intento de justificar -aun cuando sólo cobren un modesto viático- es razón suficiente para pasar por encima de la ley en lugar de tratar de reformarla.
El curso de los hechos desmintió la primera de las especulaciones y en cuanto a la segunda, el presunto objetivo no se consiguió, en vista de que la Justicia interpretó que la concesión de fueros a los electos entonces es inconstitucional, razón por la cual siguen presas conspicuas figuras del kirchnerismo como Milagro Sala y José López. También se frenó el escándalo que habían generado las voluminosas dietas que según la ley debían cobrar, lo que aparecía como un despropósito teniendo en cuenta que el Parlasur apenas se reúne en Montevideo con una periodicidad mensual para emitir declaraciones y pronunciamientos, pero ninguna norma de aplicación práctica.
Si a esto se agrega que los socios del Mercosur firmaron un protocolo que posterga la elección de los miembros de su parlamento hasta tanto se redefinan sus funciones y todos los países puedan elegir sus diputados, parece claro que volver a colocar la categoría en las boletas de la elección de este año sería un dispendio inútil. Sin embargo, la realidad es que figura en el Código Electoral, que al ser una ley del Congreso no puede ser ignorada ni modificada mediante un decreto.
En rigor, el Gobierno ya intervino en el proceso electoral por decreto al prohibir las colectoras, pero en ese caso, al menos, la norma por la cual Cristina Kirchner reguló el instrumento también había sido sancionada por la misma vía. En el caso de los diputados del Parlasur, habrá que ver si la Justicia avala el argumento de que la futilidad de la existencia de un cuerpo que muchos de sus integrantes ni siquiera hacen el intento de justificar -aun cuando sólo cobren un modesto viático- es razón suficiente para pasar por encima de la ley en lugar de tratar de reformarla.