Las jubilaciones de jueces y fiscales federales en la mira
Más allá de la indudable popularidad de una medida que implica la supresión de un privilegio muy difícil de justificar, es preciso prestar atención a las advertencias sobre la posibilidad de que el proyecto de modificar las jubilaciones en la Justicia Federal acelere un “vaciamiento” de los tribunales capaz de generar serias complicaciones en el funcionamiento de uno de los poderes de la República.
En medio de la controversia por la anulación de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios vigente hasta diciembre pasado, que derivó en el anuncio de un aumento menor que el que habría correspondido para millones de adultos mayores que cobran por encima de la mínima, el Gobierno envió al Congreso un proyecto que impulsa un recorte a las jubilaciones de integrantes del Poder Judicial, que hasta hoy gozan de un régimen especial mucho más beneficioso que el general. Más allá de la indudable popularidad de la medida, dado que implica la supresión de un privilegio muy difícil de justificar, es preciso prestar atención a las advertencias sobre la posibilidad de que acelere un “vaciamiento” de los tribunales capaz de generar serias complicaciones en el funcionamiento de uno de los poderes de la República.
Según se calcula, la modificación propuesta, que también se aplicaría al régimen vigente en el Servicio Exterior de la Nación, reduciría entre un treinta y un cuarenta por ciento el haber inicial de un juez o un fiscal al momento de pasar a revistar en la clase pasiva. Como se entiende que el cambio afectaría sólo a quienes procedan a retirarse después de la transformación del proyecto en ley -ya que quienes lo hicieren antes tendrían un derecho adquirido- aquellos que ya alcanzaron la edad reglamentaria pero siguen en funciones se ven impulsados a acelerar la decisión de jubilarse: algunos, en rigor, ya lo han hecho.
El problema es que si todos quienes están en esta situación tomaran la misma actitud, se generaría una gran cantidad de vacantes, que el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, calculó en más de 150. Si se suman las ya existentes, luego de que el gobierno de Alberto Fernández retirara del Congreso los pliegos de postulantes que había enviado el de Mauricio Macri, serían entre 400 y 450 los puestos de jueces y fiscales sin cubrir. “La mitad de la Justicia Federal va a quedar vacía", advirtió para graficar la dimensión del problema.
Claro que mientras Lugones, un juez considerado cercano al kirchnerismo, considera esta posible derivación de la eventual transformación en ley del proyecto producto de un error o de una falta de previsión por parte del Ejecutivo, algunos integrantes de la oposición sostienen que en realidad es un efecto buscado. Esto es, que se está promoviendo la salida de la mayor parte de jueces y fiscales posible para tener, al margen de los problemas que ello pueda ocasionar en lo inmediato, la oportunidad de cubrir más vacantes con nombres afines a su mirada sobre cómo debería funcionar la Justicia, que como se sabe es un ámbito donde ha prometido impulsar reformas de magnitud. Reformas cuyos verdaderos alcances -y sus verdaderos propósitos- aún no se vislumbran, pero no pueden considerarse ajenos a la pretensión de mejorar o resolver la situación de los acusados de corrupción cercanos al oficialismo.
Es verdad que la existencia de jubilaciones de privilegio, independientemente del auténtico peso que pueda tener sobre la salud del sistema previsional y de las cuentas fiscales en general, resulta una inequidad evidente que irrita sobremanera a la población, tanto más cuando la imagen de la Justicia está probablemente en sus niveles históricos más bajos desde que se sondea a la opinión pública sobre el tema. Pero sería lamentable utilizar esta excusa con objetivos que no se relacionan con la búsqueda de eliminar desigualdades, y mucho menos con el mejor funcionamiento de la Justicia.
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Según se calcula, la modificación propuesta, que también se aplicaría al régimen vigente en el Servicio Exterior de la Nación, reduciría entre un treinta y un cuarenta por ciento el haber inicial de un juez o un fiscal al momento de pasar a revistar en la clase pasiva. Como se entiende que el cambio afectaría sólo a quienes procedan a retirarse después de la transformación del proyecto en ley -ya que quienes lo hicieren antes tendrían un derecho adquirido- aquellos que ya alcanzaron la edad reglamentaria pero siguen en funciones se ven impulsados a acelerar la decisión de jubilarse: algunos, en rigor, ya lo han hecho.
El problema es que si todos quienes están en esta situación tomaran la misma actitud, se generaría una gran cantidad de vacantes, que el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, calculó en más de 150. Si se suman las ya existentes, luego de que el gobierno de Alberto Fernández retirara del Congreso los pliegos de postulantes que había enviado el de Mauricio Macri, serían entre 400 y 450 los puestos de jueces y fiscales sin cubrir. “La mitad de la Justicia Federal va a quedar vacía", advirtió para graficar la dimensión del problema.
Claro que mientras Lugones, un juez considerado cercano al kirchnerismo, considera esta posible derivación de la eventual transformación en ley del proyecto producto de un error o de una falta de previsión por parte del Ejecutivo, algunos integrantes de la oposición sostienen que en realidad es un efecto buscado. Esto es, que se está promoviendo la salida de la mayor parte de jueces y fiscales posible para tener, al margen de los problemas que ello pueda ocasionar en lo inmediato, la oportunidad de cubrir más vacantes con nombres afines a su mirada sobre cómo debería funcionar la Justicia, que como se sabe es un ámbito donde ha prometido impulsar reformas de magnitud. Reformas cuyos verdaderos alcances -y sus verdaderos propósitos- aún no se vislumbran, pero no pueden considerarse ajenos a la pretensión de mejorar o resolver la situación de los acusados de corrupción cercanos al oficialismo.
Es verdad que la existencia de jubilaciones de privilegio, independientemente del auténtico peso que pueda tener sobre la salud del sistema previsional y de las cuentas fiscales en general, resulta una inequidad evidente que irrita sobremanera a la población, tanto más cuando la imagen de la Justicia está probablemente en sus niveles históricos más bajos desde que se sondea a la opinión pública sobre el tema. Pero sería lamentable utilizar esta excusa con objetivos que no se relacionan con la búsqueda de eliminar desigualdades, y mucho menos con el mejor funcionamiento de la Justicia.
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