Las sospechas de delincuencia sexual en la política
La irrupción del exgobernador tucumano José Alperovich como el más notorio de los acusados de una lista de imputados de crímenes sexuales en el ámbito de la política, que comenzó a escribirse un año atrás, constituye un desafío que pondrá a prueba la coherencia de quienes por ahora no han demostrado estar tan comprometidos con la problemática como pretenden.
La exposición pública del abuso sexual como un flagelo mucho más extendido y generalizado que lo que se creía hasta no hace mucho tiempo, a partir de la creciente tendencia a denunciar lo que antes se callaba, adquiere un sesgo particularmente sensible y escandaloso cuando se localiza en el ámbito de la política, donde un conjunto poco numeroso pero muy significativo de casos se ha añadido a los ya nutridos reproches que se le formulan a la actividad. En ese marco, la irrupción del exgobernador y senador tucumano José Alperovich como el más notorio de los acusados de una lista que comenzó a escribirse un año atrás constituye un desafío que pondrá a prueba la coherencia de quienes por ahora no han demostrado estar tan comprometidos con la problemática como pretenden.
La impactante carta de la sobrina y excolaboradora de Alperovich ha permitido recordar otros relatos recientes con los cuales se hermana a pesar de su diversidad, cuya difusión abrió expectativas que no se han visto cumplido. El que afectó al senador radical pampeano Marino fue sobreseído con una velocidad llamativa, aunque subsisten instancias de apelación, en tanto los de dos legisladores bonaerenses, uno de La Cámpora y otro del Pro, ambos con mucho peso en sus respectivas fuerzas políticas –el segundo incluso preside la Cámara de Diputados– han avanzado poco y nada, también luego de sobrevivir a intentos de pasarlos al archivo. Y más allá de algunos breves períodos de licencia, ninguno de los imputados ha dejado su banca.
Esos antecedentes, que transmiten la impresión de que no sólo la Justicia sino la propia clase política está dejando pasar el tiempo a la espera de que todo quede en el olvido –a pesar de que la contundencia de los testimonios y de los indicios es, al menos en los dos últimos casos, demoledora–, no pueden menos que estimular el pesimismo respecto de lo que puede ocurrir con el senador tucumano. Que es más poderoso e influyente que los demás presuntos violadores y acosadores, y nunca ha vacilado en usar su poder y su influencia en beneficio propio.
Desde luego, a Alperovich y a los demás les cabe, como a cualquier acusado de un delito, la aplicación del principio de presunción de inocencia, y ningún testimonio solitario, por creíble y convincente que resulte, puede bastar por sí solo para condenar a una persona. Pero basta recordar el tratamiento que dio a la periodista de su provincia en la entrevista que se volvió viral pocos meses atrás para hacerse una idea de su personalidad. Ese video no lo expone necesariamente como un violador, pero sí como alguien con ideas autoritarias y arcaicas sobre las relaciones entre hombres y mujeres, o entre personas con niveles de poder muy asimétricos, que lo predisponen no sólo al abuso sino a la convicción de que puede cometerlo con impunidad. La misma impunidad con que, por lo pronto, se apresuró en publicar el nombre de su denunciante.
Habrá que ver si gobernantes, legisladores, dirigentes políticos, que tan diligentes se muestran para promover políticas públicas, leyes y declaraciones contra la violencia de género y el abuso sexual, son capaces de hacer prevalecer sus supuestas convicciones cuando es uno de los suyos el que aparece como el villano contra el cual se alzan sus voces indignadas. O si, como ocurre casi siempre, subordinan sus posiciones a la ubicación del involucrado en el sistema de alianzas del que forman parte, suscribiendo la desgastada teoría de que es víctima de una “campaña de desprestigio” o cosa semejante.
La impactante carta de la sobrina y excolaboradora de Alperovich ha permitido recordar otros relatos recientes con los cuales se hermana a pesar de su diversidad, cuya difusión abrió expectativas que no se han visto cumplido. El que afectó al senador radical pampeano Marino fue sobreseído con una velocidad llamativa, aunque subsisten instancias de apelación, en tanto los de dos legisladores bonaerenses, uno de La Cámpora y otro del Pro, ambos con mucho peso en sus respectivas fuerzas políticas –el segundo incluso preside la Cámara de Diputados– han avanzado poco y nada, también luego de sobrevivir a intentos de pasarlos al archivo. Y más allá de algunos breves períodos de licencia, ninguno de los imputados ha dejado su banca.
Esos antecedentes, que transmiten la impresión de que no sólo la Justicia sino la propia clase política está dejando pasar el tiempo a la espera de que todo quede en el olvido –a pesar de que la contundencia de los testimonios y de los indicios es, al menos en los dos últimos casos, demoledora–, no pueden menos que estimular el pesimismo respecto de lo que puede ocurrir con el senador tucumano. Que es más poderoso e influyente que los demás presuntos violadores y acosadores, y nunca ha vacilado en usar su poder y su influencia en beneficio propio.
Desde luego, a Alperovich y a los demás les cabe, como a cualquier acusado de un delito, la aplicación del principio de presunción de inocencia, y ningún testimonio solitario, por creíble y convincente que resulte, puede bastar por sí solo para condenar a una persona. Pero basta recordar el tratamiento que dio a la periodista de su provincia en la entrevista que se volvió viral pocos meses atrás para hacerse una idea de su personalidad. Ese video no lo expone necesariamente como un violador, pero sí como alguien con ideas autoritarias y arcaicas sobre las relaciones entre hombres y mujeres, o entre personas con niveles de poder muy asimétricos, que lo predisponen no sólo al abuso sino a la convicción de que puede cometerlo con impunidad. La misma impunidad con que, por lo pronto, se apresuró en publicar el nombre de su denunciante.
Habrá que ver si gobernantes, legisladores, dirigentes políticos, que tan diligentes se muestran para promover políticas públicas, leyes y declaraciones contra la violencia de género y el abuso sexual, son capaces de hacer prevalecer sus supuestas convicciones cuando es uno de los suyos el que aparece como el villano contra el cual se alzan sus voces indignadas. O si, como ocurre casi siempre, subordinan sus posiciones a la ubicación del involucrado en el sistema de alianzas del que forman parte, suscribiendo la desgastada teoría de que es víctima de una “campaña de desprestigio” o cosa semejante.