Más de un año y medio después del hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las mayores tragedias náuticas que nuestro país ha debido lamentar en tiempos de paz, la comisión bicameral encargada de investigar el penoso episodio ha dado a conocer conclusiones que resumen la amplia variedad de falencias que precedieron al desdichado final. Más allá de los detalles técnicos, y aun cuando gran parte de la información reunida por los legisladores resulta sin duda ilustrativa en cuanto al estado de la nave y el posible desempeño de la tripulación, da la impresión de que la prevalencia de los intereses políticos de cada sector por sobre el esclarecimiento del luctuoso suceso empequeñece la tarea realizada y le quita la utilidad que podría haber tenido si la actitud de todos hubiera sido diferente.
El informe no llega a brindar una respuesta taxativa acerca de la naturaleza del accidente que enlutó al país en noviembre de 2017, una misión que en realidad está a cargo de la Justicia, con lo que cualquier observación sobre la marcha de la causa respectiva corresponde a otra esfera de análisis. Sí adjudica responsabilidades políticas, tanto a la conducción de la Armada como a la del Ministerio de Defensa, relacionadas por un lado con su comportamiento en los momentos previos y posteriores a la desaparición del submarino y por otro con las condiciones en que se encontraba éste en aquel momento.
En ese marco, se cuestiona al ministro Oscar Aguad y a los jefes militares por subestimar reportes de averías formulados previamente desde el ARA San Juan y se hace hincapié en que habían pasado 44 meses desde la última revisión general del submarino en dique seco, cuando ese procedimiento debe en teoría materializarse cada año y medio. Hay varios informes previos, de diciembre de 2016 y de febrero de 2017 por ejemplo, que mencionan falencias de diferente tipo, que deberían haber sido atendidas, independientemente de que no queda claro, al menos no con el grado de certeza exigible frente a lo delicado del asunto considerado, si alguna de ellas jugó un papel determinante en el hundimiento del navío.
En cualquier caso, el informe se basa en un dictamen mayoritario aprobado por ocho legisladores de la oposición, dado que los cuatro oficialistas votaron en disidencia y alumbraron en cambio un pronunciamiento que, entre otras cosas, descarta la responsabilidad de Aguad, que llevaba muy poco tiempo al frente de Defensa en aquel momento. En cambio, menciona la reparación de media vida del submarino, que demandó ocho años, entre 2007 y 2015, a lo largo de las gestiones de tres ministros de Defensa del kirchnerismo, y recuerda que "la falta de actividad” durante ese período “limitó la transmisión de la experiencia necesaria", lo que aumentó el riesgo de accidentes.
Seguramente tanto en el texto aprobado por la mayoría como en el de los disidentes pueden encontrarse elementos reveladores, pero resulta evidente que las diferencias entre las lecturas de unos y otros sobre los mismos datos disponibles no responden a disidencias legítimas en los respectivos puntos de vista, sino a posicionamientos políticos que nada tienen que ver con el accidente en sí mismo ni con sus causas. Como suele ocurrir en las investigaciones llevadas adelante por comisiones legislativas, sus aportes se ven limitados por el hecho de que sus integrantes no tienen la búsqueda de la verdad como prioridad única, una distorsión que inevitablemente se sospechará más pronunciada en tiempos preelectorales como los que se transitan.
En ese marco, se cuestiona al ministro Oscar Aguad y a los jefes militares por subestimar reportes de averías formulados previamente desde el ARA San Juan y se hace hincapié en que habían pasado 44 meses desde la última revisión general del submarino en dique seco, cuando ese procedimiento debe en teoría materializarse cada año y medio. Hay varios informes previos, de diciembre de 2016 y de febrero de 2017 por ejemplo, que mencionan falencias de diferente tipo, que deberían haber sido atendidas, independientemente de que no queda claro, al menos no con el grado de certeza exigible frente a lo delicado del asunto considerado, si alguna de ellas jugó un papel determinante en el hundimiento del navío.
En cualquier caso, el informe se basa en un dictamen mayoritario aprobado por ocho legisladores de la oposición, dado que los cuatro oficialistas votaron en disidencia y alumbraron en cambio un pronunciamiento que, entre otras cosas, descarta la responsabilidad de Aguad, que llevaba muy poco tiempo al frente de Defensa en aquel momento. En cambio, menciona la reparación de media vida del submarino, que demandó ocho años, entre 2007 y 2015, a lo largo de las gestiones de tres ministros de Defensa del kirchnerismo, y recuerda que "la falta de actividad” durante ese período “limitó la transmisión de la experiencia necesaria", lo que aumentó el riesgo de accidentes.
Seguramente tanto en el texto aprobado por la mayoría como en el de los disidentes pueden encontrarse elementos reveladores, pero resulta evidente que las diferencias entre las lecturas de unos y otros sobre los mismos datos disponibles no responden a disidencias legítimas en los respectivos puntos de vista, sino a posicionamientos políticos que nada tienen que ver con el accidente en sí mismo ni con sus causas. Como suele ocurrir en las investigaciones llevadas adelante por comisiones legislativas, sus aportes se ven limitados por el hecho de que sus integrantes no tienen la búsqueda de la verdad como prioridad única, una distorsión que inevitablemente se sospechará más pronunciada en tiempos preelectorales como los que se transitan.