Lo sorpresivo y lo previsible de la inflación de enero
Dejando de lado las suspicacias generadas por la circunstancia de que se trata de la primera medición de un mes completo de gobierno de Alberto Fernández, es preciso advertir que el hecho de que la inflación de enero haya resultado más baja que la anticipada por las consultoras privadas -y la sensación de los consumidores argentinos- no debería interpretarse como una señal de que las políticas oficiales en la materia están teniendo un éxito tan rutilante y significativo.
En un contexto en que la sensación general de la población es que el comportamiento de los precios es similar al que venía manifestando en los últimos meses del año pasado, el Indec señaló que la inflación de enero fue del 2,3 por ciento, casi un punto y medio por debajo de la de diciembre y sustancialmente menor, también, a las estimaciones de consultoras privadas, que calcularon en promedio un 3,5 por ciento. Dejando de lado las suspicacias generadas por la circunstancia de que se trata de la primera medición de un mes completo de gobierno de Alberto Fernández, es preciso advertir que el dato no debería interpretarse como una señal de que las políticas oficiales en la materia están teniendo un éxito tan rutilante y significativo.
Frente a la inevitable especulación de que las estadísticas oficiales van camino a convertirse, particularmente en materia de precios, en tan poco confiables como las que se difundieron entre 2007 y 2015, debe advertirse que no ha existido una intervención del tipo de la que produjo aquella adulteración sistemática, y más allá del cambio de titular en el Indec, el relevamiento ha sido técnicamente idéntico a los que venían realizándose. Las razones de la fuerte desaceleración reflejada por el índice informado el jueves y su distancia respecto de los demás cálculos -así como respecto de la percepción popular- deben buscarse en otra parte, particularmente en el desglose rubro por rubro de ese sorprendente 2,3 por ciento.
En ese sentido, lo más revelador es que la categoría alimentos y bebidas, clave como ninguna otra, aumentó 4,7 por ciento, es decir, más del doble del índice general. Algo congruente y esperable dada la aplicación de medidas como la restitución del IVA a los productos de la canasta básica que habían quedado exentos en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri, y demostrativo de que el optimismo oficial respecto de la eficacia del programa Precios Cuidados como herramienta para “frenar la inercia inflacionaria” es probablemente exagerado.
El impulso que normalmente le imprimen alimentos y bebidas a la inflación se vio en este caso morigerado por factores como el acuerdo con los laboratorios para retrotraer a principios de diciembre los precios de los medicamentos, el congelamiento tarifario y la relativa estabilidad de la cotización del dólar: es decir, una medida puntual y por única vez, otra de extensión incierta, que de mantenerse podría ocasionar más costos que beneficios, y la que ha sido por años la variable más imprevisible de la economía argentina. Y en cualquier caso, la contención del índice general no impidió que la inflación repercutiera con más fuerza precisamente en los sectores más vulnerables, aquellos que emplean la mayor parte de sus ingresos en comer.
El propio titular del Indec, Marco Lavagna, al atribuir la brecha entre los cálculos oficiales y los de las consultoras a la mayor extensión y sofisticación de los relevamientos del organismo que conduce, reconoció que probablemente en los próximos meses las cifras empiecen a converger. Un vaticinio que de cumplirse, en todo caso, despejaría cualquier sospecha sobre los procedimientos y la solvencia del Instituto, pero también confirmaría la persistencia de la inflación como un problema crónico que seguirá dando malas noticias por mucho tiempo más.
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Frente a la inevitable especulación de que las estadísticas oficiales van camino a convertirse, particularmente en materia de precios, en tan poco confiables como las que se difundieron entre 2007 y 2015, debe advertirse que no ha existido una intervención del tipo de la que produjo aquella adulteración sistemática, y más allá del cambio de titular en el Indec, el relevamiento ha sido técnicamente idéntico a los que venían realizándose. Las razones de la fuerte desaceleración reflejada por el índice informado el jueves y su distancia respecto de los demás cálculos -así como respecto de la percepción popular- deben buscarse en otra parte, particularmente en el desglose rubro por rubro de ese sorprendente 2,3 por ciento.
En ese sentido, lo más revelador es que la categoría alimentos y bebidas, clave como ninguna otra, aumentó 4,7 por ciento, es decir, más del doble del índice general. Algo congruente y esperable dada la aplicación de medidas como la restitución del IVA a los productos de la canasta básica que habían quedado exentos en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri, y demostrativo de que el optimismo oficial respecto de la eficacia del programa Precios Cuidados como herramienta para “frenar la inercia inflacionaria” es probablemente exagerado.
El impulso que normalmente le imprimen alimentos y bebidas a la inflación se vio en este caso morigerado por factores como el acuerdo con los laboratorios para retrotraer a principios de diciembre los precios de los medicamentos, el congelamiento tarifario y la relativa estabilidad de la cotización del dólar: es decir, una medida puntual y por única vez, otra de extensión incierta, que de mantenerse podría ocasionar más costos que beneficios, y la que ha sido por años la variable más imprevisible de la economía argentina. Y en cualquier caso, la contención del índice general no impidió que la inflación repercutiera con más fuerza precisamente en los sectores más vulnerables, aquellos que emplean la mayor parte de sus ingresos en comer.
El propio titular del Indec, Marco Lavagna, al atribuir la brecha entre los cálculos oficiales y los de las consultoras a la mayor extensión y sofisticación de los relevamientos del organismo que conduce, reconoció que probablemente en los próximos meses las cifras empiecen a converger. Un vaticinio que de cumplirse, en todo caso, despejaría cualquier sospecha sobre los procedimientos y la solvencia del Instituto, pero también confirmaría la persistencia de la inflación como un problema crónico que seguirá dando malas noticias por mucho tiempo más.
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