Los aumentos por suma fija para los jubilados
La confirmación de que los próximos ajustes en los haberes jubilatorios serán instrumentados mediante una suma fija ratifica la intención de concentrar el cuidado del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones exclusivamente en aquellas más bajas, de acuerdo con un criterio de justicia distributiva no exento de consecuencias negativas que por conocidas resultan sumamente previsibles.
Tal como se venía anticipando desde la suspensión del mecanismo de movilidad vigente en los últimos dos años, el gobierno nacional ha confirmado, a través de declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que los próximos ajustes en los haberes jubilatorios serán instrumentados mediante una suma fija, una estrategia que se aplicaría por primera vez con los de marzo. De este modo, se ratifica la intención de concentrar el cuidado del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones exclusivamente en aquellas más bajas, de acuerdo con un criterio de justicia distributiva no exento de consecuencias negativas que por conocidas resultan sumamente previsibles.
En diciembre, en el marco de una ley que paradójicamente apelaba a la “solidaridad”, el gobierno de Alberto Fernández suspendió la aplicación de un mecanismo de movilidad que habría garantizado una suba del 11,56 por ciento para todas las jubilaciones en el mes de marzo. Al aplicarlo mediante sumas fijas, se presume que los únicos haberes reforzados en un porcentaje similar -o acaso ligeramente superior- serán las mínimas, mientras el resto tendrá subas menores.
Este “achatamiento de la pirámide” es justificado por Cafiero como parte de una búsqueda de “equidad” con un argumento que en principio se presenta como cargado de racionalidad y justicia: “No puede haber jubilados con sueldos de 300 mil y otros de 14 mil”. Sin embargo, el problema acaso no sean los haberes máximos, que son relativamente pocos y probablemente queden al margen de la reforma por estar sostenidos por normativas especiales que garantizan derechos adquiridos -al menos, la experiencia indica que todos los intentos de acabar con las llamadas “jubilaciones de privilegio” tropiezan con obstáculos de esta naturaleza- sino con las de veinte o veinticinco mil pesos, que saldrían perdiendo si en un contexto de alta inflación se las reforzara con un sistema de sumas fijas.
Estas jubilaciones no son un poco más altas que las mínimas por algún tipo de gracia especial, sino porque sus beneficiarios realizaron sustanciales aportes durante largos años, por lo cual la “solidaridad con los que menos tienen” que no se les pide sino que se les impone no parece ser demasiado justa ni equitativa. Sobre todo si se toma en cuenta que, como todas las demás, han salido perdiendo en los últimos tiempos y, justamente cuando la fórmula aprobada en 2017 les habría permitido recuperar algo de terreno, se la suspende para reemplazarla por un mecanismo que les hará perder todavía más.
En ese marco, es previsible que muchos de quienes se sientan estafados acudan a la Justicia, donde, según también indica la experiencia, se les dará con toda probabilidad la razón. Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando los gobiernos que se sucedieron desde 2002 dispusieron aumentos sólo para las jubilaciones mínimas sin prestar atención al resto, un proceso que justamente desencadenó el fallo de la Corte Suprema que ordenaba establecer un mecanismo de actualización como el que ha sido suprimido. El resultado será una deuda enorme, pero del tipo que no preocupa a los gobiernos que la generan, listos para “patearla” hacia un futuro en el que quizá tampoco la cobrarán los acreedores sino sus herederos.
Comentá esta nota
Comentá esta nota
En diciembre, en el marco de una ley que paradójicamente apelaba a la “solidaridad”, el gobierno de Alberto Fernández suspendió la aplicación de un mecanismo de movilidad que habría garantizado una suba del 11,56 por ciento para todas las jubilaciones en el mes de marzo. Al aplicarlo mediante sumas fijas, se presume que los únicos haberes reforzados en un porcentaje similar -o acaso ligeramente superior- serán las mínimas, mientras el resto tendrá subas menores.
Este “achatamiento de la pirámide” es justificado por Cafiero como parte de una búsqueda de “equidad” con un argumento que en principio se presenta como cargado de racionalidad y justicia: “No puede haber jubilados con sueldos de 300 mil y otros de 14 mil”. Sin embargo, el problema acaso no sean los haberes máximos, que son relativamente pocos y probablemente queden al margen de la reforma por estar sostenidos por normativas especiales que garantizan derechos adquiridos -al menos, la experiencia indica que todos los intentos de acabar con las llamadas “jubilaciones de privilegio” tropiezan con obstáculos de esta naturaleza- sino con las de veinte o veinticinco mil pesos, que saldrían perdiendo si en un contexto de alta inflación se las reforzara con un sistema de sumas fijas.
Estas jubilaciones no son un poco más altas que las mínimas por algún tipo de gracia especial, sino porque sus beneficiarios realizaron sustanciales aportes durante largos años, por lo cual la “solidaridad con los que menos tienen” que no se les pide sino que se les impone no parece ser demasiado justa ni equitativa. Sobre todo si se toma en cuenta que, como todas las demás, han salido perdiendo en los últimos tiempos y, justamente cuando la fórmula aprobada en 2017 les habría permitido recuperar algo de terreno, se la suspende para reemplazarla por un mecanismo que les hará perder todavía más.
En ese marco, es previsible que muchos de quienes se sientan estafados acudan a la Justicia, donde, según también indica la experiencia, se les dará con toda probabilidad la razón. Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando los gobiernos que se sucedieron desde 2002 dispusieron aumentos sólo para las jubilaciones mínimas sin prestar atención al resto, un proceso que justamente desencadenó el fallo de la Corte Suprema que ordenaba establecer un mecanismo de actualización como el que ha sido suprimido. El resultado será una deuda enorme, pero del tipo que no preocupa a los gobiernos que la generan, listos para “patearla” hacia un futuro en el que quizá tampoco la cobrarán los acreedores sino sus herederos.
Noticias Relacionadas