Los debates necesitan mejores reglas de juego
La emisión televisiva de la noche del domingo ha confirmado la impresión de que con los debates obligatorios entre los candidatos a la Presidencia de la Nación se ha incorporado a los procesos preelectorales un instrumento valorable, apreciado por la ciudadanía, que, no obstante, deberá ser mejorado en el futuro para desplegar su potencialidad como aporte a la vida democrática argentina.
Con un desarrollo más intenso y animado que el que había tenido lugar una semana atrás, el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la Nación complementa una experiencia que más allá de cualquier consideración sobre su posible influencia en el voto de los ciudadanos ha terminado por ocupar un lugar significativo en la campaña electoral en curso. La emisión televisiva de la noche del domingo ha confirmado la impresión de que se ha incorporado un instrumento valorable que, no obstante, deberá ser mejorado en el futuro para desplegar su potencialidad como aporte a la vida democrática argentina.
Fuera de los juicios que puedan efectuarse sobre el desempeño de cualquiera de los participantes, es indudable que el reproche más generalizado apunta a un formato que desde el mismo momento en que se acordó entre los representantes de las fuerzas involucradas parecía atentar contra las posibilidades de generar un intercambio verdaderamente útil para contribuir a la decisión ciudadana. En rigor, se había advertido entonces que el acto no podría ser entendido como un auténtico debate, y a la luz de lo ocurrido queda claro que no fue una advertencia vana, en tanto lo que hubo fue una serie de exposiciones unilaterales que sólo esporádicamente llegaron a vincularse entre sí.
Se señaló, en particular, lo vana que resultó la participación de periodistas de renombre que en realidad no jugaron el papel de tales, ya que ni ellos ni el público tuvieron la posibilidad de interpelar a los expositores o ni siquiera de pedirles alguna aclaración o la profundización de un concepto, mucho menos la de cuestionarles algún dato dudoso o directamente falso. Y cuando quien lo hacía era otro candidato, siempre existía la posibilidad de responderle con el grado de ambigüedad que creyera conveniente, o de directamente ignorarlo si se entendía que intentar una respuesta tenía más costos que beneficios. Con el resultado de que a pesar de la categorización temática muchas veces prevaleciera la impresión de que cada uno hablaba de lo que creía oportuno, sin tomar nota de lo que decían los demás, salvo en casos puntuales en que encontraban la oportunidad de introducir una “chicana” pretendidamente punzante.
Ninguna de estas críticas debería, sin embargo, permitir que se objetara el instrumento en sí, cuya obligatoriedad, cabe recordarlo, fue consagrada por ley luego de un extenso reclamo de organizaciones políticas y sociales con o sin afiliación partidaria, frustradas por el hecho de que casi invariablemente el candidato que se veía más favorecido por las encuestas se negaba a debatir. Los relativamente altos niveles de audiencia registrados en los dos últimos domingos parecen indicar que la demanda no estaba circunscripta a estas entidades, y que el mayor compromiso de la sociedad con la vida institucional que estimulan justifica la realización de debates aun cuando su incidencia sobre los resultados no sea demasiado significativa.
Cabe esperar entonces que en las próximas discusiones sobre eventuales modificaciones en el régimen electoral, que probablemente involucrarán iniciativas para la derogación de las Paso o nuevas variantes para transparentar el financiamiento de la política, la obligatoriedad de los debates no sea cuestionada. Aun cuando sí resulta legítimo reclamar para el futuro reglas menos rígidas que las que en esta ocasión limitaron los beneficios que pueden ofrecer al fortalecimiento institucional y a la cultura cívica.
Fuera de los juicios que puedan efectuarse sobre el desempeño de cualquiera de los participantes, es indudable que el reproche más generalizado apunta a un formato que desde el mismo momento en que se acordó entre los representantes de las fuerzas involucradas parecía atentar contra las posibilidades de generar un intercambio verdaderamente útil para contribuir a la decisión ciudadana. En rigor, se había advertido entonces que el acto no podría ser entendido como un auténtico debate, y a la luz de lo ocurrido queda claro que no fue una advertencia vana, en tanto lo que hubo fue una serie de exposiciones unilaterales que sólo esporádicamente llegaron a vincularse entre sí.
Se señaló, en particular, lo vana que resultó la participación de periodistas de renombre que en realidad no jugaron el papel de tales, ya que ni ellos ni el público tuvieron la posibilidad de interpelar a los expositores o ni siquiera de pedirles alguna aclaración o la profundización de un concepto, mucho menos la de cuestionarles algún dato dudoso o directamente falso. Y cuando quien lo hacía era otro candidato, siempre existía la posibilidad de responderle con el grado de ambigüedad que creyera conveniente, o de directamente ignorarlo si se entendía que intentar una respuesta tenía más costos que beneficios. Con el resultado de que a pesar de la categorización temática muchas veces prevaleciera la impresión de que cada uno hablaba de lo que creía oportuno, sin tomar nota de lo que decían los demás, salvo en casos puntuales en que encontraban la oportunidad de introducir una “chicana” pretendidamente punzante.
Ninguna de estas críticas debería, sin embargo, permitir que se objetara el instrumento en sí, cuya obligatoriedad, cabe recordarlo, fue consagrada por ley luego de un extenso reclamo de organizaciones políticas y sociales con o sin afiliación partidaria, frustradas por el hecho de que casi invariablemente el candidato que se veía más favorecido por las encuestas se negaba a debatir. Los relativamente altos niveles de audiencia registrados en los dos últimos domingos parecen indicar que la demanda no estaba circunscripta a estas entidades, y que el mayor compromiso de la sociedad con la vida institucional que estimulan justifica la realización de debates aun cuando su incidencia sobre los resultados no sea demasiado significativa.
Cabe esperar entonces que en las próximas discusiones sobre eventuales modificaciones en el régimen electoral, que probablemente involucrarán iniciativas para la derogación de las Paso o nuevas variantes para transparentar el financiamiento de la política, la obligatoriedad de los debates no sea cuestionada. Aun cuando sí resulta legítimo reclamar para el futuro reglas menos rígidas que las que en esta ocasión limitaron los beneficios que pueden ofrecer al fortalecimiento institucional y a la cultura cívica.