En un país donde por razones históricas y culturales la influencia de la Iglesia católica excede la que puede ejercer sobre sus fieles, un encuentro como el de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, que acaba de comenzar en la ciudad bonaerense de Pilar, genera una expectativa que trasciende lo pastoral, relacionada con las posibles tomas de posición sobre aspectos de la realidad de inequívocas connotaciones políticas. En ese marco, el hecho de que la información oficial sobre los asuntos a tratar destaque especialmente que “los obispos seguirán trabajando en los criterios para la prevención de los delitos de abusos sexuales en la Iglesia, y profundizando las directivas de la Santa Sede, sobre todo para su aplicación en la Argentina” parece tomar nota tanto de la importancia de la problemática como de la insuficiencia del rigor con que ha sido enfrentada hasta ahora.
A esta altura, los relatos sobre el calvario sufrido por miles y miles de niños victimizados por quienes supuestamente los protegían o estaban en posición de ganarse su confianza y la de sus padres han sido difundidos con tal vastedad que aquella remanida excusa de que se trata de “casos aislados” se ha visto arrasada por la verdad de los hechos. Y la Iglesia, sobre todo a partir del papado de Benedicto XVI, ha terminado por asumir la responsabilidad de lo ocurrido de manera explícita y se ha comprometido a actuar en consecuencia, tanto para evitar esas conductas por parte de sus miembros como para contribuir a que sean castigados como corresponde.
Sin embargo, ese cambio de actitud en la cúpula -visible aun cuando no a todos les parezca suficiente- debería tener un correlato a todo lo largo de las estructuras eclesiásticas que en la Argentina no da la impresión de haberse producido en la medida en que sería necesario. De ello da cuenta el periódico estallido de escándalos que en algunos casos dan cuenta de episodios ocurridos décadas atrás, pero que son todavía hoy objeto de maniobras para silenciarlos, y en otros se refieren a experiencias actuales que de acuerdo con las nuevas directivas deberían haberse erradicado.
Se trata de casos en los que, por ejemplo, no sólo no se advierte la cooperación de las autoridades eclesiásticas con la Justicia civil para que sea esta la que investigue los presuntos abusos, sino que el supuesto responsable es trasladado para acallar el escándalo y es, muchas veces, reubicado en un lugar donde tiene la oportunidad de reproducir las mismas conductas que lo llevaron allí. Es decir, exactamente el modus operandi puesto al desnudo a principios de siglo por la célebre investigación del diario estadounidense Boston Globe que inspiró la película Spotlight, que el propio Vaticano aplaudió en su momento entre sus tantos pedidos de perdón.
Es preciso transmitir con claridad, porque todavía parece no haber llegado a todos los integrantes de la Iglesia, la idea de que los abusos sexuales deben ser entendidos no solamente como un pecado, y tratados mediante la oración y la penitencia, sino como un delito abominable luego del cual, en todo caso, sus autores tendrían que ir a rezar a la cárcel. Cabe esperar que durante esta semana los obispos logren avanzar en este sentido, algo que sólo podría redundar en beneficio de la institución de la que forman parte y de la sociedad a la que prestan un servicio que no debería ser opacado por el encubrimiento a quienes son indignos de pertenecer a ella.
Sin embargo, ese cambio de actitud en la cúpula -visible aun cuando no a todos les parezca suficiente- debería tener un correlato a todo lo largo de las estructuras eclesiásticas que en la Argentina no da la impresión de haberse producido en la medida en que sería necesario. De ello da cuenta el periódico estallido de escándalos que en algunos casos dan cuenta de episodios ocurridos décadas atrás, pero que son todavía hoy objeto de maniobras para silenciarlos, y en otros se refieren a experiencias actuales que de acuerdo con las nuevas directivas deberían haberse erradicado.
Se trata de casos en los que, por ejemplo, no sólo no se advierte la cooperación de las autoridades eclesiásticas con la Justicia civil para que sea esta la que investigue los presuntos abusos, sino que el supuesto responsable es trasladado para acallar el escándalo y es, muchas veces, reubicado en un lugar donde tiene la oportunidad de reproducir las mismas conductas que lo llevaron allí. Es decir, exactamente el modus operandi puesto al desnudo a principios de siglo por la célebre investigación del diario estadounidense Boston Globe que inspiró la película Spotlight, que el propio Vaticano aplaudió en su momento entre sus tantos pedidos de perdón.
Es preciso transmitir con claridad, porque todavía parece no haber llegado a todos los integrantes de la Iglesia, la idea de que los abusos sexuales deben ser entendidos no solamente como un pecado, y tratados mediante la oración y la penitencia, sino como un delito abominable luego del cual, en todo caso, sus autores tendrían que ir a rezar a la cárcel. Cabe esperar que durante esta semana los obispos logren avanzar en este sentido, algo que sólo podría redundar en beneficio de la institución de la que forman parte y de la sociedad a la que prestan un servicio que no debería ser opacado por el encubrimiento a quienes son indignos de pertenecer a ella.