Los “operadores” en la mira del presidente electo
La advertencia del presidente electo Alberto Fernández de que con su llegada al poder “se van a acabar los operadores mediáticos y judiciales” trasciende largamente una aclaración o una desmentida a una información que cree incorrecta o distorsionada, para tomar la forma de una amenaza que no se dirige únicamente al profesional responsable de la nota que cuestiona sino a toda la actividad periodística.
En la misma mañana en la que su compañera de fórmula iba a utilizar su declaración en un juicio oral y público que la tiene como acusada para dirigir una de sus habituales invectivas contra la justicia y la prensa, en la que como siempre la victimización reemplazó cualquier intento de responder a las imputaciones concretas, el presidente electo Alberto Fernández volvió a asociarse estrechamente a esa línea argumental con su reacción por las redes sociales a un artículo periodístico que acababa de publicarse. La advertencia de que con su llegada al poder “se van a acabar los operadores mediáticos y judiciales” trasciende largamente una aclaración o una desmentida a una información que cree incorrecta o distorsionada, para tomar la forma de una amenaza que no se dirige únicamente al profesional responsable sino a toda la actividad.
El estallido surgió tras una nota publicada por el diario La Nación con la firma del periodista Hugo Alconada Mon, acerca de las demoras en que incurrió una causa judicial que estaba a punto de elevarse a juicio -la de las “facturas truchas” empleadas por empresas de Lázaro Báez, radicada en el Juzgado federal de Bahía Blanca- a partir de la intervención de un abogado que integra la misma cátedra de Fernández en la Universidad de Buenos Aires. Eso fue interpretado como una “difamación hecha invocando hacer periodismo” que el próximo ocupante de la Casa Rosada no está dispuesto a “soportar en silencio”.
Sin duda, se entiende la molestia de Fernández en tanto la nota, aunque no lo acusa directamente de tráfico de influencias, deja flotando la impresión de que indirectamente es su propia participación la que procura influir en uno de los tantos procesos que comprometen a las administraciones de las que formó parte entre 2003 y 2008. Sin embargo, debe enfatizarse que todo lo expresado en la nota efectivamente ocurrió, y no es culpa del periodista ni del medio que los hechos por sí solos conduzcan a esa sospecha. Si no se sostiene taxativamente que Fernández hizo algo delictivo o indebido, no puede haber ninguna “difamación”.
También es pertinente recordar que Alconada Mon es un periodista de sólida trayectoria y con reputación de riguroso, en cuyo currículum, inclusive, figura la denuncia original de los “Panamá Papers” que tan mal parado dejó al presidente Mauricio Macri; y en cuanto al medio, queda claro que un determinado posicionamiento ideológico no autoriza la descalificación automática de cualquier información que publique como una “operación”. Mucho menos cuando, como queda dicho, no sólo no contiene un solo dato falso o dudoso, sino que hasta incluye la desmentida de ser parte de una maniobra de tráfico de influencias del propio abogado involucrado, que también fue consultado antes de la publicación.
“Sabelo, Alconada”, concluye el tuit de Fernández luego de advertir que no está dispuesto a tolerar “operadores”. El problema es lo que el tono sugiere: para él, la definición de “operador” estaría incluyendo a cualquiera, periodista, integrante del poder judicial, político o lo que sea, que no actúe como él cree que debería hacerlo. Un criterio del tipo “todo el que no está conmigo es mi enemigo”, muy propio de quien será su vicepresidenta, de quien él mismo ha procurado diferenciarse en este aspecto específico, y cuya irrupción ahora que ya no necesita convencer a los indecisos resulta sumamente inquietante.
El estallido surgió tras una nota publicada por el diario La Nación con la firma del periodista Hugo Alconada Mon, acerca de las demoras en que incurrió una causa judicial que estaba a punto de elevarse a juicio -la de las “facturas truchas” empleadas por empresas de Lázaro Báez, radicada en el Juzgado federal de Bahía Blanca- a partir de la intervención de un abogado que integra la misma cátedra de Fernández en la Universidad de Buenos Aires. Eso fue interpretado como una “difamación hecha invocando hacer periodismo” que el próximo ocupante de la Casa Rosada no está dispuesto a “soportar en silencio”.
Sin duda, se entiende la molestia de Fernández en tanto la nota, aunque no lo acusa directamente de tráfico de influencias, deja flotando la impresión de que indirectamente es su propia participación la que procura influir en uno de los tantos procesos que comprometen a las administraciones de las que formó parte entre 2003 y 2008. Sin embargo, debe enfatizarse que todo lo expresado en la nota efectivamente ocurrió, y no es culpa del periodista ni del medio que los hechos por sí solos conduzcan a esa sospecha. Si no se sostiene taxativamente que Fernández hizo algo delictivo o indebido, no puede haber ninguna “difamación”.
También es pertinente recordar que Alconada Mon es un periodista de sólida trayectoria y con reputación de riguroso, en cuyo currículum, inclusive, figura la denuncia original de los “Panamá Papers” que tan mal parado dejó al presidente Mauricio Macri; y en cuanto al medio, queda claro que un determinado posicionamiento ideológico no autoriza la descalificación automática de cualquier información que publique como una “operación”. Mucho menos cuando, como queda dicho, no sólo no contiene un solo dato falso o dudoso, sino que hasta incluye la desmentida de ser parte de una maniobra de tráfico de influencias del propio abogado involucrado, que también fue consultado antes de la publicación.
“Sabelo, Alconada”, concluye el tuit de Fernández luego de advertir que no está dispuesto a tolerar “operadores”. El problema es lo que el tono sugiere: para él, la definición de “operador” estaría incluyendo a cualquiera, periodista, integrante del poder judicial, político o lo que sea, que no actúe como él cree que debería hacerlo. Un criterio del tipo “todo el que no está conmigo es mi enemigo”, muy propio de quien será su vicepresidenta, de quien él mismo ha procurado diferenciarse en este aspecto específico, y cuya irrupción ahora que ya no necesita convencer a los indecisos resulta sumamente inquietante.