Menores y delito, un debate empantanado
Tanto si es necesaria una investigación penal para esclarecer la autoría mediata como si se requiere un tratamiento médico o psiquiátrico, la respuesta de la Justicia al incidente en que un adolescente de 13 años apuñaló a un policía en una comisaría nunca debería haber sido la de colocar al menor bajo la custodia del tío con el cual ha estado conviviendo hasta ahora, lo que implica devolverlo al ambiente que sirvió de caldo de cultivo al comportamiento antisocial en el que incurrió.
La insólita incursión de un adolescente de 13 años en una comisaría, donde apuñaló a un efectivo y amenazó a otros antes de ser reducido mediante un disparo en una pierna, vuelve a poner en evidencia la falta de respuestas institucionales apropiadas frente a la problemática de los menores que cometen delitos, en especial cuando lo hacen en un contexto de violencia extrema. Esta histórica falencia queda expuesta no solamente por el episodio en sí, sino, sobre todo, por la manera en que fue resuelto provisoriamente desde la Justicia, que como siempre no puede considerarse satisfactoria independientemente del punto de vista a partir del cual se realice la evaluación.
Según trascendió y al parecer quedó registrado en un celular, el agresor declaró ante los compañeros de su víctima que había sido enviado “a matar policías”, lo que remitió a una clase de actividad criminal de la que se viene hablando desde hace años, e incluso fue motivo de reformas legislativas que la contemplaran: aquella en que los menores son utilizados por adultos que los manipulan para cometer delitos de todo tipo aprovechando su condición de inimputables. De quedar confirmada esta hipótesis, la imputación por el homicidio en grado de tentativa podría recaer sobre quien envió al chico, siempre y cuando la condición de instigador pudiera demostrarse.
Sin embargo, también se ha formulado la teoría de que el adolescente podría padecer alguna enfermedad mental, sugerida por algunos testimonios sobre su conducta errática previa y la propia resistencia a detenerse que ofreció hasta recibir un balazo. En estos casos la especulación sobre el uso de drogas está siempre a mano, más allá de que el comportamiento sería inusual por lo extremo incluso frente a una eventualidad como esa.
Pero en cualquier caso, tanto si es necesaria una investigación penal para esclarecer la autoría mediata como si se requiere un tratamiento médico o psiquiátrico, la respuesta de la Justicia nunca debería haber sido la de colocar al menor bajo la custodia del tío con el cual ha estado conviviendo hasta ahora. Esto es una verdadera invitación para que una vez recuperado del disparo que recibió vuelva a incurrir en comportamientos equivalentes o similares a aquel en que incurrió, con el consiguiente peligro gravísimo no sólo para la policía, sino para cualquiera que se cruce en su camino y para sí mismo.
Durante años la sociedad argentina ha asistido a debates en torno de qué hacer frente a los menores “en conflicto con la ley penal”, respecto de lo cual las recurrentes propuestas de bajar la edad de imputabilidad confrontan con advertencias sobre la necesidad de compatibilizar cualquier cambio normativo con las obligaciones internacionales del país respecto de los derechos del niño. Pero el resultado es una parálisis que reproduce el absurdo de volver a colocar al involucrado en el mismo ambiente que sirvió como caldo de cultivo para convertirlo en lo que es, y prácticamente lo condena a seguir el camino que lo conduce fatalmente a un final desgraciado. Un criterio irracional que hasta ahora viene garantizando la permanencia indefinida de esta problemática en la agenda pública, por muchas iniciativas, oportunistas o bienintencionadas, que se generen para corregirla.
Según trascendió y al parecer quedó registrado en un celular, el agresor declaró ante los compañeros de su víctima que había sido enviado “a matar policías”, lo que remitió a una clase de actividad criminal de la que se viene hablando desde hace años, e incluso fue motivo de reformas legislativas que la contemplaran: aquella en que los menores son utilizados por adultos que los manipulan para cometer delitos de todo tipo aprovechando su condición de inimputables. De quedar confirmada esta hipótesis, la imputación por el homicidio en grado de tentativa podría recaer sobre quien envió al chico, siempre y cuando la condición de instigador pudiera demostrarse.
Sin embargo, también se ha formulado la teoría de que el adolescente podría padecer alguna enfermedad mental, sugerida por algunos testimonios sobre su conducta errática previa y la propia resistencia a detenerse que ofreció hasta recibir un balazo. En estos casos la especulación sobre el uso de drogas está siempre a mano, más allá de que el comportamiento sería inusual por lo extremo incluso frente a una eventualidad como esa.
Pero en cualquier caso, tanto si es necesaria una investigación penal para esclarecer la autoría mediata como si se requiere un tratamiento médico o psiquiátrico, la respuesta de la Justicia nunca debería haber sido la de colocar al menor bajo la custodia del tío con el cual ha estado conviviendo hasta ahora. Esto es una verdadera invitación para que una vez recuperado del disparo que recibió vuelva a incurrir en comportamientos equivalentes o similares a aquel en que incurrió, con el consiguiente peligro gravísimo no sólo para la policía, sino para cualquiera que se cruce en su camino y para sí mismo.
Durante años la sociedad argentina ha asistido a debates en torno de qué hacer frente a los menores “en conflicto con la ley penal”, respecto de lo cual las recurrentes propuestas de bajar la edad de imputabilidad confrontan con advertencias sobre la necesidad de compatibilizar cualquier cambio normativo con las obligaciones internacionales del país respecto de los derechos del niño. Pero el resultado es una parálisis que reproduce el absurdo de volver a colocar al involucrado en el mismo ambiente que sirvió como caldo de cultivo para convertirlo en lo que es, y prácticamente lo condena a seguir el camino que lo conduce fatalmente a un final desgraciado. Un criterio irracional que hasta ahora viene garantizando la permanencia indefinida de esta problemática en la agenda pública, por muchas iniciativas, oportunistas o bienintencionadas, que se generen para corregirla.