El fallo de una corte de apelaciones de Nueva York que le da la razón a un estudio de abogados que se encuentra litigando contra la Argentina en relación con la reestatización de YPF transmite la sensación de que una pesadilla que se creía finalizada en realidad mantiene su vigencia. Más allá de la complejidad de los detalles legales, en particular del conflicto jurisdiccional que todavía no ha terminado de resolverse, la decisión del tribunal ha vuelto a traer al primer plano uno más de los lamentables legados de los impresentables negocios promovidos por las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner a costa del erario público.
Aunque la demanda se basa en el presunto incumplimiento del estatuto de YPF en que habría incurrido en Estado argentino en el acto en el que adquirió la mayoría de la compañía, entonces en poder de la española Repsol, en realidad se origina en una operación previa, la “nacionalización” parcial de la compañía a través de la transferencia de un paquete de acciones al grupo Esquenazi, estrechamente vinculado con Néstor Kirchner. En su momento esta venta generó muchas críticas porque se financiaba con las propias ganancias de la empresa -es decir, los compradores no ponían dinero-, con lo cual no se podían reinvertir.
La estatización posterior impidió que el grupo Esquenazi pudiera completar el pago, con lo cual perdió el paquete minoritario en cuestión -que, conviene insistir en ello, no le había costado nada-, luego de lo cual vendió los derechos al estudio de abogados que ahora reclama una suma calculada en 3 mil millones de dólares. Por increíble que parezca, no se trata de una pretensión totalmente infundada, porque el estatuto de YPF puntualiza que si alguien compra la mayor parte de la compañía está obligado a realizar una oferta por la totalidad, lo que el Estado argentino no hizo.
Puntualmente, lo que hace el fallo de la semana pasada es avalar la pretensión de los demandantes de que el juicio se lleve adelante en los Estados Unidos, en contra de la posición argentina de que se desarrolle en nuestro país. La pulseada tiene todavía otras instancias que debe atravesar, e incluye el intento de que el propio gobierno de Donald Trump tome partido por el de Mauricio Macri, pero en principio existe una aceleración del proceso que opera en detrimento de los intereses del demandado.
En cualquier caso, se está ante el riesgo de tener que afrontar un pago multimillonario debido a una maniobra claramente irregular de quienes acostumbraban a incidir en el manejo de los recursos privados como si fueran del Estado, y a manejar los del Estado como si fueran propios. Por desaprensión o -como resulta legítimo sospechar teniendo en cuenta la reputación de los autores- por tratar de sacar algún beneficio para la familia, la probabilidad de que se materialice un importante daño al patrimonio público resulta muy alta, sin que se advierta en los responsables la menor intención de dar explicaciones.
La estatización posterior impidió que el grupo Esquenazi pudiera completar el pago, con lo cual perdió el paquete minoritario en cuestión -que, conviene insistir en ello, no le había costado nada-, luego de lo cual vendió los derechos al estudio de abogados que ahora reclama una suma calculada en 3 mil millones de dólares. Por increíble que parezca, no se trata de una pretensión totalmente infundada, porque el estatuto de YPF puntualiza que si alguien compra la mayor parte de la compañía está obligado a realizar una oferta por la totalidad, lo que el Estado argentino no hizo.
Puntualmente, lo que hace el fallo de la semana pasada es avalar la pretensión de los demandantes de que el juicio se lleve adelante en los Estados Unidos, en contra de la posición argentina de que se desarrolle en nuestro país. La pulseada tiene todavía otras instancias que debe atravesar, e incluye el intento de que el propio gobierno de Donald Trump tome partido por el de Mauricio Macri, pero en principio existe una aceleración del proceso que opera en detrimento de los intereses del demandado.
En cualquier caso, se está ante el riesgo de tener que afrontar un pago multimillonario debido a una maniobra claramente irregular de quienes acostumbraban a incidir en el manejo de los recursos privados como si fueran del Estado, y a manejar los del Estado como si fueran propios. Por desaprensión o -como resulta legítimo sospechar teniendo en cuenta la reputación de los autores- por tratar de sacar algún beneficio para la familia, la probabilidad de que se materialice un importante daño al patrimonio público resulta muy alta, sin que se advierta en los responsables la menor intención de dar explicaciones.