Otro parche sin futuro para el sistema previsional

Tal como se descontaba que ocurriría luego de la suspensión de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios vigente hasta diciembre pasado, el aumento dispuesto por el gobierno nacional en su reemplazo se instrumentó de tal forma de cuidar el poder adquisitivo de quienes cobran la mínima, mientras el del resto se verá perjudicado en un nivel creciente mientras más altos sean sus ingresos. De tal forma, se vuelve a imponer para el área un criterio discutible desde el punto de vista de la justicia social, por más que ese sea el argumento bajo el cual se lo pretende justificar, y que al tiempo que garantiza la exacerbación de problemas crónicos de judicialización, sigue sin ofrecer soluciones de fondo en términos de sustentabilidad del sistema.



Aun cuando redireccionar los recursos de forma de priorizar la situación de los más desfavorecidos es una línea de gestión que puede ser defendida con argumentos sólidos y convincentes, no queda libre de cuestionamientos que no pueden ser tachados de insensibles o carentes de lógica. Los que recibirán un aumento inferior al que les habría concedido la aplicación de la fórmula suspendida perciben haberes en la mayoría de los casos modestos, luego de haber aportado por décadas a un sistema que ahora los posterga para atender a quienes aportaron poco o nada y se sumaron a alguna moratoria concedida sin prestar debida atención a su financiamiento a largo plazo.



No es la primera vez que se actúa de esta manera. La política de “achatar la pirámide” por diferentes vías ha impulsado a cientos de miles de jubilados a acudir a la Justicia, que casi invariablemente termina por darles la razón, reacia a aceptar argumentos como la emergencia o la insuficiencia de fondos. Estrategias como presentar constantes apelaciones hasta llevar todos los expedientes hasta la Corte Suprema aun conociendo de antemano el resultado final adverso, o demorar por años el pago de sentencias firmes, son muestras de la ignominia de un Estado que se comporta como un estafador que burla las leyes dictadas por él mismo.



El establecimiento de una fórmula de actualización –ordenada por un fallo de la Corte­ después de años de “achatamiento” sistemático– estaba supuestamente orientado a brindar una solución permanente, pero demostró la misma precariedad, y sobre todo la misma falta de previsión, que todas las líneas de acción que se toman para el sector previsional. La reforma de principios de 2018, sancionada por un Congreso sitiado en medio de la violencia y el vandalismo, porque suponía un feroz ajuste a costa de los ingresos de los jubilados, es menos de dos años después definida como impagable por los mismos que entonces pretendían defender la anterior, obviamente mucho más onerosa para las cuentas fiscales.



Pero más allá de ello, es todo el proceso de los últimos años, desde la fugaz instauración de un sistema de capitalización imposible de financiar en los 90, la incorporación de millones de beneficiarios sin aportes la década siguiente y la reciente “reparación histórica”, que agregó enormes obligaciones sin sumar recursos equivalentes, el que resume claramente la falta de responsabilidad con que la dirigencia política ha abordado históricamente esta delicada problemática. No parece en este momento haber en las medidas para el área ni en el discurso oficial motivos para esperar algo diferente.

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