Severa pero tardía condena contra sacerdotes pedófilos
Más allá del espanto frente a la evidencia de comportamientos tan perversos y miserables como para aprovecharse de la especial condición de vulnerabilidad de las víctimas, el caso del Instituto Provolo se erige en ejemplo perfecto del tipo de estrategia mediante la cual la Iglesia no sólo se encargó por años de garantizar la impunidad de los criminales albergados en su seno, sino que se aseguró de que muchos de ellos siempre tuvieran nuevas potenciales víctimas a su alcance.
Con las inusualmente duras condenas contra tres de los acusados por los abusos sexuales en el Instituto Provolo, de Mendoza, concluye otra etapa de un proceso que bien podría ser considerado el más horroroso en su tipo de los registrados en la Argentina. Más allá del espanto frente a la evidencia de comportamientos tan perversos y miserables como para aprovecharse de la especial condición de vulnerabilidad de las víctimas, el caso se erige en ejemplo perfecto del tipo de estrategia mediante la cual la Iglesia no sólo se encargó por años de garantizar la impunidad de los criminales albergados en su seno, sino que se aseguró de que muchos de ellos siempre tuvieran nuevas potenciales víctimas a su alcance.
En rigor, por terribles que sean los testimonios escuchados durante el juicio, muchos de los cuales ya eran conocidos, es probable que lo más indignante surja de las reseñas históricas sobre los antecedentes del caso, que se remontan tan atrás como la década del ‘50 del siglo pasado. De entonces datan las primeras denuncias de abusos en el Instituto Provolo, por entonces radicadas en su sede central, que está en Verona, Italia. Y también los primeros traslados a otras jurisdicciones, dado que la obra para la atención de niños hipoacúsicos se extendía por todo el mundo.
De hecho, uno de los condenados ayer a más de cuarenta años de cárcel, Nicola Corradi, llegó a la Argentina como parte de un grupo de sacerdotes sacados de Italia luego de que trascendieran denuncias de abusos en los años ‘70 y la respuesta de las autoridades eclesiásticas a la sospecha en su contra fue ponerlo a cargo del Instituto Provolo de La Plata. Donde, por supuesto, el ciclo se reprodujo, incluida la “solución” ideada por la Iglesia: un nuevo traslado, esta vez a Luján de Cuyo, materializado en 1998.
Los antecedentes conocidos de Corradi -cuya historia, en realidad, se parece a la de innumerables curas abusadores, tal como desentrañó la investigación del diario Boston Globe recreada poco tiempo atrás en la película ganadora del Oscar “Spotlight”- revelan que la Iglesia disponía de todos los elementos necesarios para anticipar cómo iba a actuar este depredador sexual, pese a lo cual lo proveyó de nuevas víctimas. Para más, ni el Arzobispado de La Plata creyó necesario informar al de Mendoza acerca del enviado, ni a los receptores se les ocurrió preguntar al respecto. Como si el encubrimiento no fuera suficientemente grave, no se lo ejerció con el mínimo recaudo de alejar al abusador de los niños, por ejemplo internándolo en un convento, sino prestándole un terreno fértil para seguir desplegando su conducta atroz.
A ello se agrega que la mayoría de los casos ventilados en el juicio ocurrieron en los últimos años, cuando las denuncias de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia ya proliferaban y desde el Vaticano se había comenzado con los pedidos de disculpas, se había renegado del mecanismo de trasladar a los acusados y supuestamente se intentaba ejercer algún tipo de control. Todo tan tardío como la propia condena a Corradi, que, con 83 años y en silla de ruedas, difícilmente vaya a pasar un solo día en una cárcel.
En rigor, por terribles que sean los testimonios escuchados durante el juicio, muchos de los cuales ya eran conocidos, es probable que lo más indignante surja de las reseñas históricas sobre los antecedentes del caso, que se remontan tan atrás como la década del ‘50 del siglo pasado. De entonces datan las primeras denuncias de abusos en el Instituto Provolo, por entonces radicadas en su sede central, que está en Verona, Italia. Y también los primeros traslados a otras jurisdicciones, dado que la obra para la atención de niños hipoacúsicos se extendía por todo el mundo.
De hecho, uno de los condenados ayer a más de cuarenta años de cárcel, Nicola Corradi, llegó a la Argentina como parte de un grupo de sacerdotes sacados de Italia luego de que trascendieran denuncias de abusos en los años ‘70 y la respuesta de las autoridades eclesiásticas a la sospecha en su contra fue ponerlo a cargo del Instituto Provolo de La Plata. Donde, por supuesto, el ciclo se reprodujo, incluida la “solución” ideada por la Iglesia: un nuevo traslado, esta vez a Luján de Cuyo, materializado en 1998.
Los antecedentes conocidos de Corradi -cuya historia, en realidad, se parece a la de innumerables curas abusadores, tal como desentrañó la investigación del diario Boston Globe recreada poco tiempo atrás en la película ganadora del Oscar “Spotlight”- revelan que la Iglesia disponía de todos los elementos necesarios para anticipar cómo iba a actuar este depredador sexual, pese a lo cual lo proveyó de nuevas víctimas. Para más, ni el Arzobispado de La Plata creyó necesario informar al de Mendoza acerca del enviado, ni a los receptores se les ocurrió preguntar al respecto. Como si el encubrimiento no fuera suficientemente grave, no se lo ejerció con el mínimo recaudo de alejar al abusador de los niños, por ejemplo internándolo en un convento, sino prestándole un terreno fértil para seguir desplegando su conducta atroz.
A ello se agrega que la mayoría de los casos ventilados en el juicio ocurrieron en los últimos años, cuando las denuncias de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia ya proliferaban y desde el Vaticano se había comenzado con los pedidos de disculpas, se había renegado del mecanismo de trasladar a los acusados y supuestamente se intentaba ejercer algún tipo de control. Todo tan tardío como la propia condena a Corradi, que, con 83 años y en silla de ruedas, difícilmente vaya a pasar un solo día en una cárcel.