Mientras se conocen resoluciones judiciales que dan cuenta de un tratamiento de singular dureza contra responsables de accidentes de tránsito de consecuencias fatales, como las prisiones preventivas del músico conocido como El Pepo y el periodista Eugenio Veppo, el último incluso bajo la imputación de homicidio doloso, no puede dejar de resultar desconcertante la coincidente información sobre una condena acordada que no incluye una permanencia en la cárcel, cuando algunas de las circunstancias parecían augurar ese desenlace. En ese marco, vuelve a cobrar relevancia el debate sobre la ley que sanciona a los llamados “asesinos al volante”, que aunque se ha modificado en tiempos recientes aún permite resoluciones que dejan un amargo sabor de impunidad.
En principio, si bien cada episodio tiene lógicamente sus particularidades, no da la impresión de que lleguen a justificar la utilización de parámetros tan alejados para medirlos. Así surgen las lógicas suspicacias que atribuyen las diferencias a los grados de exposición mediática -nacional en los dos primeros casos, local en el otro- o, peor todavía, a las distancias entre el victimario y la víctima en términos de condición social o capacidad económica. Especulaciones que acaso no puedan probarse, pero hieren la credibilidad de la institución judicial, que no debería guiarse por razones extrajudiciales para “darle a cada uno lo suyo”.
En ese marco resulta pertinente prestar atención a la campaña liderada por Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, en la que solicita aumentar la pena mínima en casos de crímenes en accidentes viales, que ahora es tres años en suspenso y excarcelable. La mujer, madre de un adolescente que murió años atrás atropellado por un conductor irresponsable, ya reunió unas 70 mil firmas en la plataforma change.org para exigir que "ningún condenado por ocasionar muertes donde hay agravantes como la droga, el alcohol o la fuga del lugar del hecho pueda ser beneficiado con la libertad".
Los argumentos de Perrone trascienden cualquier caso puntual: "La cantidad de muertos y lesionados en la Argentina por hechos viales es tan grande que equivaldría a que se caiga un avión cada tres días”. La comparación impacta porque si algo semejante ocurriera la seguridad aérea sería un tema prioritario y la política tomaría cartas en el asunto de inmediato, mientras la inseguridad vial está tan naturalizada que incluso los hechos más impactantes se diluyen sin dejar huella.
No se trata de discutir si una pena de tres años en suspenso se ajusta o no a derecho cuando existen agravantes asociados a una conducta desaprensiva y a una imperdonable falta de conciencia acerca del valor de la vida humana. Sí de evitar que la sanción de casos semejantes quede al arbitrio de un sistema que a veces da la sensación de padecer ese mismo desapego que se reprocha a quienes terminan por utilizar un vehículo como un arma letal.
En ese marco resulta pertinente prestar atención a la campaña liderada por Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, en la que solicita aumentar la pena mínima en casos de crímenes en accidentes viales, que ahora es tres años en suspenso y excarcelable. La mujer, madre de un adolescente que murió años atrás atropellado por un conductor irresponsable, ya reunió unas 70 mil firmas en la plataforma change.org para exigir que "ningún condenado por ocasionar muertes donde hay agravantes como la droga, el alcohol o la fuga del lugar del hecho pueda ser beneficiado con la libertad".
Los argumentos de Perrone trascienden cualquier caso puntual: "La cantidad de muertos y lesionados en la Argentina por hechos viales es tan grande que equivaldría a que se caiga un avión cada tres días”. La comparación impacta porque si algo semejante ocurriera la seguridad aérea sería un tema prioritario y la política tomaría cartas en el asunto de inmediato, mientras la inseguridad vial está tan naturalizada que incluso los hechos más impactantes se diluyen sin dejar huella.
No se trata de discutir si una pena de tres años en suspenso se ajusta o no a derecho cuando existen agravantes asociados a una conducta desaprensiva y a una imperdonable falta de conciencia acerca del valor de la vida humana. Sí de evitar que la sanción de casos semejantes quede al arbitrio de un sistema que a veces da la sensación de padecer ese mismo desapego que se reprocha a quienes terminan por utilizar un vehículo como un arma letal.