Con la asunción de Alberto Fernández como Presidente de la Nación se abre una etapa en que conviven las expectativas de un giro contundente capaz de poner fin a la agobiante combinación de aumento desbocado de precios y desmoronamiento productivo que la Argentina padece desde hace bastante más de un año, y la incertidumbre respecto a las posibilidades reales que tiene de hacerlo un liderazgo de origen ciertamente inusual, respecto del cual no existen antecedentes comparables que puedan proporcionar muchas pistas. En ese marco, la gestión que hoy se pone en marcha necesitará no solamente de una solvencia técnica muy superior a la de aquellos que viene a reemplazar -y también a los predecesores de éstos, del mismo signo político de los recién llegados-, sino de una singular aptitud para manejar las tensiones inherentes a la heterodoxa construc- ción política que la sostiene.
Como se sabe, si bien fueron más de doce millones los argentinos que eligieron a Fernández presidente, su candidatura fue decidida por una sola persona. El grado de condicionamiento que ésta quiera imponer, así como el que aquél estará dispuesto a aceptar, constituye probablemente una incógnita aun más intrigante que los caminos que se tomarán para resolver cuestiones como la deuda, la escasez de dólares o el imparable aumento de la pobreza. Y las señales en ese sentido son a veces contradictorias, y a veces directamente inquietantes.
Entre los respaldos de Fernández, tanto en términos de estructura política como de votos, hay un alto porcentaje, seguramente mayoritario, que interpreta esta nueva etapa como un regreso del régimen que gobernó entre 2003 y 2015, con otros nombres y diferentes desafíos por ser diferentes las situaciones con que debe lidiar, pero el mismo en esencia. Pero hay otra parte que plantea frente a esa posibilidad un rechazo no mucho menos tajante que a la gestión de Mauricio Macri, y que aunque menor en volumen que la otra ha resultado imprescindible para la victoria electoral del Frente de Todos. El propio Fernández, que definió al segundo gobierno de Cristina Kirchner como “deplorable” y no se retractó de esa apreciación, debería de hecho formar parte de este grupo.
Desde luego, nadie duda que la gestión económica de Macri fue un clamoroso fracaso, y que por lo tanto la que viene deberá imprimir un rumbo distinto. Pero si dentro del nuevo oficialismo prevaleciera una corriente que apuesta a la imposible reinstauración de un modelo de acumulación de desequili- brios que, a pesar de contar con un contexto internacional mucho más amable con la Argentina que el actual, terminó por dejar sentadas las bases para el desastre posterior, cualquier expectativa que pueda despertar el cambio de gobierno quedará rápidamente desactivada.
Si las señales en el plano económico aparecen como ambiguas, en el institucional tienden a ser descorazonadoras. Todo indica que el nuevo gobierno trabajará activamente para terminar con los problemas judiciales de quien será desde hoy vicepresidenta, y la incógnita pasa por hasta dónde se extenderá el manto de impunidad que intentará proveer. Las diatribas de Fernández contra los “operadores judiciales” bien pueden entenderse como operaciones, como las que también lo tenían como protagonista cuando era jefe de Gabinete.
De todas formas, entre tantos signos inquietantes, no es menor que la Argentina enfrente un fin de año más apacible que muchos de sus vecinos, y la esperanza encarnada por Fernández influye de modo decisivo para que así sea. Cabe esperar que ese espíritu prevalezca por sobre los fundados motivos para mirar el futuro con pesimismo.
Entre los respaldos de Fernández, tanto en términos de estructura política como de votos, hay un alto porcentaje, seguramente mayoritario, que interpreta esta nueva etapa como un regreso del régimen que gobernó entre 2003 y 2015, con otros nombres y diferentes desafíos por ser diferentes las situaciones con que debe lidiar, pero el mismo en esencia. Pero hay otra parte que plantea frente a esa posibilidad un rechazo no mucho menos tajante que a la gestión de Mauricio Macri, y que aunque menor en volumen que la otra ha resultado imprescindible para la victoria electoral del Frente de Todos. El propio Fernández, que definió al segundo gobierno de Cristina Kirchner como “deplorable” y no se retractó de esa apreciación, debería de hecho formar parte de este grupo.
Desde luego, nadie duda que la gestión económica de Macri fue un clamoroso fracaso, y que por lo tanto la que viene deberá imprimir un rumbo distinto. Pero si dentro del nuevo oficialismo prevaleciera una corriente que apuesta a la imposible reinstauración de un modelo de acumulación de desequili- brios que, a pesar de contar con un contexto internacional mucho más amable con la Argentina que el actual, terminó por dejar sentadas las bases para el desastre posterior, cualquier expectativa que pueda despertar el cambio de gobierno quedará rápidamente desactivada.
Si las señales en el plano económico aparecen como ambiguas, en el institucional tienden a ser descorazonadoras. Todo indica que el nuevo gobierno trabajará activamente para terminar con los problemas judiciales de quien será desde hoy vicepresidenta, y la incógnita pasa por hasta dónde se extenderá el manto de impunidad que intentará proveer. Las diatribas de Fernández contra los “operadores judiciales” bien pueden entenderse como operaciones, como las que también lo tenían como protagonista cuando era jefe de Gabinete.
De todas formas, entre tantos signos inquietantes, no es menor que la Argentina enfrente un fin de año más apacible que muchos de sus vecinos, y la esperanza encarnada por Fernández influye de modo decisivo para que así sea. Cabe esperar que ese espíritu prevalezca por sobre los fundados motivos para mirar el futuro con pesimismo.