A más de una década del histórico conflicto que enfrentó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el sector agropecuario, y desencadenó la mayor crisis política desde la que a principios de siglo había clausurado anticipadamente la gestión de Fernando de la Rúa, las retenciones a las exportaciones de granos y otros productos vuelven a convertirse en un factor revulsivo, justamente mientras da sus pasos inaugurales la Presidencia de quien en aquella ocasión terminó por perder su cargo como jefe de Gabinete. Más allá de la inevitable resurrección de antiguos fantasmas que trae la coincidencia, cabe esperar hoy una actitud más madura y equilibrada que la que entonces introdujo en la relación entre las partes una bisagra luego de la cual no habría retorno.
Desde luego, la situación en la que se ha ingresado era perfectamente previsible desde el mismo momento en que se confirmó la victoria electoral del Frente de Todos. Inclusive un gobierno como el de Mauricio Macri, que siempre calificó los derechos de exportación como un mal impuesto y había impulsado su derogación o reducción progresiva desde su asunción, buscó sacar más recursos de esa fuente cuando las estrecheces fiscales lo obligaron a hacerlo. Con más razón podía esperarse entonces que tomara ese camino una administración no limitada por ese freno ideológico como la de Alberto Fernández.
Es que aun si se comparten los cuestionamientos a las retenciones a la luz de la lógica predominante en las relaciones comerciales internacionales, según la cual los países tienden a reforzar sus exportaciones, incluso a veces con subsidios y estímulos varios, y no a desincentivarlas con gravámenes y otras trabas, debe entenderse que las urgencias presupuestarias imponen una lógica distinta. Y frente a la necesidad extrema de recursos, exacerbada por la falta de financiamiento, resulta inevitable apelar a los sectores que comparativamente se encuentran en mejor situación.
Entre las voces de los representantes del campo que se escuchan por estas horas, conviven las que expresan un rechazo tajante y sin matices con las que, sin dejar de lamentar lo que obviamente perjudica la rentabilidad del sector, tienen una mayor tendencia a asumir una realidad que impone sus demandas por encima de los intereses sectoriales, por legítimos que éstos sean. Es de esperar que terminen por predominar y los reclamos encuentren las vías para canalizarse sin desbordes ni afectación de derechos de personas ajenas al conflicto.
Del mismo modo, cabe esperar en el Gobierno un equilibrio que abarque tanto la instrumentación técnica de la medida, que no debe exigir más que lo que el sector es capaz de dar, como su reacción frente a las expresiones de disconformidad que es preciso tomar como lo que son. Concretamente, no debe caer en el delirio de la administración de 2008, que tomó lo que era una puja distributiva por la apropiación de los recursos de los commodities como una maniobra golpista (o “destituyente” según el eufemismo introducido entonces) con motivaciones ocultas que trascendían el deseo de mantener cierto margen de ganancias.
Habrá que ver si la moderación y el buen juicio que faltaron hace más de una década, cuando tanto la situación del país como la del campo eran bastante mejores, aparecen hoy cuando de hecho las necesidades son mayores y, con los precios de los commodities más relegados, hay menos para repartir. No debería aparecer como un exceso de confianza y optimismo, incluso para la Argentina, esperar que de aquella experiencia se haya aprendido algo.
Es que aun si se comparten los cuestionamientos a las retenciones a la luz de la lógica predominante en las relaciones comerciales internacionales, según la cual los países tienden a reforzar sus exportaciones, incluso a veces con subsidios y estímulos varios, y no a desincentivarlas con gravámenes y otras trabas, debe entenderse que las urgencias presupuestarias imponen una lógica distinta. Y frente a la necesidad extrema de recursos, exacerbada por la falta de financiamiento, resulta inevitable apelar a los sectores que comparativamente se encuentran en mejor situación.
Entre las voces de los representantes del campo que se escuchan por estas horas, conviven las que expresan un rechazo tajante y sin matices con las que, sin dejar de lamentar lo que obviamente perjudica la rentabilidad del sector, tienen una mayor tendencia a asumir una realidad que impone sus demandas por encima de los intereses sectoriales, por legítimos que éstos sean. Es de esperar que terminen por predominar y los reclamos encuentren las vías para canalizarse sin desbordes ni afectación de derechos de personas ajenas al conflicto.
Del mismo modo, cabe esperar en el Gobierno un equilibrio que abarque tanto la instrumentación técnica de la medida, que no debe exigir más que lo que el sector es capaz de dar, como su reacción frente a las expresiones de disconformidad que es preciso tomar como lo que son. Concretamente, no debe caer en el delirio de la administración de 2008, que tomó lo que era una puja distributiva por la apropiación de los recursos de los commodities como una maniobra golpista (o “destituyente” según el eufemismo introducido entonces) con motivaciones ocultas que trascendían el deseo de mantener cierto margen de ganancias.
Habrá que ver si la moderación y el buen juicio que faltaron hace más de una década, cuando tanto la situación del país como la del campo eran bastante mejores, aparecen hoy cuando de hecho las necesidades son mayores y, con los precios de los commodities más relegados, hay menos para repartir. No debería aparecer como un exceso de confianza y optimismo, incluso para la Argentina, esperar que de aquella experiencia se haya aprendido algo.