En lo que será una de las últimas medidas de sus cuatro años de mandato, el presidente Mauricio Macri acaba de establecer por decreto un régimen especial para altos funcionarios de la administración pública que, según todas las apariencias, está pensado para dejarle a su sucesor un legado que acortará su margen de maniobra en términos de modificar estructuras o designar personal de confianza. Aun cuando involucra a empleados jerárquicos nombrados o ascendidos por concurso, y se trata de la homologación de un acuerdo alcanzado con uno de los gremios representativos del sector, la norma aparece como una variante de una línea de acción clásica de todos los gobiernos salientes, de la que incluso el propio gobierno que hoy la adopta había en su momento denunciado ser víctima.
En efecto, difícilmente una administración (nacional, provincial o municipal) se sustraiga de la tentación de intentar en algún momento –sobre todo en sus postrimerías– alguna maniobra que implique dejar a partidarios en puestos clave o pasar a planta permanente a quienes inicialmente ocupaban cargos políticos. Cuatro años atrás la expresión “grasa militante” se acuñó para definir a los adherentes al kirchnerismo que habían quedado sembrados por todas las dependencias del Estado, muchas veces en empleos cuya mera necesidad funcional era colocada en entredicho. También entonces se utilizaba la excusa de que esas personas habían ganado concursos, y también entonces se advertía que eso suele significar muy poco: es público y notorio que muchas veces los concursos, lejos de plantearse como una competencia justa de la cual emerja el mejor postulante, se diseñan de manera que solo pueda ganarlos quien está designado de antemano.
Ahora, el nuevo decreto de Macri otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la "alta administración pública", en puestos que aunque estén incluidos en la planta permanente no son asimilables a los de los empleados comunes, o de jerarquías intermedias, cuyas ideologías deberían ser irrelevantes. En el caso de los directores generales o coordinadores, por ejemplo, es comprensible que se espere, al menos en las áreas más sensibles y delicadas, un alto grado de compenetración con los criterios establecidos desde el poder político, porque en caso contrario la sospecha de obstaculizar la gestión con una actitud renuente, o incluso de sabotearla, será imposible de disipar por completo.
No parece razonable que el presidente o el funcionario a cargo del área de que se trate, un ministro o un secretario de Estado, por ejemplo, deba entenderse con personas en las que no confía para llevar adelante políticas totalmente opuestas a sus inclinaciones. O que no pueda cambiar el organigrama por otro que crea más eficiente, y no incluya determinados cargos a los que el decreto otorga estabilidad. El resultado será que haya cargos superpuestos, con funcionarios que no tendrán tareas asignadas o, si se los quiere remover, podrán optar por cobrar la totalidad de los altos salarios que la estabilidad concedida les asegura por cinco años.
Es preciso insistir en que el hecho de que Macri siga siendo presidente en ejercicio durante su coexistencia con un presidente electo, y esté por lo tanto facultado para dictar las medidas que crea convenientes, no significa que pueda utilizar esa prerrogativa a su antojo, particularmente cuando afecta seriamente a la próxima gestión. Que Cristina Kirchner haya actuado de esa manera con él en la transición de 2015 no lo excusa: las bombas de tiempo que se transmiten entre una gestión y otra no les explotan solo a los recién llegados, sino a todos los argentinos.
Ahora, el nuevo decreto de Macri otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la "alta administración pública", en puestos que aunque estén incluidos en la planta permanente no son asimilables a los de los empleados comunes, o de jerarquías intermedias, cuyas ideologías deberían ser irrelevantes. En el caso de los directores generales o coordinadores, por ejemplo, es comprensible que se espere, al menos en las áreas más sensibles y delicadas, un alto grado de compenetración con los criterios establecidos desde el poder político, porque en caso contrario la sospecha de obstaculizar la gestión con una actitud renuente, o incluso de sabotearla, será imposible de disipar por completo.
No parece razonable que el presidente o el funcionario a cargo del área de que se trate, un ministro o un secretario de Estado, por ejemplo, deba entenderse con personas en las que no confía para llevar adelante políticas totalmente opuestas a sus inclinaciones. O que no pueda cambiar el organigrama por otro que crea más eficiente, y no incluya determinados cargos a los que el decreto otorga estabilidad. El resultado será que haya cargos superpuestos, con funcionarios que no tendrán tareas asignadas o, si se los quiere remover, podrán optar por cobrar la totalidad de los altos salarios que la estabilidad concedida les asegura por cinco años.
Es preciso insistir en que el hecho de que Macri siga siendo presidente en ejercicio durante su coexistencia con un presidente electo, y esté por lo tanto facultado para dictar las medidas que crea convenientes, no significa que pueda utilizar esa prerrogativa a su antojo, particularmente cuando afecta seriamente a la próxima gestión. Que Cristina Kirchner haya actuado de esa manera con él en la transición de 2015 no lo excusa: las bombas de tiempo que se transmiten entre una gestión y otra no les explotan solo a los recién llegados, sino a todos los argentinos.