Un lenguaje que abre dudas sobre la negociación

Frente a la existencia de una deuda pública que todos los analistas coinciden en definir como impagable en los términos en que están planteados los vencimientos, el Gobierno ha encarado una hoja de ruta que comienza por una negociación con el Fondo Monetario Internacional, presumiblemente más sencilla por una mejor predisposición del acreedor, seguida de otra, que se descuenta como mucho más dura, con los tenedores de bonos privados. En ese marco, la aparición de una polémica en torno del reclamo de que la primera incluya una quita en el capital adeudado constituye una complicación adicional de cara a un objetivo que ya se presentaba como difícil de conseguir, y ha incrementado la incertidumbre sobre el desenlace de este proceso.



La controversia se detonó con la declaración realizada en Cuba por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que reclamó la quita a pesar de saber que esa posibilidad está vedada por las reglas del FMI. El argumento fue que en vista de que el organismo ya había violentado sus estatutos al efectuar un préstamo que según su punto de vista sólo sirvió para financiar la fuga de capitales, bien podía también pasarlos por alto con un recorte a la deuda por 43 mil millones de dólares que entregó al gobierno de Mauricio Macri.



Esta salida al ruedo fue interpretada en un principio como parte del “fuego amigo” que el presidente Alberto Fernández recibe en el marco de la interna oficial, que más allá de las desmentidas se refleja no sólo en discrepancias sobre la economía sino también en el área de seguridad y en relación con la caracterización de los exfuncionarios kirchneristas detenidos en el marco de causas por corrupción. Sin embargo, el titular del Ejecutivo ha aclarado que el reclamo de su compañera de fórmula le parece atinado y que comparte su juicio sobre la responsabilidad del Fondo Monetario en la generación del actual estado de cosas: algo que también había señalado el ministro Martín Guzmán en el Congreso.



Más allá del juicio que merezca la participación en las vicisitudes argentinas del FMI, al que el gobierno de Macri acudió después de que entrara en crisis su cuestionada política de endeudamiento, resulta inevitable preguntarse cuál es el sentido de manifestar tanta hostilidad hacia un interlocutor con el que en teoría se procura alcanzar un acuerdo. Mucho más cuando se lo hace desde un requerimiento -que en el caso del Presidente no llega a ser exigencia aunque se le acerca- que no parece tener posibilidades de prosperar: una cosa es que el Fondo se haya manejado con cierta permisividad en relación con el uso de los fondos prestados y otra muy distinta que acepte que le paguen menos de lo que prestó. 



Lejos de cualquier pretensión meramente ilusoria, se podría especular con la posibilidad de que el de la quita, descartada rápidamente por las autoridades del Fondo, sea un planteo que procure tensar la cuerda con vistas a obtener mejores condiciones luego de la negociación; así como con la idea de que las declaraciones estén destinadas ya a entusiasmar a la militancia, ya a conservar la cohesión de la coalición gobernante, y en los hechos se asuman posiciones más contemporizadoras. En cualquiera de los dos casos, el riesgo es el de ofrecer una imagen inconsistente, caracterizada por la ausencia de una idea clara de qué hacer con la deuda y con las relaciones de la Argentina con el mundo, ya en cierta forma delineada por la ausencia de un programa económico o, al menos, de un discurso que lo explicite. 

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