Opinión | Editorial |

Una amenaza real detrás de una bomba falsa

Si bien está claro que en quien colocó la falsa bomba cerca del domicilio de los hijos del fiscal Stornelli no existía la voluntad de hacer daño en el sentido más llano del término, la mera posibilidad de que el ya enrarecido clima en que se desarrolla la campaña se vea enturbiado por la violencia no puede dejar de generar inquietud en un país que tiene una historia traumática en la materia.

En un momento en que se aceleran las definiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales, ante la proximidad del vencimiento de las inscripciones de alianzas y candidatos, el hallazgo de un artefacto que simulaba ser un explosivo a metros del edificio  donde viven los hijos del fiscal federal Carlos Stornelli constituye un elemento indudablemente disruptivo. Si bien está claro que no existía la voluntad de hacer daño en el sentido más llano del término, la mera posibilidad de que el ya enrarecido clima en que se desarrolla la campaña se vea enturbiado por la violencia no puede dejar de generar inquietud en un país que tiene una historia traumática en la materia.



Stornelli es, sin duda, el fiscal de más alto perfil del momento por su actuación en el expediente de los “cuadernos de las coimas”, que investiga una extendida y afinada trama de corrupción en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en la que aparecen involucrados desde la expresidenta y varios integrantes de su administración hasta muchos de los empresarios más poderosos de la Argentina. En ese marco, el acusador se ha convertido en acusado de extorsionador, en lo que para algunos expone una obscena convivencia entre los poderes político y judicial y los servicios de inteligencia, mientras para otros es una operación montada para tapar un escándalo con otro y hacer caer la causa anterior.



En cualquier caso, luego de haberse colocado al borde de la ilegalidad por su resistencia a responder por esta imputación, Stornelli se encuentra sumamente golpeado y resultaría improbable que quienes van contra él hayan optado por usar métodos de mayor brutalidad que una causa judicial. No obstante, sí parece creíble que, inspirados por la descalificación sistemática contra los agentes del Poder Judicial que indagan sobre la corrupción de las gestiones kirchneristas, algunos comedidos con un concepto distorsionado de lo que significa la militancia hayan tomado iniciativas como la del domingo.



No resulta antojadizo traer a colación la advertencia del flamante candidato presidencial Alberto Fernández a un grupo de jueces federales -que incluye al de los cuadernos y al instructor de la causa por la cual Cristina Kirchner comienza a ser juzgada hoy- de que deberán dar explicaciones por sus actos. Un tipo de amenaza muy diferente de una falsa bomba casera, pero amenaza al fin.



No se trata, desde luego, de acusar a alguien en particular de haber perpetrado el acto de intimidación que, más allá de su destinatario específico, está sin duda dirigido a todos los integrantes del Poder Judicial que lleven investigaciones sensibles para el sector político desplazado en diciembre de 2015 y hoy serio aspirante a regresar al poder. Sí es pertinente llamar a la prudencia y a la moderación a quienes en su exaltación verbal contribuyen a crear un clima bélico dentro del cual no faltan quienes piensan que cualquier arma es legítima en la guerra imaginaria que libran.