Una autovictimización que rompe los límites de la desvergüenza
Cristina Kirchner tiene derecho a reclamar si considera que la investigación de la Afip en su contra se desarrolló de manera ilegal. Pero resulta absolutamente deplorable la insistencia en el empleo de expresiones como “operación clandestina” o sobre todo “grupos de tareas”, en la búsqueda indisimulada de asociar al gobierno de Macri con la dictadura militar, así como mimetizarse ella misma con quienes sufrieron persecuciones, torturas y cautiverios por sus ideas.
En una especie de impasse al culto del bajo perfil que parecía haberse impuesto en los períodos en que desempeña la primera magistratura por ausencia del titular, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a denunciar la existencia de un operativo “clandestino” en su contra, con múltiples responsables políticos, administrativos y judiciales, montado con el propósito de reclamarle ilegalmente una deuda impositiva. De este modo, el discurso con que pretende descalificar las múltiples acusaciones en su contra adjudicándolas a una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos” que denomina “lawfare”, al frente de la cual según ella ha estado su sucesor, Mauricio Macri, reitera su tendencia a exagerar una autovictimización cargada de histrionismo y a forzar analogías con situaciones de auténtica persecución política que nada tienen que ver con la suya.
En dos escritos presentados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y ante la Justicia Federal de Río Gallegos, que invitó a leer a sus seguidores a través de las redes sociales, Cristina Kirchner se queja de una investigación iniciada en su contra a instancias del organismo recaudador hace dos años, por una supuesta evasión impositiva. Y le atribuye diferentes irregularidades, como la inexistencia de una denuncia previa o la falta de una notificación que le permitiera ejercer el derecho de defensa.
Sin ingresar en un análisis técnico o jurídico de los argumentos de las presentaciones, cabe reconocer que ninguna denuncia de utilización política de un organismo como la Afip para perseguir opositores deja de resultar creíble. Entre otras cosas, porque durante el propio gobierno de Cristina Kirchner se la empleó de ese modo, desembozadamente y a veces incluso sin molestarse en ocultarlo. No se trata sólo de las periódicas quejas de periodistas críticos, por ejemplo, acerca de cómo sus declaraciones de impuestos eran diseccionadas una y otra vez, o de cómo trascendía información fiscal de opositores que debía ser supuestamente secreta, sino hasta de aquel recordado episodio en que por cadena nacional ordenó investigar a un operador inmobiliario luego de que éste se quejara públicamente de medidas oficiales que perjudicaban su actividad.
Parece lógica entonces la sospecha de que Macri hacía cosas análogas a las que hacía ella. Y no hay por qué descartar a priori que pueda tener razón. Lo que en cambio resulta absolutamente deplorable -para emplear un adjetivo que el actual presidente de la Nación usó para definir comportamientos de su luego compañera de fórmula- es la insistencia en el empleo de expresiones como “operación clandestina” o sobre todo “grupos de tareas”, en la búsqueda indisimulada de asociar al gobierno de Macri con la dictadura militar, así como mimetizarse ella misma con quienes sufrieron torturas y cautiverios por sus ideas.
No es el caso, desde luego: esta no es una cuestión de vida o muerte, ni de ideología, sino de dinero. Incluso si lo hubiera hecho irregularmente -y en tal caso debieran responder por ello los funcionarios responsables de haber actuado incorrectamente-, la Afip no investigaba las ideas de Cristina Kirchner sino su patrimonio y el exponencial crecimiento de éste, así como el llamativo entramado societario de las propiedades familiares, le daban buenas razones para hacerlo.
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En dos escritos presentados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y ante la Justicia Federal de Río Gallegos, que invitó a leer a sus seguidores a través de las redes sociales, Cristina Kirchner se queja de una investigación iniciada en su contra a instancias del organismo recaudador hace dos años, por una supuesta evasión impositiva. Y le atribuye diferentes irregularidades, como la inexistencia de una denuncia previa o la falta de una notificación que le permitiera ejercer el derecho de defensa.
Sin ingresar en un análisis técnico o jurídico de los argumentos de las presentaciones, cabe reconocer que ninguna denuncia de utilización política de un organismo como la Afip para perseguir opositores deja de resultar creíble. Entre otras cosas, porque durante el propio gobierno de Cristina Kirchner se la empleó de ese modo, desembozadamente y a veces incluso sin molestarse en ocultarlo. No se trata sólo de las periódicas quejas de periodistas críticos, por ejemplo, acerca de cómo sus declaraciones de impuestos eran diseccionadas una y otra vez, o de cómo trascendía información fiscal de opositores que debía ser supuestamente secreta, sino hasta de aquel recordado episodio en que por cadena nacional ordenó investigar a un operador inmobiliario luego de que éste se quejara públicamente de medidas oficiales que perjudicaban su actividad.
Parece lógica entonces la sospecha de que Macri hacía cosas análogas a las que hacía ella. Y no hay por qué descartar a priori que pueda tener razón. Lo que en cambio resulta absolutamente deplorable -para emplear un adjetivo que el actual presidente de la Nación usó para definir comportamientos de su luego compañera de fórmula- es la insistencia en el empleo de expresiones como “operación clandestina” o sobre todo “grupos de tareas”, en la búsqueda indisimulada de asociar al gobierno de Macri con la dictadura militar, así como mimetizarse ella misma con quienes sufrieron torturas y cautiverios por sus ideas.
No es el caso, desde luego: esta no es una cuestión de vida o muerte, ni de ideología, sino de dinero. Incluso si lo hubiera hecho irregularmente -y en tal caso debieran responder por ello los funcionarios responsables de haber actuado incorrectamente-, la Afip no investigaba las ideas de Cristina Kirchner sino su patrimonio y el exponencial crecimiento de éste, así como el llamativo entramado societario de las propiedades familiares, le daban buenas razones para hacerlo.
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