Luego de haber sido objeto durante meses de severos cuestionamientos, cada vez más virulentos con el paso del tiempo, por parte de las diferentes fuerzas de la oposición, el nuevo sistema dispuesto para la realización del escrutinio provisorio atravesó su último simulacro antes de las primarias del 11 de agosto de una manera que el Gobierno consideró “exitosa”, pero que según sus detractores no alcanzó a despejar las dudas. Queda así planteado un escenario en el que parece ya imposible evitar que el acto esencial para el ejercicio de la democracia se desarrolle en un marco de suspicacias poco saludable, que es de esperar no se traslade a los resultados.
En rigor, ya era sabido que independientemente de cómo funcionara el ensayo del sábado pasado había algunos reproches respecto de la instrumentación del sistema que se usará por primera vez que tendrían exactamente la misma legitimidad. Los cuestionamientos a la empresa encargada del software que permitirá la transmisión directa de los datos desde las propias escuelas y evitarán el paso intermedio de trasladar físicamente los telegramas a una oficina del Correo, de origen venezolano, y con acusaciones de haber manipulado elecciones con anterioridad, no pueden desaparecer con la corrección de los errores que fueron denunciados en oportunidad del primer simulacro.
También está el hecho de que el Gobierno haya incorporado el mecanismo por decreto, cuando en general las reformas en materia electoral no solamente requieren del paso por el Congreso, sino que exigen una mayoría especial. Aun cuando técnicamente esta modificación en particular pueda quedar fuera de esa regla, está claro que buscar un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, o al menos consultarlas antes de presentarles los hechos consumados, habría sido mucho más saludable institucionalmente.
Por otra parte, los representantes de la oposición tampoco han estado de acuerdo con la evaluación del Gobierno sobre el ensayo del sábado, han manifestado que el sistema puede ser “hackeado” y sospechan que el Gobierno puede manipularlo para presentar en la noche del domingo 11 una imagen más favorable a sus intereses de lo ocurrido en la elección. Sin duda, cualquier mentira tendría las patas muy cortas, pues sería puesta al descubierto en el escrutinio definitivo, pero la experiencia de las Paso de 2017 habilita las quejas de quienes se sintieron perjudicados.
En todo caso, queda la impresión de que cualquier temor de que vaya a producirse un fraude en toda la línea -es decir, uno capaz de conceder el triunfo a un candidato que perdió- carece de fundamento y alentarlo sería irresponsable en un contexto como el actual, caracterizado por la existencia de profundas divisiones entre la ciudadanía. Sí es preciso insistir en que el Gobierno pudo haber actuado con mayor apertura y transparencia y que las críticas por no haberlo hecho serán válidas aun si el 11 de agosto el sistema termina por demostrar ser superior a su predecesor.
También está el hecho de que el Gobierno haya incorporado el mecanismo por decreto, cuando en general las reformas en materia electoral no solamente requieren del paso por el Congreso, sino que exigen una mayoría especial. Aun cuando técnicamente esta modificación en particular pueda quedar fuera de esa regla, está claro que buscar un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, o al menos consultarlas antes de presentarles los hechos consumados, habría sido mucho más saludable institucionalmente.
Por otra parte, los representantes de la oposición tampoco han estado de acuerdo con la evaluación del Gobierno sobre el ensayo del sábado, han manifestado que el sistema puede ser “hackeado” y sospechan que el Gobierno puede manipularlo para presentar en la noche del domingo 11 una imagen más favorable a sus intereses de lo ocurrido en la elección. Sin duda, cualquier mentira tendría las patas muy cortas, pues sería puesta al descubierto en el escrutinio definitivo, pero la experiencia de las Paso de 2017 habilita las quejas de quienes se sintieron perjudicados.
En todo caso, queda la impresión de que cualquier temor de que vaya a producirse un fraude en toda la línea -es decir, uno capaz de conceder el triunfo a un candidato que perdió- carece de fundamento y alentarlo sería irresponsable en un contexto como el actual, caracterizado por la existencia de profundas divisiones entre la ciudadanía. Sí es preciso insistir en que el Gobierno pudo haber actuado con mayor apertura y transparencia y que las críticas por no haberlo hecho serán válidas aun si el 11 de agosto el sistema termina por demostrar ser superior a su predecesor.