Tal como lo venían anticipando los trascendidos dados a conocer por la prensa, el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa avanzó en algunas precisiones sobre los lineamientos de su gestión que había abordado previamente antes y después de asumir el cargo, pero sin despejar la incógnita que subsiste sobre otros que despiertan expectativas tanto o más acuciantes. La ratificación de una reforma judicial que, en tándem con la de los servicios de inteligencia, presenta objetivos tan ambiciosos como encomiables -al menos en teoría-, así como la del envío de un proyecto para la legalización del aborto, conviven con cierta orfandad de definiciones para el plano económico, en la que las generalidades y las referencias al pasado no ocultan la ausencia de planes concretos que merezcan ser definidos como tales.
Se le ha reconocido al Presidente el hecho de que en su inevitable abordaje de la crítica situación heredada no haya apelado a referencias personales o a desbordes innecesarios, más allá de la lógica severidad con que juzgó la gestión anterior. Dadas las particularidades del actual momento político, habría resultado excesivo pedirle además que no restringiera sus críticas a lo ocurrido en los últimos cuatro años, dado que el rotundo fracaso del gobierno iniciado en 2015 no debería juzgarse aisladamente de la también dramática herencia que recibió.
Pero, en todo caso, persiste la impresión de que los planes en materia económica no van mucho más allá de la reestructuración de la deuda pública, que desde luego es parte del problema pero no puede confundirse con la totalidad, como por momentos da la impresión de ocurrir. Dejando de lado las complejidades técnicas del cuadro, el mero sentido común indicaría que, aun si se resolviera mágicamente el tema de la deuda, subsistirían las deficiencias estructurales que fueron precisamente las que causaron que la deuda se generara.
Por otro lado, y en relación con el crónico flagelo de la inflación, también hubo comentarios críticos, incluidas veladas amenazas, contra los abusos de los “formadores de precios”, denostados con una lógica que cualquiera puede compartir: ¿por qué siguen los aumentos con el dólar estable y las tarifas congeladas? El problema es que los diagnósticos basados en teorías que apuntan contra determinados actores de las cadenas de comercialización son un clásico repetido innumerables veces a lo largo de los años y no se recuerda que nunca su enunciación haya sido seguida de un tratamiento eficaz. Por eso se las asocia al típico recurso populista de reemplazar la búsqueda de soluciones por el señalamiento de culpables.
Lo demás, desde los ahorros basados en reducciones a los haberes jubilatorios medios y altos al esbozado aumento en las retenciones que alumbrará un nuevo conflicto de alcance difícil de calcular, parece centrarse en la redistribución de los recursos escasos que -a juzgar por lo anticipado ayer por la Ocde- lo serán todavía más. Aun si se pensara que esas medidas son correctas, o en todo caso una amarga necesidad, seguiría resultando indisimulable la ausencia de una hoja de ruta para el crecimiento, sin la cual es imposible aguardar el futuro con algún grado de optimismo.
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