Una verdad cada vez más esquiva

El quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman es el primero en el que los homenajes al malogrado investigador de la causa por el atentado contra la Amia se desarrollan sin la adhesión explícita del gobierno nacional, tal como era esperable a partir del regreso al poder de quienes lo ocupaban cuando se produjo el resonante episodio de enero de 2015, del cual gran parte de la opinión pública los considera responsables. Fuera de ese notable cambio, lo ocurrido entonces en el departamento del fallecido sigue inmerso en el misterio, como objeto de un debate en el cual las tomas de posición se relacionan más con las afinidades políticas que con la búsqueda honesta y objetiva de la verdad de los hechos.



Nisman falleció en el momento en que su protagonismo público había alcanzado el máximo nivel histórico -inclusive mayor al obtenido cuando años antes imputó a un conjunto de funcionarios iraníes como responsable del más terrible ataque terrorista sufrido por el país en toda su historia-, en virtud de la denuncia por encubrimiento que acababa de presentar contra la entonces primera mandataria Cristina Kirchner. Para él, el “memorándum de entendimiento” que la actual vicepresidenta había firmado con el régimen de Teherán constituía no sólo un despropósito político dañino para la marcha de la causa y para la política exterior de la Nación, sino un delito motivado por razones ideológicas y económicas.



En ese marco, su sorpresiva muerte provocó un impacto mayúsculo en la sociedad, mientras en el ámbito político desató una competencia entre dos categorías de versiones acerca de sus circunstancias: por propia mano, o con intervención de alguien más. Actualmente, la investigación oficial de la Justicia sostiene que se trató de un homicidio, sobre la base de una pericia de Gendarmería que llegó a conclusiones opuestas de otra realizada por expertos de la Corte Suprema; ni una ni la otra están libres de sospechas de haber sido direccionadas políticamente, como tampoco lo están las decisiones judiciales que fueron tomándose al respecto ni mucho menos las afirmaciones tajantes que realizan los dirigentes de acuerdo con sus afinidades ideológicas o pertenencias partidarias.



Acaso no haya una demostración más clara al respecto que las tomas públicas de posición del presidente de la Nación, que consideraba que Nisman había sido asesinado –y que Cristina Kirchner había en efecto intentado encubrir a los responsables iraníes del atentado contra la Amia– cuando era crítico de quien después se convertiría en su compañera de fórmula­, y ahora define como “absurda” a la pericia que rebate la hipótesis del suicidio. E incluso avala una “revisión técnico-administrativa” de dudosa legalidad de ese trabajo de Gendarmería, impulsado por una ministra de Seguridad que opina que al confrontar con Irán y con el grupo terrorista Hezbollah la Argentina “compra un conflicto ajeno”, como si el ataque a la mutual judía no hubiera existido.



Pero aun cuando su caso se destaque por su notoriedad, Alberto Fernández no es el único que, desde la política, resuelve sus actitudes y comportamientos en torno del caso sobre la base de su conveniencia personal y la del grupo al que pertenece en el marco del juego de alianzas presente, del beneficio o el perjuicio que puedan ocasionarle al adversario, o, en el mejor de los casos, de un eventual bien superior vinculado con cuestiones totalmente ajenas al caso en sí. Y en este sentido, independientemente de lo que vaya determinando la Justicia, las posibilidades no ya de descubrir a los hipotéticos responsables, sino la de esclarecer con algún grado de certeza qué pasó verdaderamente cinco años atrás, ya pueden considerarse utópicas. 

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