En el Ejecutivo aseguran que Antonio María Hernández, el constitucionalista cordobés que estaba a cargo de la defensa del Municipio ante la Corte, jamás comunicó ni formal ni informalmente que el resultado había sido adverso. Por eso, la Fiscalía le reclamará al abogado radical que informe detalladamente cuáles fueron las actuaciones en el juicio más relevante que tenía en proceso el Estado local.
“Era altamente probable que el resultado fuera negativo porque estos recursos extraordinarios que son rechazados in límine por cuestiones formales, cuando después van en queja ante la Corte suelen ser denegados. El rechazo de la queja era sumamente previsible. Es decir, no nos sorprende”, declaró el fiscal municipal, Julián Oberti.
Y continuó: “Lo que sí nos sorprendió fue la actitud del doctor Hernández, que nunca nos puso en conocimiento formal ni informal. Era él quien defendía, quien estaba contratado en una locación de servicios y quien había sido autorizado por el Concejo Deliberante en 2015 para llevar adelante la defensa de los intereses de Río Cuarto. Tenía la responsabilidad plena y absoluta de llevar hasta el final este tema y ponernos en conocimiento de los resultados. Lo hizo así hasta antes de que saliera la resolución de la Corte. Después no comunicó nada más”.
Hernández fue contratado por el gobierno de Juan Jure para llevar el caso de las tragamonedas, después de que la ordenanza que restringía el horario de la sala de juegos de Cet en diez horas fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de la Provincia.
El abogado cordobés presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte pero, en marzo de 2016, el TSJ se lo denegó. Como último intento, el excandidato a vicepresidente de la Nación fue en queja ante la Corte en febrero de 2017 pero siete meses después, a pesar de que se esperaba un trámite de años, cuatro de los cinco jueces, excepto Horacio Rosatti, consideraron la queja como inadmisible.
En su edición del domingo, Puntal publicó declaraciones de Hernández, que dijo que había quedado solo peleando por Río Cuarto y que la resolución de la Corte establecía un grave antecedente que atenta contra los avances de la autonomía municipal.
Oberti lamentó el tono político de las declaraciones del constitucionalista. “En septiembre de 2016, el intendente Llamosas ratificó la participación de Hernández en este tema. Se planteó públicamente que íbamos a ser consecuentes con todas las resoluciones o decisiones de la Corte Suprema. Seguimos la línea que venía establecida, no cambiamos nada. Incluso, regularizamos una deuda que existía con el doctor Hernández. Por eso nos llama poderosamente la atención que nos tengamos que enterar a través de una publicación periodística del resultado que surgió de la Corte. Pero, además, nos causa molestia, y así lo ha expresado el intendente, que haya hecho declaraciones de tinte político en vez de notificarnos a nosotros”, indicó Oberti.
El fiscal municipal adelantó que, en función del contrato que existía con el constitucionalista, se le reclamará que rinda “debida y acabada cuenta” sobre cuál fue su actuación en la causa. “Ya que no lo hizo de propia voluntad, lo vamos a hacer nosotros. Nos ha causado una molestia importante porque está incumpliendo las obligaciones por las cuales se había comprometido”, planteó Oberti.
El funcionario aclaró que la falta de comunicación de Hernández no generó consecuencias jurídicas porque Río Cuarto ya no tenía instancias a las que recurrir.
Sobre la posibilidad que tiene el Municipio de establecerles un limite horario a las tragamonedas, que se llevan 680 mil pesos por día, dijo que recién se presentará en 2022, cuando venza la actual concesión.
Marcos Jure. Redacción Puntal
