Así lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia en un dictamen al que tuvo acceso este diario.
El dato se conoció casi 7 años después de aquella fatídica madrugada en la que el dirigente gremial de los empleados de recolección de residuos, Jorge Alejandro Mercado, chocara contra otro vehículo en el que iban tres personas.
Desde entonces, “Coco” Mercado, como lo llaman sus conocidos, apeló a todas las herramientas que le otorga la ley para evitar ser llevado a un juicio; sin embargo, el máximo tribunal de Justicia de la Provincia acaba de dictaminar que los tribunales locales deben juzgarlo, indefectiblemente.
El primer pedido de probation data del 11 de abril de 2013 y fue rechazado tanto por el tribunal de apelaciones como por el propio Tribunal Superior. Con fecha 12 de septiembre de 2014 presentó un nuevo pedido de suspensión de juicio a prueba que también fue rechazado. La defensa de Mercado volvió a apelar y el TSJ dijo que no era procedente el recurso.
No conforme con eso, el 7 de octubre de 2016 solicitó sobreseimiento por extinción de la acción penal y una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo entre las partes. Como no dieron curso al pedido, insistieron ante el TSJ y, una vez más, se ratificó que el juicio debe llevarse a cabo.
Mercado quedó en el centro de todas las miradas la madrugada del 26 de agosto de 2011, cuando conducía peligrosamente en la ruta 8 una camioneta de Gamsur que terminó protagonizando un choque fatal. Iba al volante de una camioneta Ford Ranger, de regreso de un baile en la localidad de Sampacho. Cuando transitaba a la altura de Holmberg chocó contra la Fiat Iveco en la que viajaban Héctor Omar Manzano, acompañado por Pedro Roque Fredes, de 60 años, quien falleció en el lugar. Las otras dos personas, Manzano y Claudio Altamirano, resultaron con heridas de gravedad.
Entre los intentos de la defensa por evitar el juicio, se cuentan el ofrecimiento de un resarcimiento económico y hasta la propuesta a los jueces de pintar un hospital público, como tarea comunitaria. Pero una a una las pretensiones fueron desechadas. Ahora, el Tribunal Superior devolvió el expediente a la Cámara Primera del Crimen para que lleve adelante el juicio oral y público.