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Para la Justicia, el enterramiento sanitario no genera contaminación

La Cámara de Apelaciones le denegó a la familia Calvo la medida cautelar con la que buscaba suspender de manera inmediata la ampliación del vertedero controlado. Ahora, la Municipalidad continuará con su proyecto

“Se acredita la acumulación de basura en el enterramiento sanitario y el estado de las instalaciones, mas no surge -ni siquiera mínimamente- la contaminación ambiental denunciada traducida en la contaminación del suelo, las aguas subterráneas con lixiviados y el aire con compuestos orgánicos no metánicos; tampoco que sea ilegal la ubicación del enterramiento ni que se afecte la cuenca del Río Cuarto”.

En ese párrafo se condensa la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, que le denegó a la familia Calvo la medida cautelar con la que intentaba suspender de manera inmediata todo proyecto de ampliación del vertedero controlado al que van a parar los residuos sólidos de la ciudad.

Con esa decisión judicial en mano, si bien no se trata de una sentencia sobre la cuestión de fondo, ahora el gobierno de Juan Manuel Llamosas avanzará con el proyecto que estaba previsto y que contempla la ampliación del enterramiento, que se encuentra cerca de completar su vida útil.

La familia Calvo hizo dos presentaciones: un amparo para que se cierre el enterramiento que está en funcionamiento y que opera en tierras que la propia familia le vendió a la Municipalidad y que terminó en un extenso litigio y, por otro lado, una medida cautelar para frenar el proyecto de ampliación.

La Cámara rechazó la cautelar; es decir no entró al fondo del asunto pero estableció una serie de criterios que en el Ejecutivo consideran fundamentales: para la Justicia no hay contaminación en ninguna de sus formas y, además, la ubicación del predio no viola ni disposiciones legales provinciales ni zonas ambientalmente protegidas.

El argumento de la familia Calvo para reclamar el cese de cualquier tipo de ampliación y también para cerrar el enterramiento se centraba en una supuesta contaminación del suelo, en el escurrimiento de aguas, falta de contención de lixiviados y, además, en que estaría ubicado en una zona prohibida por tratarse de un sector protegido.

Ante la demanda, la Municipalidad presentó un informe de monitoreo ambiental en el que se señala que no hay presencia de indicadores negativos ni de contaminación en las napas, el aire o el suelo.

“El amparo ahora sigue su trámite. No obstante, la resolución es destacable para la Municipalidad porque ya se advierte un criterio de la Cámara Civil, que conceptualiza la situación del enterramiento. La Justicia destaca que no hay contaminación y que el vertedero no es contrario a ninguna ley ambiental y que no vulnera ninguna normativa ambiental vinculada a la ubicación”, señalaron desde el gobierno de Llamosas.

La Justicia destaca que no hay contaminación y que el vertedero no es contrario a ninguna ley ambiental y que no vulnera ninguna normativa ambiental vinculada a la ubicación La Justicia destaca que no hay contaminación y que el vertedero no es contrario a ninguna ley ambiental y que no vulnera ninguna normativa ambiental vinculada a la ubicación

Por lo tanto, en el Ejecutivo concluyen que no existe ningún impedimento legal ni ambiental para que se mantenga con el funcionamiento del vertedero y, además, para que se avance en su ampliación. “No hay ninguna razón para que la Municipalidad no continúe con sus políticas de higiene urbana”, señalaron en el Palacio.

Una de las posibilidades que se están analizando es la expropiación de un terreno colindante al actual enterramiento para ampliar la superficie y extender el período de operatividad.

“Puede concluirse que no se configuran los requisitos necesarios para la admisión de la cautelar requerida. En este sentido, no se ha probado sumariamente la existencia del daño ambiental que fundamentaría la cautelar bajo lupa (el cual configuraría la verosimilitud del derecho) y tampoco se acreditó el peligro en la demora, requisito que, en realidad, es el presupuesto que da su razón de ser al instituto de las medidas cautelares, pues si estas tienden a impedir que el transcurso del tiempo pueda incidir negativamente en la factibilidad del cumplimiento de una sentencia favorable al peticionante, es obvio que si tal peligro no se encuentra debidamente acreditado no se justifica el despacho anticipado de la cautelar. No surge todavía y a esta altura del proceso el grado de convicción necesario para viabilizar la medida cautelar, dado que es necesario obtener más elementos de juicio”, se lee en el texto de la Cámara.

Es decir, no hay una demostración que, aunque sea mínimamente, permita sospechar que la contaminación existe y que es imperioso detenerla.