Pero en medio de este combate contra el fenómeno “que siempre y en todo lugar es monetario”, según repite el presidente y los funcionarios, pero que a esta altura habría que revisar si únicamente tiene ese combustible una vez que se echó a andar durante un período prolongado, el organismo encargado de medir la evolución de los precios anunció algo que de manera unánime se entendía necesario: actualizar la canasta de bienes y servicios y sus ponderados para tener una más ajustada información de lo que ocurre con los bolsillos de las familias. Es que, especialmente con la llegada de Milei al gobierno, hubo un cambio brusco del peso de los gastos familiares que debieron destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de los servicios, especialmente luz y gas; aunque también se podría incluir también a la medicina prepaga, de la que extrañamente se habla muy poco. Esas boletas representaban una porción menor de los ingresos hace unos años atrás y ahora son mayoritariamente un factor central del gasto familiar. Especialmente de los sectores medios. Sin entrar en la discusión si está bien o mal el crecimiento de los servicios dentro del esquema de erogaciones familiares, lo cierto es que se convirtió en una realidad inobjetable. Y a eso el Indec lo debía reflejar. Ya no podía seguir midiendo la canasta con usos y costumbres de hace más de dos décadas, cuando generaba atracción ver a alguien hablando por celular o para navegar en internet muchos iban todavía al “ciber”. Sencillamente había quedado desajustado de la realidad, que es lo que debe reflejar cualquier instituto de estadísticas, con la mayor precisión posible.
Por eso, el 14 de octubre se emitió una gacetilla desde el Indec que anticipó un cambio que se aplicaría en enero. Como todo organismo de esas características, la previsibilidad y la confianza son fundamentales de acuñar. Por eso se dispuso el comunicado más de 110 días antes de entrar en vigencia, más allá de que por trascendidos se sabía de las modificaciones desde algún tiempo previo.
Dos semanas antes de las elecciones legislativas, el Indec informó que “de acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que lo guían, la implementación de la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026”.
Y explicó que la fecha establecida responde a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios sobre algunos de los beneficios que aportará la implementación del nuevo IPC el primer mes del año calendario”. Entre ellos enumera que ayudará a la interpretación y el análisis, tanto para para las comparaciones interanuales -que estarán empalmadas con el IPC vigente- como para la variación anual acumulada, que permiten una lectura continua de la evolución de precios durante el año”. Tambien garantizará la coherencia clasificatoria internacional a lo largo del año calendario, con la adopción del COICOP 2018, vigente desde 2023, que introduce una canasta ampliada a 13 divisiones y mejoras en su estructura interna”, y que “permitirá contar con precios medios coherentes y consistentes para las operaciones estadísticas que lo requieran”.
“En síntesis, constituye la opción más robusta en términos de comparabilidad, claridad interpretativa y comunicacional durante el primer año de implementación”, señaló el organismo.
Sin embargo, a poco de publicarse el dato bajo el nuevo esquema, el Gobierno decidió frenar todo. Por supuesto que la interpretación más simple fue que los funcionarios conocieron de antemano el dato de la inflación de enero y no quisieron publicar la información. Si eso es correcto, evidentemente el número era significativamente mayor al esperado. Lo cierto es que fue el propio ministro Luis Caputo el encargado de dar algunas explicaciones sobre el tema y reconocer que se iba a postergar el cambio, lo que no hace más que afectar otra vez y de manera directa la credibilidad del Indec, como ocurrió en el pasado cada vez que se lo intervenía para evitar la publicación de datos reales. Así, la Argentina llegó a tener “menos pobres que Alemania”. Eran tiempos de Guillermo Moreno y Aníbal Fernández.
Ahora, con Caputo, el golpe de timón sobre la hora eyectó al titular del Indec, Marcos Lavagna, que ocupaba ese lugar desde la gestión de Alberto Fernández. Fue uno de los que se quedó. Hasta ahora. Según el ministro de Economía, la salida del funcionario se debió a “discrepancias sobre cuándo implementar el cambio en la metodología”. Vale recordar que la modificación fue anunciada el 14 de octubre, más de 110 días atrás. ¿Dice la verdad el ministro?
Aun con la gravedad en sí de la decisión para la confianza en las estadísticas –y sus implicancias, porque hay contratos entre personas, compromisos internacionales y hasta papeles financieros que dependen del IPC-, para el gobierno de Milei, que vino a “terminar con la casta y sus prácticas” esto es doblemente dañoso. Porque carcome el cimiento sobre el que se intenta construir: en favor de las verdades incómodas, en contra de los vicios de la vieja política. El golpe de timón repentino en el Indec va justamente en contrario.
