Invierno de 1975: la genealogía de un golpe de Estado
Hace 45 años, a fines de agosto de 1975, ejercía la presidencia María Estela Martínez. Era un gobierno caracterizado por el continuo deterioro de la economía, la progresiva fragmentación política de la coalición gobernante y la creciente violencia política.
Desde hacía unos pocos meses, el comandante general del Ejército era Alberto Numa Laplane, que afirmaba el propósito de modificar parcialmente las políticas de esa comandancia respecto a la institución. En oposición a su predecesor, Leandro Enrique Anaya, que había sostenido la necesidad de que el Ejército mantuviera un estricto “profesionalismo” y se limitara a sus tareas específicas, Numa Laplane aspiraba a sustituirlo por un “profesionalismo integrado”, que presuponía un mayor compromiso de la fuerza con aquel gobierno, lo que muchos entendían como una subrepticia “peronización” de la institución.
El carácter real o supuesto de esas diferencias fue puesto a prueba cuando alguien promovió para el Ministerio del Interior a un por entonces muy conocido coronel en actividad y fuertemente identificado con el peronismo: Vicente Damasco.
Los generales pusieron el grito en el cielo. Entendían que la incorporación al gabinete de un militar en actividad comprometía a la institución con el incierto destino del gobierno. Si Damasco aspiraba a continuar en aquel Ministerio debía hacerlo como civil y no como militar. Debía solicitar su pase a retiro.
Sucedió una semana caótica. El 14 de agosto, los generales hacen el planteo a Numa Laplane, al que le reclaman mantener o retornar al “profesionalismo aséptico”, “prescindente” de los tiempos de Anaya, según el cual el Ejército no debía servir a una facción sino a la Nación toda.
El comandante Numa Laplane y la Presidenta insistieron en sostener a Damasco, sin reclamar su previo pase a retiro. La cuestión derivó en una grave crisis institucional, que se extendió en los últimos días de agosto de 1975. En la práctica, los generales estaban desconociendo la autoridad de Numa Laplane, que terminó por solicitar él mismo su pase a retiro, abriendo la disputa por su sucesión.
La quinta presidencial de Olivos fue el escenario de una cantidad de desordenados y caóticos conciliábulos, en los que participaron parlamentarios, miembros del gabinete, dirigentes partidarios y sindicales, que buscaban al sucesor de Numa Laplane, frente a un generalato en abierto estado deliberativo. Giraron varios nombres y finalmente, en la noche del 28 al 29 de agosto, Jorge Rafael Videla, el único aceptado por los generales, emergió como comandante general del Ejército.
Cambio de escenario
Las consecuencias fueron enormes, aunque muy pocos lo advirtieron en su momento. El principio de autoridad había sido quebrado. La jefatura de Videla no surgía de la voluntad del Ejecutivo, sino más bien de una imposición de la fuerza. El nuevo comandante ya no reportaba, como sus predecesores Carcagno, Anaya y Numa Laplane, al poder político, sino a sus pares del generalato.
El conjunto de la población estuvo ante estos hechos absolutamente ausente. Abrumados por las angustias económicas, azorados ante la creciente violencia política, muchos ciudadanos ni siquiera la registraron.
Dos meses antes, frente al “ajuste” de la economía que la Argentina recordaría como el “Rodrigazo”, la CGT había declarado una huelga general, que fue acompañada por masivas movilizaciones de trabajadores y vastos sectores de la población, en las que participaron varios cientos de miles de personas. Por el contrario, la crisis que brevemente describimos ocurrió puertas adentro, en el palacio, con escasa o más bien nula participación ciudadana. Una de las razones por las que a pesar de su trascendencia tan poco se la recuerda.
Retrospectivamente, la crisis de agosto se muestra como el primer paso que condujo al golpe de Estado de siete meses más tarde, aunque los hechos no parecen haber formado parte de la posterior conjura. Nada lo indica. Los protagonistas de estas jornadas actuaron en forma desordenada y sin responder a ningún plan predeterminado.
Por el momento nadie, ni los protagonistas, ni siquiera los beneficiados directos, parecen sacar todas las conclusiones. Fue quizás el embajador de los Estados Unidos Robert Hill uno de los primeros que advirtió la magnitud de los hechos, aunque sus observaciones se desconocían entonces. El 10 de septiembre de 1975, en un documento reservado y desclasificado varias décadas después, informa a su gobierno que “el resultado de la reciente crisis militar señala claramente que el poder político real ya no reside más en la presidente”. Quedaba por definir quién y cómo se cubriría ese vacío.
El impersonal devenir de la historia había comenzado la cuenta regresiva hacia el más cruento golpe de Estado de la historia argentina. Con una indisimulada cuota de hipocresía, entre los reproches efectuados a la Presidenta depuesta el 24 de marzo se destacaba el “vacío de poder”, que siete meses antes los propios golpistas habían contribuido a crear.