Después de un pico a principios de año, en la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto destacan que se estabilizaron los reclamos por estafas con productos bancarios, e incluso mencionan una baja relativa del orden del 15 por ciento. Así lo indicó el titular del organismo, Ismael Rins, quien señaló que finalmente no se concretaron las proyecciones pesimistas para 2023.
Durante el mes de enero, en la oficina de Sobremonte 549 recibieron un total de 66 reclamos por estafas a través de productos bancarios como cajas de ahorro y tarjetas, para arrojar el mayor registro en lo que va del año.
"Cuando vimos este dato, nos preparamos para enfrentar un año muy complejo en esta materia. Hicimos un trabajo silencioso en los barrios, con los vecinos y la población de adultos mayores, que son uno de los segmentos vulnerables", acotó el Defensor del Pueblo.
Sin embargo, durante los períodos siguientes, la cantidad de presentaciones y consultas se ubicó bastante más abajo, en torno a las 40 mensuales: hubo 35 en febrero, 43 en marzo, 46 en abril y 36 en mayo último.
De todos modos, desde la Defensoría del Pueblo entienden que por el momento no es prudente hablar en forma tajante de una baja en la estadística de quejas por estafas relacionadas con productos financieros.
"No deberíamos decir que los reclamos han bajado. Tienen una fluctuación, que en general es una variación de aproximadamente un 15 por ciento menos. Es cierto que si se compara en forma aislada mayo contra enero de este año, hay una merma del 50 por ciento. Pero de los 66 casos de enero del primer mes del año, vinculados a estafas, hoy se mantienen alrededor de los 40 casos mensuales", detalló Rins.
Usuarios a la defensiva
El ómbudsman destacó que, con la difusión de los casos de estafas por distintos medios de comunicación y las campañas de concientización de organismos públicos como la misma Defensoría del Pueblo y de las entidades bancarias, fue ganando terreno una actitud preventiva y desconfiada entre los usuarios.
"Es cierto que, con todo esto, la gente va a aprendiendo más a cuidarse", subrayó Rins.
De todas maneras, cree que el dato más importante en cuanto a la evolución de los reclamos por estafas "es que no hubo un crecimiento como el que esperábamos, que preveíamos. La tarea de difusión y prevención que hacemos y que hacen los bancos, y creo eso tiene efecto".
Más allá de esto, Rins considera que no hay que perder de vista que el problema no lo tienen "los que no caen en las estafas, sino los que sí las sufren. Y lo cierto es que la padecen aquellas personas que, además, son revictimizadas por las conductas irresponsables de los bancos".
"Los bancos no están cumpliendo con obligaciones que ellos mismos asumieron. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) prescribe una serie de compromisos, elaborados por los propios empresarios. Muchos de ellos tienen que ver con la afectación de derechos humanos. Además, Argentina adhirió a los principios de la ONU, que después el Estado tiene que vigilar", apuntó el ómbudsman.
Brecha digital
Por otro lado, destacó que si bien las empresas se ocupan de difundir las cosas que hacen bien, desde la Defensoría tienen que ocuparse “de poner sobre la mesa las cosas que no están bien".
Además, Rins cuestiona la actitud ambivalente del Estado nacional en esta problemática, por admitir las dificultades de acceso y manejo a los medios digitales para gran parte de la población, pero sin poner en marcha estrategias ni acciones para remediarla.
"Por un lado, el Estado reconoce la brecha digital, pero por otro lado permite la digitalización total y absoluta de los procesos que es, en definitiva, permitir que aquellos que están dentro de la brecha sean vulnerados en sus derechos", sentenció Rins.
Y amplió: "Allí se producen las vulneraciones a los derechos patrimoniales, como el de la propiedad privada. Y también se vulnera la dignidad de las personas: vos sos el culpable de tu propio pesar, pero es el mercado el que te pone ahí y los bancos no te defienden".
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