Una pelea silenciosa en la que Córdoba se juega mucho

En silencio y de manera subterránea se está llevando adelante todavía una dura disputa para definir políticas energéticas estratégicas para las próximas décadas en la Argentina. La trascendental definición tuvo un fuerte movimiento de tablero la semana pasada, cuando asumió el flamante secretario de Energía de la Nación, el neuquino Darío Martínez, quien reemplazó al misionero Sergio Lanziani.

Pero no sólo hubo un cambio de nombres sino que además se modificó el organigrama, porque esa cartera que dependía del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ahora pasó a la órbita de Economía, con el control de Martín Guzmán. Y habrá que anotar en particular la procedencia del nuevo secretario, que es oriundo de la provincia que tiene bajo su territorio la mayor superficie de Vaca Muerta, el reservorio más grande de gas no convencional de toda la región. De allí habrá que desprender además una de las primeras medidas tomadas a posteriori: la radicación de una subsede de la Secretaría de Energía en Neuquén a partir de ahora.

Todas esas definiciones puestas en línea podrían permitir imaginar el listado de prioridades que tendrá a partir de ahora la cartera. Y eso a su vez encendió alarmas en provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy, en donde interpretaron que esas definiciones tienen incluso mucho para leer en el plano simbólico.

¿Por qué esas provincias pusieron la lupa en ese movimiento? Básicamente porque tienen la matriz energética alternativa a los hidrocarburos y la batalla será entre un avance decidido para diversificar y consolidar un camino que tenga como capítulo destacado a las renovables o frenar esa expansión que mostró en ese puñado de provincias con un desarrollo y un futuro promisorios.

Córdoba, sin un solo pozo petrolero, comenzó a sentarse en la mesa de discusión de los combustibles a nivel nacional de la mano de sus plantas de etanol producido a partir de maíz. Santa Fe hizo lo propio con su potente polo de biodiesel, fruto de su complejo sojero montado alrededor del puerto. Tucumán, Salta y Jujuy tienen incluida allí a toda la industria de la caña de azúcar, otra fuente de etanol, aunque menos eficiente, más inestable y con menos posibilidades de expandirse que la del cordón maicero. Esto último, porque el país sigue exportando casi la mitad de la producción del cereal en grano, sin agregarle más valor. Es sabido que la fuerte demanda de cereales en el mundo se sostiene por dos vías: China y el mayor uso en biocombustibles. En la medida en que se fomente el valor agregado allí se estará no sólo beneficiando el medio ambiente por el uso de combustibles verdes en reemplazo de los fósiles, sino que además se permitirá multiplicar las inversiones en el interior del país, fomentando el desarrollo local, con agregado de valor y generando empleo de alta calidad.

Córdoba, con sus tres grandes plantas de etanol ubicadas en Villa María, Río Cuarto y Alejandro Roca, más las minidest que son construidas en la provincia y fomentan la economía circular en muchos puntos del interior productivo, son una muestra del potencial que hay por delante si la decisión política fuera en ese sentido.

Sin embargo, hay actores que creen tocados sus intereses, como las petroleras, que no quieren resignar parte del mercado y se las reconoce con un histórico y contundente poder de lobby, no sólo en Argentina, sino en el mundo. Pero hay sobre la mesa del Gobierno un par de propuestas que muestran que no hay necesariamente contraposición sino que también se podría estar ante otra chance de mejorar la ecuación en la balanza comercial del país. Esto, porque si lo que quieren las provincias que integran la Liga Bioenergética prospera y el corte del alcohol en los combustibles se amplía en un primer momento al 15% y luego se lo lleva al 18%, y hay un excedente de naftas, eso se podría volcar al mercado internacional y entonces Argentina dejaría atrás un período largo de balanza energética negativa.

La urgencia desatada en el debate corresponde a que quedan 8 meses para que se venza la actual ley de biocombustibles, que fue aprobada en 2006 con un plazo de 15 años y que permitió avanzar, aunque a paso lento, en el desarrollo del sector. Actualmente, por cada litro de diesel que se carga en un surtidor, el 10% corresponde a biodiesel, mientras que en el caso de la nafta, el 12% es etanol, proveniente de las plantas de maíz o de caña de azúcar.

La intención de estas empresas es avanzar en esa participación y que a partir de mayo crezca 3 puntos y un año y medio más tarde, se alcance el 18% para finalizar 2027 con el 27,5% de alcohol en cada litro de nafta, como es el modelo de Brasil.

Hay algo que sí entusiasmó al sector de los biocombustibles desde la semana pasada, en que empezaron a ver todo más cuesta arriba, fue una definición del presidente Alberto Fernández en el encuentro con el flamante secretario en la que le apuntó “la necesidad de motorizar la producción como eje del desarrollo nacional, generando más empleo, incorporando progresivamente mayor valor agregado y tecnología nacional”. Es el hilo del que intentan tomarse para seguir apostando al sector.