El concurso había sido realizado para cubrir vacantes como prosecretario letrado para cumplir funciones como auxiliar colaborador de la Defensa Pública, en el Centro Judicial de Córdoba Capital.
Frente a la denuncia formulada por el gremio, que señalaba que algunas personas habrían conocido previamente las preguntas del examen, el Tribunal Superior de Justicia priorizó "el interés público de resguardar los mecanismos de selección por idoneidad" y el "bienestar general que supone contar con las personas más idóneas garantizado por una selección basada en el estricto mérito, con una pauta de conducta de estricta honradez y férrea ética para integrar el funcionariado judicial, justifican la medida”.
Por estas razones, el Alto Cuerpo estimó “estrictamente necesario” retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de admisión de postulantes y aprobación de la parte general. En consecuencia, el Tribunal convoca a quienes participaron en el examen cuestionado a realizar una nueva evaluación de selección el próximo 14 de diciembre de 2024.
Hasta ahora, cinco personas han sido señaladas como protagonistas de estos hechos. Por un lado, cuatro postulantes habrían recibido una presunta filtración de las preguntas del examen escrito; por el otro, Eduardo Caeiro, funcionario del fuero Penal y miembro del tribunal examinador, quien estuvo involucrado en la elaboración del cuestionario.
Las cuatro empleadas del Poder Judicial guardan algún tipo de relación con Caeiro. La mayoría de ellas comparte un vínculo académico, ya que han sido o son adscriptas en materias universitarias dictadas por él; otras trabajan en su misma oficina, y una tendría un parentesco político con el funcionario.
"Nos acercaron el dato de que una de estas cuatro personas se habría quebrado frente a sus compañeras de trabajo en su oficina. En ese contexto habría dicho que tuvo acceso a las respuestas", precisó el titular del Gremio de Empleados del Poder Judicial (Agepj) en diálogo con Perfil Córdoba.
