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La necesaria razonabilidad de las restricciones

En un momento en que crecen los signos de agotamiento en una población abrumada por la prolongación de una emergencia que ya parece interminable, la razonabilidad de una disposición que en principio pretende apuntar directamente al núcleo del problema, como la de prohibir todo tipo de encuentros sociales, incluidos los familiares, podría ser sólo aparente.

La afirmación coincidente de autoridades de diferentes niveles de que la mayor parte de las malas noticias relacionadas con la pandemia de Covid-19 que han llegado en los últimos días desde diferentes puntos del país se originan en reuniones sociales colmadas de comportamientos imprudentes, más que en la reanudación de actividades económicas en general desarrolladas con responsabilidad, ha precedido al decreto que dispone la prohibición total de ese tipo de encuentros promulgado ayer. Sin embargo, en un momento en que crecen los signos de agotamiento en una población abrumada por la prolongación de una emergencia que ya parece interminable, la razonabilidad de una acción que apunta directamente al núcleo del problema podría ser sólo aparente.

La medida oficial impacta de diferente manera de acuerdo con la situación de cada punto del territorio nacional que debe asimilarla. En nuestro medio, el único cambio sería la exclusión de la posibilidad de realizar una reunión familiar de hasta diez personas, que ya antes las autoridades provinciales habían limitado a los domingos, con la consiguente generación de reacciones negativas en una comunidad que no siempre recibe las explicaciones pertinentes acerca de por qué se toman ciertas disposiciones en detrimento de otras.

Y eso da la impresión de estar ocurriendo ahora. Los episodios que detonaron brotes de coronavirus en distintos puntos del país tuvieron una amplia variedad de orígenes, e incluyeron en efecto reuniones sociales, pero que en ningún caso eran encuentros familiares llevados a cabo con pleno respeto por los límites numéricos establecidos para la concurrencia. Más bien tienden a ser fiestas masivas, con varias decenas o incluso centenares de concurrentes, o bien con invitados que han incurrido en alguna imprudencia previa. En otras ocasiones, hubo traslados entre distintos puntos del país sin autorización, o bien con autorizaciones que no deberían haberse concedido, como en Traslasierra.

Es decir, la respuesta oficial es endurecer las normas cuando el agravamiento del problema no ocurre, por lo menos hasta donde puede percibirse, porque las normas sean demasiado laxas, sino porque existen límites en la capacidad o en la voluntad política de hacerlas cumplir. Quienes organizan encuentros sociales o incurren en cualquier comportamiento prohibido que los exponga en mayor medida al riesgo de contagiarse no van a cambiar de actitud porque ahora los encuentros familiares estén prohibidos. Y si las autoridades no pueden evitar que más allá de sus esfuerzos algunas cosas se les escapen, no se puede esperar que sean más eficientes si a todas sus obligaciones se agrega la de controlar que no se haga algo que hasta ahora estaba permitido.

En general, y más allá de las excepciones que con el paso del tiempo tienden lamentablemente a incrementarse, los argentinos se han mostrado receptivos al mensaje de las autoridades y aceptado las profundas perturbaciones provocadas en sus vidas por las drásticas medidas oficiales, frente al argumento de que no existe una mejor alternativa frente a una amenaza de características inéditas como la que representa la pandemia de Covid-19. Pero ese mensaje se verá inevitablemente debilitado si contiene disposiciones susceptibles de ser percibidas como irrazonables o contradictorias, con el riesgo adicional de que la tentación de transgredir aquello cuyo respeto supone una carga excesiva termine por trasladarse a la normativa en su conjunto.