“Hay que evitar las cuestiones totalitarias; nunca hay que olvidar que el diálogo y el consenso son más importantes que las diferencias. No podemos caer en que si estás de acuerdo en todo conmigo somos amigos, pero si hay diferencias estamos en veredas distintas. Eso es un comportamiento totalitario. En el medio dejamos de lado o nos olvidamos de todas las coincidencias que el hombre y la mujer de campo valoran porque se han prolongado por los últimos 20 años”, manifestó el diputado riocuartense.
Gutiérrez rechazó las críticas que señalan que el oficialismo cordobés se ha aliado al gobierno nacional y que acompaña sus proyectos más importantes. En las últimas semanas, los diputados de Córdoba Federal han votado a favor del impuesto a la riqueza y también de los cambios en la coparticipación que implicaron una pérdida importante por la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
El diputado señaló que por la intervención de Córdoba Federal, el gobierno de CABA consiguió un período de 20 días para sentarse a negociar con el gobierno federal. Lo que establece ese proyecto que se aprobó en Diputados es fijar en 24.500 millones de pesos para que la Ciudad de Buenos Aires asumiera las funciones de seguridad traspasadas en 2016.
Con esa cifra, la coparticipación se ubicaba nuevamente en el 1,4 por ciento, que es el parámetro que existía hasta que el entonces presidente Mauricio Macri la reforzó por decreto.
Gutiérrez manifestó que los montos establecidos con anterioridad implicaban una desproporción con respecto a otros distritos. Pero, aún así, destacó que los diputados cordobeses permitieron generar una mesa de diálogo que no estaba prevista entre la administración federal y la de la Ciudad de Buenos Aires.
Con respecto a la supuesta alianza con el gobierno nacional, el diputado nacional manifestó que así como se enumeran las votaciones a favor de proyectos del Gobierno, también deberían detallarse las que se produjeron en contra. Mencionó como ejemplos el rechazo al aumento de las retenciones agropecuarias y la presentación de una nueva ley de biocombustibles que va en contra de la matriz energética que impulsa el oficialismo nacional.
El PJ schiarettista viene argumentando que el impuesto a la riqueza es una necesidad en un contexto límite como el que ha generado la pandemia.
Sin embargo, el viernes la Mesa de la Producción de Córdoba, que nuclea al G6 y a las principales cámaras y entidades empresarias y agropecuarias, afirmó que la votación a favor es un atentado contra la cadena productiva cordobesa.
“Los diputados del bloque Córdoba Federal apoyaron este proyecto, cuyo contenido es cuestionable desde el punto de vista constitucional y no logra precisar con exactitud los sujetos que serían alcanzados por este tributo. De allí el temor de nuestras empresas, las cuales probablemente deberán afectar activos de producción para tributar a un fondo que difícilmente genere algún beneficio concreto a los cordobeses”, se lee en la carta abierta difundida por los empresarios.
Además, remarcan: “Como lo expresamos oportunamente a todos nuestros legisladores (tanto diputados como senadores) por Córdoba, el proyecto de ley ‘Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia’ provocará un profundo perjuicio y desincentivo a la producción y la inversión privada. Lo que se ha dado a llamar ‘impuesto a la riqueza’ es en verdad un ‘impuesto a la producción’, que además reviste la forma de un fondo no coparticipable y, por lo tanto, una injusta transferencia de recursos desde nuestro aparato productivo local hacia el ámbito federal”.
Los empresarios destacaron que en innumerables ocasiones estuvieron de acuerdo con el gobierno nacional y apoyaron públicamente sus medidas, pero ahora cuestionan el rumbo que la Provincia ha tomado con respecto a las definiciones generadas por el gobierno de Alberto Fernández.
Esa exteriorización del malestar empresario tensa una relación que el gobernador Juan Schiaretti ha sabido construir con los empresarios y el campo, una orientación que se inició con las gestiones de José Manuel de la Sota y que se mantuvo en el tiempo casi como una alianza entre el oficialismo y el sector empresario.
Desde la Provincia, tanto a través de Gutiérrez como de un comunicado, se salió a reclamar la vuelta del diálogo.

