Según explicaron en entrevista con Puntal los abogados Alexis Rafael Kohmann y Emiliano Ramallo, la menor quedó con secuelas físicas, neurológicas y psicológicas irreversibles. Ambos profesionales impulsan la causa judicial que ya está en marcha en el fuero federal.
“Catalina ingresó a la clínica el 19 de febrero por una crisis asmática. Entre el 23 de febrero y el 5 de marzo recibió fentanilo de forma continua. Lo que en principio era un cuadro manejable, se transformó en una internación prolongada, deterioro físico y dependencia de múltiples dispositivos médicos”, explicó el Dr. Kohmann.
La historia clínica y los estudios realizados confirman que Catalina comenzó a presentar un deterioro paulatino e inexplicable desde el momento en que se le aplicó el fármaco. Ingresó con 50 kilos y, según relataron sus padres a los abogados, perdió la mitad de su peso corporal, además de requerir actualmente la asistencia de 14 máquinas y dispositivos médicos para sobrevivir.
La clínica, tras los primeros informes oficiales que alertaron sobre el lote contaminado, fue quien comunicó a la familia la situación y aportó pruebas clave para la causa penal. En palabras de los abogados, esto permitió actuar rápidamente desde lo legal y establecer un vínculo directo entre el cuadro clínico y la aplicación del fentanilo.
“Los médicos fueron los primeros en no entender por qué la nena empeoraba. Hoy sabemos lo que pasó. Se aplicó un medicamento contaminado que nunca debió llegar a un centro de salud. Es una cadena de negligencias”, afirmó Ramallo.
A pesar del grave cuadro, la familia no apunta contra la clínica ni contra el personal de salud. Por el contrario, destacan su compromiso y profesionalismo. “Los padres están profundamente agradecidos. La atención médica fue excelente. Fueron los profesionales quienes detectaron el problema y dieron el aviso. Ellos hicieron y hacen todo lo posible para mantener a Catalina con vida”, aclararon los letrados.
Este nuevo caso se enmarca en la causa nacional por fentanilo contaminado, que ya investiga al menos 96 muertes y decenas de pacientes afectados en todo el país. El producto fue distribuido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos intervenidos judicialmente.
Tras las detenciones de varios directivos y técnicos del laboratorio, el juez federal Ernesto Kreplak tomó una decisión clave: revocó al Ministerio de Salud de la Nación su rol como querellante en la causa, al considerar que existen indicios de responsabilidad por omisión o connivencia de organismos públicos en la cadena de control.
En la provincia, el impacto ha sido especialmente fuerte. 18 clínicas cordobesas adquirieron el lote contaminado antes del 9 de marzo, fecha en que el Ministerio de Salud local ordenó retirarlo de circulación. Pero, según los registros judiciales, ya se había aplicado en numerosos tratamientos.
Además del caso de Catalina, Puntal dio a conocer días atrás la situación de un bebé de tres meses internado también en la Clínica Vélez Sarsfield, quien se encuentra en estado crítico tras recibir el mismo medicamento.
“Nos informaron todo desde el primer momento. Los médicos hicieron lo imposible por salvarlo. Y aún lo hacen”, declaró el padre del niño en diálogo con este medio.
Ambas familias decidieron no accionar legalmente contra la clínica, entendiendo que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el laboratorio y los organismos de control, principalmente ANMAT, a quien acusan de haber actuado con demora y negligencia.
“La ANMAT fue notificada del lote contaminado el 2 de mayo. Pero la disposición oficial para suspender su uso llegó recién 13 días después. En ese lapso, miles de unidades ya estaban distribuidas”, advirtió Kohmann.
La denuncia judicial presentada por los abogados de Catalina tiene dos frentes: el penal, que apunta a los responsables de la distribución del fentanilo contaminado; y el civil, que busca reparación por los daños sufridos y garantías para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
“Lo que pasó con Catalina no es un error médico. Es una falla sistémica, una bomba sanitaria. Vamos a ir contra todos los responsables. Ya hay detenidos, pero faltan más”, subrayó Ramallo.
Además, pidieron que se active un protocolo de respuesta inmediata, con prioridad en el seguimiento médico de todas las personas que pudieron haber recibido el fármaco, así como un programa estatal de asistencia para las familias afectadas.
