La Justicia frena el decreto de Milei y ratifica la Ley de Financiamiento Universitario
Los jueces desestimaron los argumentos oficiales sobre el equilibrio fiscal y resaltaron que está en juego el derecho constitucional a la educación superior
En un fallo que escala la tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la vigencia de la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratifica lo dispuesto en diciembre pasado por el juez federal Enrique Cormick. De esta manera, la administración pública queda obligada a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que exigen la actualización salarial para docentes y no docentes (retroactiva al período diciembre 2023 - septiembre 2025) y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El fallo de Cámara desacredita los argumentos del Estado, calificando de "poco serios" los agravios presentados por el Ejecutivo.
Los magistrados subrayaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y no afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, señalaron que la prioridad debe ser el resguardo de la educación pública, un derecho central de la Constitución Nacional.
La causa se originó a partir de un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas. El nudo del conflicto legal radica en el Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei intentó suspender la ejecución de la ley tras no haber podido sostener el veto en el Congreso. Para la Justicia, dicho decreto presenta rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
Desde la Casa Rosada insistieron en calificar la decisión judicial como "arbitraria". El argumento del Gobierno sostiene que el Poder Judicial no tiene competencia sobre cuestiones presupuestarias, las cuales pertenecen exclusivamente al Congreso. Además, advirtieron que la ley requiere la definición previa de fuentes de financiamiento para no romper el equilibrio fiscal, un punto que la Cámara consideró insuficiente para frenar la cautelar.
Este revés judicial ocurre tras dos años de máxima conflictividad en las calles. Entre 2024 y 2025, el país fue escenario de masivas Marchas Federales Universitarias que rechazaron el desfinanciamiento del sector.
Para intentar desactivar la vía judicial y el costo político de las movilizaciones, la estrategia oficial apunta ahora a elaborar una nueva norma de consenso que modifique el esquema actual en el Congreso. Sin embargo, este fallo de Cámara obliga al Gobierno a desembolsar fondos de manera inmediata mientras se dirime la cuestión de fondo, otorgando un triunfo clave a la comunidad universitaria en su reclamo por seguridad jurídica y salarios dignos.