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Le abren el jury de enjuiciamiento al fiscal Lega y piden que lo suspendan

Casal, procurador general, dispuso la apertura de la instancia del Tribunal para determinar si el funcionario judicial es removido. Se lo acusa de malos tratos al personal y se sospecha de su actuación en el caso Roggero.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, abrió la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento para que determine si el fiscal Guillermo Lega, que se desempeñó en Río Cuarto y que a raíz de las denuncias fue trasladado a Rosario, debe ser removido de su cargo o sancionado. Además, le pidió al jury que suspenda a Lega para que no tenga oportunidad de entorpecer el proceso en su contra.

Lega recibió una extensa lista de acusaciones y, para el procurador, durante la investigación tres hechos quedaron debidamente probado con el grado de certeza requerido para esa instancia.

Casal determinó que, de los hechos que se le adjudican, hay pruebas con respecto a las inconductas, malos tratos y expresiones indecorosas en el ámbito laboral; las presiones ejercidas sobre empleados de la Fiscalía, y cierta desaprensión en la investigación que se llevó adelante sobre el patrimonio y el supuesto enriquecimiento del exdiputado nacional Humberto Roggero.

Por un lado, están los malos tratos, los insultos y hasta las expresiones que llegaron a denunciarse como acoso laboral o sexual. “Los exabruptos del sumariado, gritos y reacciones desproporcionadas, faltas de respeto y expresiones inadecuadas o indecorosas en el ámbito de sus funciones generaron tensiones y mal clima laboral dentro de la dependencia a su cargo y hacia afuera de ella, lo que pudo perjudicar las relaciones de ese organismo con otros poderes y dependencias del Estado. La gravedad de estos hechos está dada por su reiteración o continuidad durante un término prolongado, porque trascendieron el ámbito de la Fiscalía y afectaron la imagen del Fiscal y, en consecuencia, la de esta institución”, señala el procurador interino en su resolución.

En segundo término se le adjudican a Lega presiones sobre los empleados de la Fiscalía para que firmaran notas en su apoyo. “Si bien, como se señaló, los testigos no hicieron referencia a presiones de Lega para direccionar o condicionar sus declaraciones ante la instructora, en atención a que se trata de un hecho que surgió de la prueba agregada al sumario, considero necesario que ante el Tribunal de Enjuiciamiento se dispongan las medidas necesarias que permitan determinar el alcance que tuvo la conducta cuestionada en el contexto en que se realizó”.

El tercer motivo de reproche a Lega de parte del procurador, que surge además de una investigación realizada por la instructora del sumario y después avalada por la Asesoría Jurídica, refiere a las críticas sobre la actuación del fiscal federal en la causa Roggero.

“Teniendo en consideración que el imputado Roggero se había desempeñado como diputado nacional y embajador ante la República Italiana, correspondía que desde este Ministerio Público se agotasen todas las medidas de investigación que hubieran permitido determinar si su evolución patrimonial se encontraba justificada, sus movimientos de capital y las participaciones accionarias suyas y de su cónyuge, durante el tiempo que desempeñó funciones públicas, no sólo por el interés público del caso sino también para que la imagen de esta Institución no se viera afectada por las dudas que pudo generar la cuestionada actuación”, manifestó el procurador Casal.

Y agregó: “En definitiva, corresponde abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación con el objeto de que se determine si los hechos atribuidos al doctor Guillermo Rodolfo Lega, titular de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, justifican la aplicación de su remoción u otra sanción”, concluye el procurador interino.

La investigación previa

Las conclusiones de Casal se basan en la investigación que llevó adelante la instructora del sumario, que recolectó testimonios, tanto a quienes acusaban a Lega de maltratos y de un mal desempeño de sus funciones, como del propio fiscal.

La funcionaria que instruyó el sumario investigó especialmente el trabajo de Lega en la causa Roggero y en la denominada “escándalo de los cheques”, en la que se investigaba una multimillonaria maniobra fraudulenta con indigentes.

El reproche de la instructora a Lega en la causa Roggero, específicamente en lo referido al enriquecimiento ilícito, es que el fiscal no formuló requerimietno de instrucción y había pedido el archivo de la causa. A la vez, el fiscal no profundizó, según la investigación, sobre el origen de los fondos con los que el matrimonio Roggero-Bilbao había adquirido una importante cantidad de propiedades. También cuestionó la postura de Lega con respecto a los informes de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal, sobre inconsistencias en las declaraciones juradas de Roggero y Bilbao, en cuanto a la vinculación de Bilbao con empresas constituidas en Uruguay. También se le reprochó a Lega haber desatendido el dinero girado y recibido por sociedades relacionadas con el matrimonio hacia cuentas de bancos extranjeros y también el movimiento de la cuenta de Bilbao en el Banco Francés.

Según la investigadora, la administración de empresas por parte del matrimonio mostraba irregularidades que debieron ser indagadas por el fiscal Lega.“El trabajo del fiscal no fue eficiente en términos del éxito de las investigaciones y obtención de condenas. El fiscal en todas las causas asume un rol reactivo, vinculado más al paradigma del fiscal del control de la legalidad desinteresándose de los resultados concretos de la investigación”, se lee en las conclusiones.

Los motivos de la investigación

El sumario que se le inició al fiscal Guillermo Lega y que derivó en la apertura del jurado de enjuiciamiento apuntaba a investigar una serie de acusaciones y sospechas:

1- Si realizó determinados gestos frente a periodistas que pudieron implicar una falta de respeto a la investidura del juez federal y una actitud impropia en su rol de fiscal.

2- Si incumplió un deber al omitir denunciar la filtración de intervenciones telefónicas en la causa Vilches, cuyas gabaciones se emitieron en un programa de televisión.

3- Si incurrió en inconductas, falta de decoro y maltrato hacia el personal.

4- Si su intervención en las causas Roggero, Mengo, LEF fue adecuada en el marco de su independencia funcional o si merece reproche funcional de alguna índole.

5- Si dio información a la prensa vinculada a la investigación de filtraciones.