En el marco de la audiencia pública convocada por el gobierno nacional para definir el aumento del gas natural, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto planteó que no están dadas las condiciones para que las familias, los profesionales o los comerciantes paguen más de lo que están pagando. “Debe sostenerse la misma tarifa por, al menos, un año”, indicó el defensor del Pueblo, Ismael Rins.
En la audiencia de ayer, Juan Salum, de la Distribuidora de Gas del Centro (Córdoba, Catamarca y La Rioja) presentó, según informó Télam, tres alternativas de aplicación de un aumento del 72,2 por ciento. Según Salum, el esquema generará una suba del 25,5 por ciento en usuarios residenciales, una rebaja del 12,1 por ciento en los beneficiarios del régimen de zona fría (todo el sur provincial está incluido) y del 37,2 por ciento en los que cuentan también con tarifa social.
Rins, que participó de la audiencia, puso en duda que sea verdad la afirmación de que habrá usuarios que pagarán menos. Señaló que el pedido de la empresa no está claro y que lo concreto sería una suba del 93 por ciento en el cargo fijo y del 30 por ciento en el variable.
“Nosotros estamos planteando que en este contexto no se pueden aplicar aumentos. Recordemos que esta es la empresa que cuando los usuarios del servicio nos encontrábamos encerrados en plena pandemia nos mandaba las intimaciones de pago y, como la gente no podía salir a pagar, le cobraban una multa por pago fuera de término. Fue la misma empresa que luego aplicó estimaciones de consumo tomando los consumos más elevados y, cuando se le mandó a devolver en tres veces esa diferencia por cobro de más, no lo hizo. Esta es la misma empresa que como Defensoría del Pueblo le pedimos en agosto de 2020, cuando nos tuvimos que encerrar de nuevo por la pandemia, que no enviara las facturas para no generar de nuevo intimaciones de pago. También hizo caso omiso. Ellos dicen que tienen un atraso de 26 meses en la tarifa pero en ese tiempo hubo 18 o 19 meses de pandemia”, indicó Rins.
El defensor del Pueblo destacó que, en realidad, el año pasado hubo un aumento de entre el 10 y el 15 por ciento y que lo que ahora plantea la empresa es generar una fuerte suba de los cargos fijos, que no dependen de la magnitud de consumo.
Rins manifestó que deberían revisarse las categorías que actualmente se usan para la tarifa del gas.
“La discusión debemos centrarla en el aumento muy significativo que piden de los cargos fijos;por otro lado reclaman una suba acotada en el costo variable, que es el metro cúbico. Todo hacer prever que van a pedir una nueva audiencia para aplicar incrementos en el costo variable en la época en que haya más consumo de gas. Ahora no le sirve que aumente el costo variable porque la gente no está consumiendo gas;lo que le sirve a la empresa es que suba el costo fijo”, señaló Rins.
Para el defensor del Pueblo, lo que debe repensarse es el esquema que se está aplicando para definir las categorías de usuarios y de segmentación de tarifas.
“Lo que nosotros siempre planteamos como argumento es que hay que pensar otra lógica; no está bien seguir pensando en las categorías actuales de los usuarios del gas porque son muy desparejas. Pensemos que equiparan a un usuario que consume 1.800 metros cúbicos por año con alguien que gasta 5.000 o 6.000 metros cúbicos. Las categorías terminan en el consumo anual de 1.800 metros cúbicos;de ahí para arriba es todo igual. No sé por qué no se discuten de nuevo las categorías. Las empresas plantean si les da o no les da la ecuación económica financiera. Lo que sí está claro es que la ecuación económica financiera de las familias no da”, dijo Rins.
Con respecto a las diferencias que existen en la tarifa del gas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el interior del país, el defensor del Pueblo declaró que las empresas aplican un criterio puramente comercial para establecer los montos que pagan los usuarios.
“Se paga distinto en todos lados. Cada vez que planteamos el tema nos responden que en Amba tienen otra densidad de clientes;entonces el cargo fijo es distinto. Pero lo que están haciendo es aplicar esquemas netamente comerciales a un servicio esencial. Siempre nos pusimos a disposición para llevar alternativas”, manifestó el ombudsman.
En lo referente al planteo del incremento de las tarifas para el año, que el gobierno nacional había señalado que no debía superar el 20 por ciento, Rins fue tajante y dijo que no se puede prescindir del contexto para tomar una decisión en ese sentido.
“No tiene que aumentar el servicio;menos el costo fijo. Tienen que pensar que hay una clase media que se ha esforzado. Se trata de profesionales, comerciales, empleados que necesitan que este servicio se sostenga a ese precio por lo menos un año. Pero, paralelamente, hay que ir trabajando en una recategorización por encima de los 1.800 metros cúbicos. de consumo y que los que mayor capacidad económica tengan paguen más. La empresa está pidiendo una suba del 93 por ciento en el cargo fijo y del 30 por ciento en el variable, un aumento que no se puede aceptar en este contexto”, indicó Rins.