Una extrabajadora denunció maltratos en un geriátrico clandestino de Villa Carlos Paz
Una mujer que trabajó en la residencia reveló con pruebas fotográficas el trato degradante que recibían los adultos mayores en el establecimiento de Villa Carlos Paz. Su presentación ante la Policía permitió que la Justicia interviniera y dispusiera la clausura del lugar, además del traslado de los residentes
Las imágenes son difíciles de mirar. Ancianos atados de pies y manos, con la piel lastimada por permanecer horas inmóviles, otros con el cuerpo marcado por golpes y descuidos. Escenas que parecen pertenecer a otra época, pero que ocurrieron en pleno 2025, a pocas cuadras del centro de Villa Carlos Paz. La denuncia que permitió sacar a la luz este infierno partió de Evangelina Cortés, una mujer que trabajó apenas un mes en el lugar y que, antes de escapar de ese entorno, decidió registrar todo con su teléfono celular. Las fotos se convirtieron en la prueba clave que derivó en el allanamiento y clausura del establecimiento, que funcionaba de manera ilegal.
La residencia clandestina estaba ubicada en calle Monteagudo esquina Lisandro de la Torre. Allí vivían al menos once adultos mayores, de los cuales nueve fueron rescatados tras la intervención de la Justicia y el municipio. Dos de ellos presentaban lesiones compatibles con los maltratos que la extrabajadora había denunciado.
En declaraciones a Puntal, Cortés relató con crudeza lo que vio entre julio y agosto de este año, durante el tiempo que estuvo contratada en el turno nocturno. “A los abuelitos ya me los entregaban atados y dopados. Yo veía cómo Cintia, la responsable del geriátrico, y su empleada Alejandra los tiraban a la cama con brutalidad y les ajustaban vendas o prendas de vestir para inmovilizarlos. Eso pasaba todos los días”, contó.
Según su testimonio, las ataduras no obedecían a situaciones excepcionales ni a necesidades médicas, sino que eran la forma habitual de “controlar” a los residentes. “Un abuelo, que podía caminar perfectamente, lo mantenían atado todo el tiempo. Había abuelas con escaras por pasar horas y horas sin moverse”, agregó.
El relato se completa con las condiciones insalubres que también fotografió: adultos mayores con la misma ropa durante días, olor penetrante a orina, baños con toallas manchadas de excremento que eran reutilizadas para secarlos. “Tenían olor a pis, la ropa nunca se cambiaba. Y en los baños había toallas sucias que usaban igual, como si fuera normal”, dijo la mujer.
El lugar no contaba con habilitación municipal, ni con profesionales de la salud, ni con el equipamiento mínimo para atender emergencias. No había oxígeno, ni ambulancia disponible, ni personal idóneo. “La dueña y su empleada eran las únicas que accedían a la medicación de los abuelos. Eran ellas las que decidían qué darles y cuándo, sin ningún control médico”, denunció Cortés.
Además, la mujer señaló que sufrió también irregularidades laborales: la hacían trabajar diez horas diarias, aunque solo le pagaban por ocho, bajo el argumento de que “en la noche no se hacía nada”.
La extrabajadora aseguró que antes de presentarse en la comisaría intentó alertar a las autoridades municipales y al defensor del pueblo de la ciudad, pero nunca obtuvo respuesta. “Nadie me escuchó hasta que llevé las pruebas a la Policía. Por eso me decidí a juntar fotos y videos, porque sabía que sin eso no me iban a creer”, explicó.
Finalmente, el martes pasado formalizó la denuncia en la comisaría de Villa Carlos Paz. Un día después, el miércoles, la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno dispuso el allanamiento, la clausura preventiva del espacio y el traslado de los residentes a otros centros asistenciales.
Las imágenes viralizadas generaron un fuerte impacto social. La exempleada apuntó directamente contra Judith Cintia Sancho, a quien identificó como responsable del establecimiento. Según su versión, la misma persona ya había sido objeto de una clausura anterior, que habría evadido tapando la faja de clausura con una bandera.
La Fiscalía, ahora, deberá determinar las responsabilidades penales. No se descarta que la causa avance con imputaciones por abandono de persona agravado y otros delitos vinculados a la explotación laboral y el funcionamiento ilegal de un establecimiento sanitario.
Pese a la crudeza de sus denuncias, Evangelina Cortés aseguró que no teme por su seguridad. “Ella me decía que tenía contactos en la municipalidad y en tribunales, pero yo no tengo miedo. Creo que acá hay alguien arriba que no permite estas cosas. Yo voy a seguir adelante, por este geriátrico y por todos los abuelos que siguen sufriendo en otros lugares”, afirmó.
La clausura del geriátrico de Monteagudo y Lisandro de la Torre es apenas un primer paso. La causa penal recién comienza y el debate social se abre sobre cómo garantizar que ningún adulto mayor vuelva a vivir en el encierro, la violencia y el abandono disfrazado de cuidado.