Sin embargo, en política existe la máxima de que todo poder genera, a la corta o a la larga, un contrapoder, una fuerza que aunque no sea equivalente puede significar un contrapeso. Algo de eso parece haber empezado a construirse entre los gobernadores, que por primera vez se reunieron con asistencia perfecta en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no sólo para lamentarse porque la Nación no cumple con sus promesas de envíos de fondos sino para definir una estrategia legislativa que le imponga a la Casa Rosada un cambio de criterio. En el Congreso dan por descontado que los mandatarios acordarán un proyecto para modificar la distribución del impuesto a los combustibles, que originalmente debe derivarse en parte a obras de infraestructura en todo el país, y para al menos atenuar el carácter discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional.
No es sólo una declaración de intenciones:los gobernadores tienen los números en el Congreso para imponer el proyecto y también para resistir uno de los impulsos más comunes de Milei: el veto. Pueden demostrar fuerza.
Hubo, en ese punto, un cambio de metodología: pasaron de la negociación particular, en la que cada uno buscaba llevarse lo que individualmente le interesaba, a actuar en bloque para mostrar que, si quieren, tienen herramientas para incomodar a la Casa Rosada ¿Por qué cambiaron?Un funcionario cordobés lo explica claramente:“Estamos hartos de que nos prometan y no nos cumplan nada”.
Pero, más allá de las promesas que incumplen los libertarios, el bolsillo empieza a apretar a las administraciones provinciales. La recaudación baja por el estancamiento del consumo y la coparticipación cae. En mayo, hubo provincias, como Córdoba, que perdieron hasta el 25% de la coparticipación.
Ahora la incógnita es si se está gestando una remake de lo que fue la poderosa Liga de Gobernadores o si sólo es una reacción puntual. Para quebrar ese frente, para doblegarlo a poco de su concepción, la gestión de Milei ejecutó un movimiento clásico:intentar desarticular lo grupal y responder a cada uno de los gobernadores por separado. Por ejemplo, pocas horas después de la reunión en el CFI, la Nación envió a Córdoba los 10.000 millones de pesos que se acumularon durante mayo y junio a raíz del acuerdo por la Caja de Jubilaciones.
Sin embargo, en el gobierno de Llaryora ese monto deja gusto a poco. La Provincia perdió en mayo 156 mil millones de pesos de coparticipación; los 10.000 millones de Anses son apenas un consuelo.
El interés y la presencia de Llaryora en el CFI obedece a que necesita garantizarse un flujo de fondos que despeje cualquier amenaza sobre la caja en un año electoral.
El oficialismo cordobés está ejecutando una estrategia en doble sentido:financiero y político.
En el primer plano, además de la movida con los gobernadores, Llaryora avanzó en procurarse sus propios fondos. La semana pasada, Córdoba se convirtió en la primera provincia que vuelve al mercado internacional desde 2017 al emitir un título por 725 millones de dólares a una tasa del 8,9% anual. “Es muy bueno porque nos libera el panorama financiero por los próximos dos años”, señalaron en el oficialismo.
Para esa emisión, Llaryora recibió el aval del Gobierno nacional, que autoriza todas las operaciones de ese tipo. Ahí hay una muestra de la ambivalencia de la relación de la Provincia con la Casa Rosada: en el plano de la gestión, se acercan o se alejan de acuerdo a las necesidades puntuales de cada uno. “Desde el Gobierno no nos podemos pelear definitivamente; no tenemos que perder de vista que tenemos que gestionar y que son momentos complejos”, indicaron en el oficialismo.
Llaryora se diferencia de Milei en algunos aspectos clave y en la etapa previa a las elecciones pero no dinamita los puentes. Después de la reunión en el CFI no hizo declaraciones a la prensa. En los actos en los que participó, entre otros en Río Cuarto, remarcó la importancia de una política estatal presente y fue abiertamente crítico con la decisión de elevar nuevamente las retenciones a la soja y el maíz, y sus legisladores acompañaron el reclamo de las universidades por mayor financiamiento. Pero Llaryora aplica una táctica conocida:pega y sale.
En ese punto, se dividieron los roles con Juan Schiaretti. El exgobernador se permite tener un discurso más crítico porque está fuera de la gestión y habla desde su papel de potencial candidato. En los últimos días, se mostró en el escenario nacional en un acto con Facundo Manes, el diputado proveniente de la UCR que viene de tener encontronazos incluso físicos con el gobierno libertario.
Schiaretti apunta a construir un frente que no sólo se contraponga al modelo de Milei sino que contenga a peronistas y radicales. El proyecto contempla ir sumando a dirigentes políticos en las próximas semanas que incorporen otros sectores y referentes. Llaryora está más enfocado en reforzar su imagen y la presencia de la Provincia en el interior. Las recorridas como las que protagonizó esta semana por el sur provincial siguen la línea de la “campaña permanente”que De la Sota y Schiaretti desarrollaron durante dos décadas.
Esa campaña contiene elementos propios pero también ajenos:por ejemplo, la decisión del Gobierno nacional de desoír el reclamo de los productores rurales y reinstaurar los niveles de retenciones para el maíz y la soja es casi una bendición para la estrategia política de Llaryora. Le da no sólo la oportunidad de contraponerse discursivamente sino, además, de tratar de afianzar la identificación con un sector clave para el oficialismo cordobés. Le facilita un argumento.
El diseño estratégico del oficialismo cordobés es clásico y tiene lógica:se asegura financiamiento para no pasar sofocones y despliega mientras tanto una estrategia política con mirada netamente electoral. Pero, a veces, en la política se sueltan algunos hilos. Y un hilo que se desata periódica y casi inevitablemente en Córdoba es el de la Policía, que ha venido concatenando una sucesión de escándalos que no son protagonizados por simples agentes de calle sino por altos jefes de la fuerza.
Cuando todavía no había logrado recuperarse del impacto que causó la detención de Alejandro Mercado, subjefe de la Policía que está acusado de liderar una organización ilícita dedicada a cometer múltiples delitos, el Gobierno provincial debió enfrentarse en las últimas horas a la noticia bomba de que el director general de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, había sido apresado en una causa en la que se lo acusa de ser el jefe de una banda dedicada a la extorsión, la coacción, el peculado, y, por supuesto, el enriquecimiento ilícito. Hay otros seis detenidos, la mayoría policías, entre ellos un hermano de Ochoa Roldán.
Los dos jefes implicados habían sido promovidos a esos altos cargos por el actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que ahora enfrenta una delicada situación política. No sólo porque la oposición encontró una ventana para profundizar el daño que ya de por sí generan las detenciones de miembros de la cúpula policial sino porque los últimos casos ponen en crisis el discurso del Gobierno provincial.
El oficialismo no sólo puso a la seguridad como su eje principal de gestión sino que viene sosteniendo una encendida defensa de la fuerza policial. “Los buenos son los de azul”, suelen decir desde el gobierno.
La sucesión de causas y delitos hace que sea casi imposible de sostener una frase que repite Quinteros y que asegura que son casos aislados y desafortunados en una fuerza que, según dice, es “absolutamente transparente”. El ministro llegó a declarar, increíblemente, que los delitos de Ochoa Roldán no tienen nada que ver con el ejercicio de su cargo. Como si un policía, y sobre todo un jefe, pudiera despojarse de su función y de sus obligaciones en sus ratos libres y pasarse del otro lado del mostrador.
El discurso oficial de que está depurando la fuerza da signos inocultables de agotamiento. Ya no alcanza con decir que los policías son buenos;desde el poder provincial deberá salir alguna señal más concreta, más imaginativa y contundente.