Allí se dispone la transformación del Inta en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción colegiada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo que será asistido por un Consejo Técnico ad honorem que preservará la representación de los productores y definirá los lineamientos científicos-técnicos del organismo. Ya no tendrán participación los representantes de las facultades de agronomía y veterinaria del país. Algunos de esos puntos fueron rechazados por las entidades del campo que reclamaban la continuidad de la autarquía del Inta, su conducción colegiada y la estructura de centros experimentales.
“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, remarcó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la hora de analizar la reforma. Esta estructura que se extiende a lo largo de todo el país es la que las entidades del campo querían sostener para garantizar el respaldo a productores de las más variadas actividades agropecuarias que van desde Jujuy a Ushuaia. Y allí resta resolver además qué ocurrirá con esa estructura: ¿continuarán las agencias de extensión rural como la de Río Cuarto?
Según indicó el funcionario, “su presupuesto de gastos anuales es de $224.000 millones, mientras que los recursos asignados al organismo son de $411.000 millones, provenientes de una contribución sobre las importaciones y una parte de la recaudación de la tasa estadística. ¿El dato que expone el absurdo? Que los $411.000 millones asignados en recursos al Inta equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz”, indicó Sturzenegger.
¿Se venderán los campos del Inta? ¿Cómo será el proceso?
En un párrafo aparte, el ministro de Desregulación destacó “un dato revelador: el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre. El informe de la SIGEN (2023) reveló importantes deficiencias en el control: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión. El dislate llegó a tal punto que el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado”, apuntó. Y luego remarcó: “Las fallas eran estructurales, no aisladas”.
Luego Sturzenegger apuntó contra los fines del Inta: “Aún más importante, el funcionamiento del INTA había perdido su rumbo estratégico. Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario. Así, en lugar de generar tecnologías y conocimientos aplicables a la producción, el organismo migró hacia el desarrollo de la agricultura familiar, o financiaba proyectos de investigación más de carácter sociológico que técnico (por ejemplo “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia”, “¡Alto!... Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” o “Comidas del pueblo wichi”)”, enumeró, sin mencionar allí los múltiples estudios y avances logrado en infinidad de materias productivas que permitieron el campo argentino dar saltos de calidad evidentes a lo largo de su historia.
“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial, probablemente a través de mecanismos de cofinanciación con el sector privado”, acotó Sturzenegger.
Finalmente, aseguró que “la transformación preserva íntegramente las capacidades técnicas del INTA, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia. El objetivo es claro: devolverle racionalidad institucional y reorientarlo hacia su verdadera misión fundacional, que es promover la innovación científica y tecnológica al servicio del desarrollo agropecuario”.
