La dinámica del coronavirus hace que la política entre en contradicciones difíciles de explicar. Que diga una cosa y haga otra. Que culpe a las reuniones sociales por el crecimiento constante de los casos pero que, a la vez, sin ninguna justificación científicamente convincente, habilite los encuentros familiares hoy, siempre y cuando no sean de más de diez personas y se tome la precaución de mantener abiertas las ventanas. Por suerte, el tiempo estaría dispuesto a colaborar y sería, según el Servicio Meteorológico Nacional, un día de temperatura amigable.

En Río Cuarto, que está inmerso en un brote desafiante, el intendente Juan Manuel Llamosas ejerció la sensatez y decidió contrariar, como pocas veces ha ocurrido, una decisión de la gobernación: anunció que no es momento para permitir que las familias vuelvan a verse, abrazarse y compartir la mesa.

Hay quienes dicen que lo que hizo el gobierno de Juan Schiaretti en realidad fue una habilitación en abstracto porque, de hecho, los encuentros se producen, los acepte el COE o no. Está bien, puede ser verdad. Pero, en este caso, lo que genera ruido no es la conducta individual o grupal -que también puede ser reprochable- sino la confusión que genera el poder político provincial. ¿Por qué permitir las reuniones familiares si hasta hace horas se las culpaba -junto a los asados entre amigos- de la propagación del virus? ¿El único argumento es que los cordobeses son familieros y que, por lo tanto, a pesar de los riesgos, hay que ser indulgentes y dejar que se junten? Las ganas no alcanzan como fundamentación en una emergencia sanitaria: porque ganas -de reunirse, de abrazarse, de besarse, de ver a tus viejos, de abrir los comercios sin las odiosas restricciones actuales, de ir a un bar a cualquier hora de la noche-, lo que se dicen ganas debe tener más de uno. Pero las decisiones sanitarias, en una pandemia como la actual, tendrían que asentarse más que nada en lo epidemiológicamente sensato. El poder puede ser antipático, más en un tiempo extremo como el actual, pero no debería convertirse en una entidad que autoniega sus propias conclusiones.

Lo que genera la decisión cordobesa es, principalmente, desconcierto. Y del poder político se espera, en este contexto, lo contrario.

Río Cuarto, mientras tanto, vive su drama particular. Y la pregunta que sobrevuela es si, al final, no terminaron siendo contraproducentes aquellos 100 días, que hoy parecen lejanos, en los que la ciudad estuvo sin ningún caso.

Agosto fue calamitoso, y no precisamente por sus vientos. Cuando el mes hacía su ingreso, Río Cuarto tenía apenas 14 infectados. Cuando se fue, dejó tras de sí 676 casos y un reguero de consecuencias sociales, sanitarias y políticas.

Los 100 días sin nuevos contagios le dieron a la ciudad no un privilegio sino una oportunidad: dispuso de 14 semanas más para prepararse, para acondicionar un sistema de salud que inevitablemente, según admitían en el COE y el Municipio, debería enfrentarse al coronavirus.

Pero apenas un mes después de la reaparición de los casos, y ni bien la cifra diaria saltó de una decena a un centenar, comenzaron a sonar las alarmas. Las clínicas lanzaron las primeras advertencias; ahora, la Agrupación de Entidades Sanatoriales (Aesa) habla de riesgo de colapso y de un panorama sombrío. Y no fue sólo la voz de los privados la que señaló el rápido resquebrajamiento del sistema sanitario riocuartense sino que el propio infectólogo del Municipio, Lucas Stefanini, apareció desolado en Telediario advirtiendo que si la curva de contagios sigue igual, entonces en no más de dos semanas deberán enviarse pacientes hacia otros distritos.

Lo llamativo del caso riocuartense no es que hayan aparecido problemas sino su velocidad. Las clínicas señalaron que no se hicieron cuestiones básicas a pesar de que se vienen anunciando constantemente: el laboratorio de análisis de la Universidad aún no funciona, lo que deriva en demoras de hasta una semana en la llegada de los resultados, y los centros de contención, que iban a servir para descomprimir a los sanatorios, están vacíos.

Desde el gobierno y el COE responsabilizan fundamentalmente a los ciudadanos por la propagación del virus: se reúnen, comparten el mate, comen asados, hacen fiestas de disfraces, de cumpleaños y de aniversario.

Y es, en parte, una recriminación pertinente la del Municipio. No se puede endilgarle al Estado con exclusividad la respuesta integral a la pandemia. Existen otras instancias. Lo que ocurre con el brote actual puede desglosarse en dos planos de responsabilidad: la individual y la política.

La política es la que compete a los funcionarios, a los equipos de salud y de gobierno. Contempla la etapa anterior a la enfermedad, es decir la prevención y la preparación del sistema, pero fundamentalmente la posterior: la atención de los casos, la distribución de los recursos para que no haya un colapso, la capacidad de respuesta.

La individual es, más que nada, previa a la enfermedad; es la que abarca los cuidados para no contagiarse. Es la que le compete a la gente y que es indelegable.

Esta semana, en el bloque de Cambiemos cuestionaron a Llamosas porque consideran que adherir a la escala de multas de la Provincia, que fija sanciones de hasta $ 500 mil, traslada todo el peso de la culpa hacia la sociedad. En, en realidad, una postura demagógica, que desconoce que los ciudadanos tienen obligaciones. Del otro lado, el gobierno ensaya una posición contrapuesta e igualmente simplista: la autoexculpación.

El brote de Río Cuarto, que ya de por sí generaría tensión, suma un componente propio, que es la inminencia -que ya parece eterna- de la elección. En ese contexto, la tirantez se intensifica y hace que el debate y las acciones se salgan de eje. Porque Llamosas es intendente y candidato y necesita afianzar el discurso y las decisiones que puedan potenciarlo en las urnas; porque la oposición, fundamentalmente Juntos por Río Cuarto, olfatea que la pandemia le ha dado la oportunidad que no tenía e intensifica la diferenciación y la crítica hacia el gobierno.

El panorama opositor también parece estar mutando por la pandemia y los sucesivos retrasos en la votación, que no fue el 29 de marzo ni será el 27 de septiembre, causan movimientos. Eduardo Scoppa, candidato a intendente de Riocuartenses por la Ciudad, lanzó una señal con destino al radicalismo. Declaró que debería iniciarse un diálogo en la oposición para crear un bloque menos atomizado y más fuerte para enfrentar a Llamosas. Es decir, tender a una polarización que convierta a la elección en un mano a mano. Hasta ahora, el candidato Gabriel Abrile no ha dado indicios, públicos al menos, de haber recibido el mensaje.

Hay una característica de la elección riocuartense que la convierte en un capítulo particularmente interesante. Por supuesto, el intendente será avalado o castigado por su actuación en la pandemia, por su capacidad de liderazgo. Pero hay un elemento circular que escapa a su radio de acción: las conductas o inconductas individuales generan comportamientos sociales -respetar o no las medidas preventivas, por ejemplo-, que a la vez tienen efectos sanitarios pero, aquí está el punto, también políticos. Si una persona o un grupo o una comunidad no se cuidan, el virus seguirá propagándose, el sistema sanitario será puesto en máxima tensión, las limitaciones podrían quedar aún más expuestas, y el impacto terminaría recayendo sobre los gobernantes. Los mismos que facilitan que el Covid se disemine podrían ser después los que castiguen a los dirigentes por su propia desatención.