Este viernes, el Gobierno Nacional puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la intención de transferir el 90% de sus acciones a un operador estratégico del sector privado.
La decisión genera incertidumbre, especialmente respecto a cómo se manejarán las tarifas futuras y qué ocurrirá con los usuarios que arrastran deudas en sus facturas. Fuentes oficiales aún no han brindado información precisa sobre este punto, lo que deja en vilo a miles de hogares con compromisos impagos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la medida. Justificó la iniciativa al señalar que desde su reestatización en 2006, la empresa ha necesitado aportes constantes del Estado, que suman más de 13.400 millones de dólares. Además, criticó la gestión anterior por haber destinado más de 4.800 millones de dólares a AySA, a la que calificó como una herramienta con fines políticos y electorales.
En cuanto a los trabajadores, Adorni aseguró que se mantendrán dentro del esquema de propiedad participada, que contempla un 10% del capital accionario. El restante 90% será puesto a disposición mediante una licitación nacional e internacional, complementada con una oferta pública inicial en el mercado bursátil.
El anuncio marca un nuevo paso del Ejecutivo en su política de desregulación y reducción del Estado, aunque con varios aspectos aún sin definiciones claras, particularmente en lo que respecta al impacto directo sobre los usuarios.
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