El principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el Gobierno anunció hace diez días parece que en realidad cumplió un año. Fiel a la vorágine argentina, cada día vale por varios de otro lugar del planeta. Y esta vez no fue la excepción.
A las pocas horas de lo que el Gobierno consideró una gran noticia que permitía despejar el horizonte y proyectar la continuidad de la recuperación económica, estalló una bomba interna con la renuncia a la jefatura del bloque oficialista en Diputados de Máximo Kirchner justamente argumentada en ese principio de entendimiento con el organismo internacional. Máximo dejó en claro que no compartía para nada el modo de negociación y dejó su cargo, aunque no su banca. Detrás de él, algunos otros decidieron acompañarlo en esa posición, lo que abrió el interrogante de si el Frente de Todos tendrá los votos para aprobar el acuerdo cuando finalmente se firme con el FMI. El del Congreso es un paso clave que por ahora el oficialismo no puede garantizar. Y enfrente, la oposición navega en su mar de dudas: ¿apoya o no apoya; acompaña con los votos al debilitado oficialismo o lo deja que se enrosque en su propia interna aunque esto, claro, tenga cosecuencias para el país todo?
Como telón, se escuchan voces que incluso proponen no pagar la deuda, se supone que bajo la idea de que eso sería mejor que afrontarla. Incluso en el propio oficialismo hay posiciones en este sentido, con aditivos como que un acuerdo además legitimaría la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri. Ese compromiso asumido en el Gobierno anterior fue claramente desmedido y el destino de los billetes de ese préstamo aún no fue debidamente explicado. Pero ahora, con el problema sobre la mesa, cuando es necesario tomar decisiones contra reloj, el que marcó la voz de los despachos de la Casa Rosada en estos días fue el propio negociador del Gobierno ante el Fondo: el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fue él quien en un mensaje desde Moscú pareció hablarle más a la tropa propia que a la de enfrente cuando dijo que sin un acuerdo con el organismo de crédito todo sería peor. El funcionario incluso detalló que si no se alcanza un entendimiento habría menos dólares en la economía, menos actividad, menos empleo y más inflación. Al gobierno de Fernández le quedan dos años de gestión y, si los dichos de Guzmán se concretan, difícilmente el Presidente pueda pensar en una reelección. En términos políticos también encauzar el problema de la deuda será una bisagra y por eso la declaración intenta que nadie “saque los pies del plato”.
Al nudo central de esa negociación con el FMI le siguen varios temas de discusión satelitales. Es que si se avanza en el entendimiento habrá tareas que el Gobierno deberá encarar más temprano que tarde hacia adentro, muchas de las cuales implicarán ajustes, más allá de que se resista a mencionar el término. Incluso salió a destacar que esta vez no habrá reformas fiscales, previsionales o impositivas que realizar como consecuencia de la firma. Es cierto que, al menos por lo que trascendió hasta aquí, el organismo propuso como contrapartida una serie de condiciones “light” si se comparan con otros acuerdos con Argentina y con otros países. Pero tareas deberá hacer el Gobierno para cumplir y mostrar cada tres meses en las revisiones que anunció el FMI. Y un punto importante será la reducción del déficit fiscal y dentro de ese capítulo se espera el protagonismo de los subsidios.
Allí hay dos rubros centrales: energía y transporte. En términos económicos, el primero tiene mucha más relevancia que el segundo, pero ambos serán importantes por su impacto en el bolsillo de los consumidores o usuarios. Pero, además, los dos ponen cara a cara otra vez al interior con el AMBA. La brecha de lo que paga un consumidor de electricidad en un barrio porteño y otro que vive en el interior de Córdoba es abismal. Y lo viene siendo desde hace años. Esto también se vuelve fundamental cuando se mira al sector productivo y se piensa en lo que le cuesta a una empresa producir un tornillo en Marcos Juárez y a otra similar ubicada en un barrio porteño. ¿Cómo compite en el mismo mercado la cordobesa si parte de un costo energético tan desparejo? A su vez, su trabajador en la casa tiene una factura de luz más cara y para llegar a la fábrica debe pagar más caro el boleto, por lo que requerirá de un mejor sueldo finalmente. Ni que hablar de los costos de la alimentación, la vestimenta o el combustible, en caso de que tenga auto y lo utilice para ir a trabajar.
En el transporte ocurre lo mismo. Sólo para tener en cuenta: mientras en el interior del país se invirtieron el año pasado $ 28 mil millones de pesos en subsidios, en AMBA la cifra fue de $ 15 mil millones por mes. Eso no es gratis porque en Buenos Aires hay mejor servicio, con mejores unidades y frecuencias con un menor precio que termina pagando el pasajero. Allá el boleto cuesta 18 pesos, mientras en el interior está en torno de los 60 o 70 pesos con algunas excepciones como RíoCuarto, con $ 42. Por lo tanto, esas inequidades se traducen para el interior en un peor servicio y a un precio mucho más caro.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal

