El gobierno de Córdoba tenía preparado, hasta minutos antes del anuncio oficial del viernes, un esquema de restricciones más estricto que el que finalmente empezará a aplicarse mañana. El cambio fue tan intempestivo que algunos municipios, como por ejemplo el de Río Cuarto, anunciaron a los medios una medida que afectaba de lleno a los comercios no esenciales porque les prohibía la atención al público y les imponía sólo la venta por delivery. La gestión de Juan Manuel Llamosas primero difundió esa versión, que hubiese generado una reacción negativa de los comerciantes, pero en minutos debió desdecirse porque desde Córdoba informaron que esa limitación que se había acordado en la reunión entre los intendentes y la Provincia había quedado desactivada.

El episodio es sintomático. Porque resume dos características que mostró el gobierno provincial en el momento más complicado y desafiante de la crisis causada por el coronavirus: se mostró errático y tardío en la toma de decisiones;actuó en una dirección y a los pocos días debió tomar otra porque, a fin de cuentas, la pandemia no atiende a voluntades políticas y termina imponiéndose.

La gestión de Juan Schiaretti había definido desde 2020 un esquema que contemplaba sostener la vida social y económica casi como en tiempos de normalidad mientras apostaba a la responsabilidad y concientización social. Esa permisividad se fue ajustando a medida que la segunda ola se apersonó y el cuadro clínico fue empeorando pero sin abandonar jamás la premisa de mantener las actividades en marcha aunque la amenaza fuera creciendo. “Córdoba no para”, decía el eslogan.

La Provincia fue quedando presa de su propio discurso y de esa concepción. Había expresado como principio la necesidad de seguir produciendo y, desde febrero, se estableció como prioridad absoluta la presencialidad en las escuelas, un punto en el que se diferenció de Alberto Fernández y del kirchnerismo bonaerense, que venían reclamando la necesidad de cerrar las escuelas en pleno pico de la pandemia. Como ocurre indefectiblemente en los últimos años, las clases se transformaron en un motivo de exacerbación de las pasiones, de fanatización, y de uno y otro lado aparecieron quienes tildaron de asesinos a quienes querían las clases presenciales y quienes plantearon que la educación virtual es una estrategia para tener al pueblo sumido en la ignorancia y manipularlo con un bolsón y un plan social.

Con esa exacerbación, la modalidad de las clases se convirtió no en un aspecto pragmático y sanitario sino en una cuestión ideológica. Córdoba se instaló del lado de quienes elegían tener a los chicos en las escuelas, con el argumento de que es un ámbito seguro, de bajo nivel de contagios. Lo sostuvo incluso después del 30 de mayo, hasta hace un puñado de días, cuando decidió que los chicos debían volver a las escuelas aunque la pandemia estuviera en su punto más alto y las clínicas y hospitales estuvieran advirtiendo la necesidad de bajar los casos para evitar el colapso definitivo.

La semana que pasó representó el peor momento de Córdoba desde que apareció el coronavirus. No sólo por el ascenso vertiginoso de casos, que era probable, sino por la manera en que el Estado respondió a esa evolución del virus. Por primera vez, y en el contexto más angustioso, el gobierno, que había establecido un modo de actuar, fue sobrepasado por la situación y debió ajustar su libreto sobre la marcha. En el clímax de la crisis, cuando las conducciones políticas deben servir de referencia y de elemento estabilizador, la Provincia tuvo su traspié más evidente.

Su derrota fundamental fueron las clases. El viernes se anunció la suspensión de la semipresencialidad sin demasiadas argumentaciones que acompañaran la decisión;es que esos argumentos, de haber aparecido, se habían contrapuesto ostensiblemente con los contrarios, que el propio ministro de Educación,Walter Grahovac, había usado hasta horas antes para justiciar por qué Córdoba volvía a clases en un contexto epidemiológico tan delicado.

El capítulo de las clases disparó incluso en el inicio de la semana un nuevo contrapunto con el gobierno nacional:Alberto Fernández acusó a quienes reiniciaron la presencialidad de “jugar con fuego”. Esas compulsas públicas venían rindiéndole en términos políticos al schiarettismo porque acentuaban la diferenciación que tan bien cae en el electorado cordobés mayoritario.

Ahora, la Provincia ha resignado la presencialidad por 14 días aunque, según dijo el propio Grahovac, dependerá de la evolución que se observe en el número de casos y en la ocupación de camas.

Existe ahí finalmente una admisión tácita de que las clases constituyen un factor de riesgo. No sólo porque se suspende la presencialidad sino, fundamentalmente, porque se trata de la principal medida del nuevo esquema. Si se repasa punto por punto, las demás restricciones ya estaban presentes en los diagramas que venían funcionando. Algunas se intensificaron, como las que alcanzan a los bares y restaurantes, pero ya aparecían contempladas, como así también las limitaciones horarias a la circulación. El sello distintivo del conjunto de decisiones que se aplicarán desde mañana, el aspecto diferencial, termina siendo al final el de las clases.

“Córdoba no hace política con la pandemia”, dijo el gobernador en su discurso del viernes. En definitiva sí la hace, como así también Alberto Fernández. Como mínimo, la Provincia definió una política sanitaria (más allá de los aspectos especulativos y electorales) que, en este caso, pudo sostener mientras el coronavirus se lo permitió y que debió abandonar por imposición de las circunstancias.

Ahora, lo que necesita Córdoba, independientemente de la política, es contener el avance del virus. Y dependerá de dos factores: de la predisposición al cumplimiento que muestre la gente, que viene agolpándose en los espacios públicos a pesar de que casi todos tenemos cerca a alguien que se enfermó y la pasó mal, y de la voluntad de control del Estado, que en las últimas semanas optó por mirar para el costado y aplicar la clásica doctrina futbolística del siga siga. Ahora, desde el oficialismo aseguran que los epidemiólogos auguran resultados positivos, siempre y cuando las disposiciones se apliquen efectivamente. Y, para eso, el gobierno, que venía siendo permisivo, decidió poner a más policías en las calles y en las rutas. Por ejemplo, sólo la Caminera dispuso 47 puestos para evitar el tráfico interdepartamental.

El interrogante también pasa por la política, por el costo que podría pagar el gobierno por su paso en falso. ¿Cómo saldrá Schiaretti del récord de casos y de los hospitales abrumados?En el oficialismo señalan que el gobernador parte de un alto índice de imagen positiva. Por ejemplo, en Río Cuarto tiene una ponderación cercana al 60 por ciento. Pero esa es una realidad previa a la semana que pasó, cuando aún la Provincia no se había visto obligada a dar marcha atrás. La misma incógnita sobre el efecto que tendrán las nuevas restricciones ronda en el Palacio Municipal. Porque, según le marcó una encuesta reciente, Llamosas había conseguido recuperarse después de la caída del año pasado. Ese sondeo le da al intendente un 55% de imagen positiva; casi 7 de cada 10 riocuartenses destacan el plan de vacunación y el 58% apoya las medidas sanitarias locales.

El último capítulo que ofreció la pandemia en Córdoba y los resultados que se obtengan en las próximas semanas determinarán si esa foto puede perdurar o si es una imagen que ya está en el pasado.