Los servicios públicos ganaron de pronto el centro de la escena en varios planos y ninguno de los niveles de gobierno pudo esquivar la discusión esta semana. El foco principal se instaló a nivel nacional con las sugerencias de sectores internos de Cambiemos sobre las dificultades de amplios segmentos de la sociedad para afrontar las facturas de luz y gas. Al parecer era necesario que alguien se acercara a las oficinas de la Casa Rosada para describir el pulso de la calle, que de todos modos aún no habría alcanzado su mayor pico de preocupación porque hasta aquí, especialmente el gas mantiene bajos niveles de consumo por las temperaturas que todavía no se parecen demasiado a las de un otoño avanzado.
Muchos recuerdan los reclamos y las protestas que a mitad del año pasado se dieron a medida que fueron llegando las boletas con cifras abultadas. Ahora, sobre aquellos valores habrá que sumar hasta un 99% de incremento en el caso de Ecogas. No es difícil de imaginar que cuando los días fríos empiecen a generalizarse y los consumos trepen, el impacto de las tarifas genere un mayor malhumor.
Sin embargo, la advertencia de los socios de Cambiemos no permitió un cambio en los planes de actualización de tarifas que a mano de hierro viene sosteniendo el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Hay un dato no menor que avala al ex-Shell: su política le generó un ahorro de 80 mil millones de pesos a la gestión nacional durante el año pasado y eso fue el mayor aporte en la reducción del déficit fiscal, que es una de las principales problemáticas que enfrenta el Gobierno. Además, cumplió con éxito el recorte de los subsidios definido a fines de 2015. Esa política, según el Gobierno, generó un gran agujero en el sector energético por la falta de obras derivadas del nulo incentivo tarifario, y una demanda que crecía a pasos agigantados ante los nimios valores de las facturas, especialmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde los subsidios se volcaron más fuertemente, incluso en otras áreas como las del transporte. No hay demasiadas objeciones a que ese camino llevaba inevitablemente al colapso del sistema y que era imperioso empezar a revertir el camino antes de que sea demasiado tarde. La energía es el pilar de cualquier desarrollo y recuperar un sistema colapsado no se logra de un momento a otro, sino que requiere inversiones que en el mejor de los casos empiezan a mostrar señales de recuperación en un lustro.
Todo eso resulta indiscutible y hasta permitiría respaldar plenamente la política surgida desde el Ministerio de Energía. Sin embargo, es una mirada enfocada exclusivamente en una de las puntas del ovillo. Del otro lado, quienes son destinatarios de las políticas quedan al margen y son los que intentaron mostrar, sin demasiado éxito, los socios del Gobierno que plantearon el tema esta semana al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Lo que pareció como una apertura del Gobierno a rediscutir al menos las últimas subas de tarifas terminó siendo un plan en cuotas y con intereses para pagar los precios que no están en discusión. Fue poco para la expectativa que había generado la advertencia interna. En la oposición hay proyectos en el Congreso para retrotraer las tarifas, aunque con pocas chances de avanzar, más teniendo en cuenta el fracaso de la sesión especial que intentó llevar adelante el Frente para la Victoria en Diputados y que no alcanzó a conformar quórum.
Lo cierto es que mientras tanto, una encuesta de Gustavo Córdoba & Asociados mostró esta semana que apenas el 30 por ciento de los riocuartenses cree que podrá afrontar sin dificultades el pago de las facturas de luz y gas venideras. El 70% restante es el que está del otro lado del ovillo. Y allí hay varias capas. La de menores ingresos tiene, en general, algún tipo de subsidio al estilo de la tarifa social y en parte cuenta entonces con una mínima capacidad de amortiguación. Las dificultades aparecen en los segmentos siguientes, que no cuentan con ingresos elevados, pero tienen que afrontar las tarifas plenas que amenzan como un tsunami en llevarse al menos buena parte de sus ingresos. Que sólo el 30% crea que podrá afrontar las boletas de los servicios muestra que los valores de la economía tienen un desacople enorme. Los ingresos de la mayoría no permiten ni siquiera imaginar el pago cómodo de dos boletas de servicios públicos. ¿Es la posibilidad de pagar en cuotas y con interés esas facturas en los meses de mayor consumo una salida para esos amplios sectores?
El Gobierno no debería perder de vista las dos puntas del ovillo porque es posible que cuando el clima deje de acompañar -transitamos el abril más cálido en 60 años- la que hoy aparece más alejada irrumpa con fuerza incrementando la tensión, posiblemente en simultáneo al Mundial de Rusia.
En la Provincia la situación de los servicios públicos, y de Epec en particular, tampoco dio respiro. La gestión de Juan Schiaretti abrió un tema de debate al impulsar la discusión con el gremio de Luz y Fuerza y su jugoso Convenio Colectivo que data de 1975. Pero es una Caja de Pandora. Y si bien el oficialismo insiste en que el recorte en los costos laborales va a permitir mejorar el déficit de la empresa y hasta promete que eso va a beneficiar a los usuarios con traducción en las facturas, la oposición y los sindicatos de Luz y Fuerza filtraron información sobre los ingresos de gerentes y funcionarios dentro de la empresa que no tendrían nada que envidiar a los del Convenio Colectivo. Se suman también críticas por la polémica construcción de la Central de Pilar, con costo en dólares que obligó a la Provincia a asistir a Epec durante años para afrontar el pago de las cuotas en billetes verdes. El debate tendrá el lunes un encuentro en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia en el que los gremios podrían no reconocer la jurisdicción y tratar de esquivar la estrategia de la empresa que denunció el convenio ante la autoridad laboral. ¿Es el convenio el principal factor que atenta contra la sustentabilidad de Epec y el responsable del costo Córdoba? Será el punto de discusión de un conflicto que promete varios nuevos capítulos.
Sin embargo, la advertencia de los socios de Cambiemos no permitió un cambio en los planes de actualización de tarifas que a mano de hierro viene sosteniendo el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Hay un dato no menor que avala al ex-Shell: su política le generó un ahorro de 80 mil millones de pesos a la gestión nacional durante el año pasado y eso fue el mayor aporte en la reducción del déficit fiscal, que es una de las principales problemáticas que enfrenta el Gobierno. Además, cumplió con éxito el recorte de los subsidios definido a fines de 2015. Esa política, según el Gobierno, generó un gran agujero en el sector energético por la falta de obras derivadas del nulo incentivo tarifario, y una demanda que crecía a pasos agigantados ante los nimios valores de las facturas, especialmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde los subsidios se volcaron más fuertemente, incluso en otras áreas como las del transporte. No hay demasiadas objeciones a que ese camino llevaba inevitablemente al colapso del sistema y que era imperioso empezar a revertir el camino antes de que sea demasiado tarde. La energía es el pilar de cualquier desarrollo y recuperar un sistema colapsado no se logra de un momento a otro, sino que requiere inversiones que en el mejor de los casos empiezan a mostrar señales de recuperación en un lustro.
Todo eso resulta indiscutible y hasta permitiría respaldar plenamente la política surgida desde el Ministerio de Energía. Sin embargo, es una mirada enfocada exclusivamente en una de las puntas del ovillo. Del otro lado, quienes son destinatarios de las políticas quedan al margen y son los que intentaron mostrar, sin demasiado éxito, los socios del Gobierno que plantearon el tema esta semana al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Lo que pareció como una apertura del Gobierno a rediscutir al menos las últimas subas de tarifas terminó siendo un plan en cuotas y con intereses para pagar los precios que no están en discusión. Fue poco para la expectativa que había generado la advertencia interna. En la oposición hay proyectos en el Congreso para retrotraer las tarifas, aunque con pocas chances de avanzar, más teniendo en cuenta el fracaso de la sesión especial que intentó llevar adelante el Frente para la Victoria en Diputados y que no alcanzó a conformar quórum.
Lo cierto es que mientras tanto, una encuesta de Gustavo Córdoba & Asociados mostró esta semana que apenas el 30 por ciento de los riocuartenses cree que podrá afrontar sin dificultades el pago de las facturas de luz y gas venideras. El 70% restante es el que está del otro lado del ovillo. Y allí hay varias capas. La de menores ingresos tiene, en general, algún tipo de subsidio al estilo de la tarifa social y en parte cuenta entonces con una mínima capacidad de amortiguación. Las dificultades aparecen en los segmentos siguientes, que no cuentan con ingresos elevados, pero tienen que afrontar las tarifas plenas que amenzan como un tsunami en llevarse al menos buena parte de sus ingresos. Que sólo el 30% crea que podrá afrontar las boletas de los servicios muestra que los valores de la economía tienen un desacople enorme. Los ingresos de la mayoría no permiten ni siquiera imaginar el pago cómodo de dos boletas de servicios públicos. ¿Es la posibilidad de pagar en cuotas y con interés esas facturas en los meses de mayor consumo una salida para esos amplios sectores?
El Gobierno no debería perder de vista las dos puntas del ovillo porque es posible que cuando el clima deje de acompañar -transitamos el abril más cálido en 60 años- la que hoy aparece más alejada irrumpa con fuerza incrementando la tensión, posiblemente en simultáneo al Mundial de Rusia.
En la Provincia la situación de los servicios públicos, y de Epec en particular, tampoco dio respiro. La gestión de Juan Schiaretti abrió un tema de debate al impulsar la discusión con el gremio de Luz y Fuerza y su jugoso Convenio Colectivo que data de 1975. Pero es una Caja de Pandora. Y si bien el oficialismo insiste en que el recorte en los costos laborales va a permitir mejorar el déficit de la empresa y hasta promete que eso va a beneficiar a los usuarios con traducción en las facturas, la oposición y los sindicatos de Luz y Fuerza filtraron información sobre los ingresos de gerentes y funcionarios dentro de la empresa que no tendrían nada que envidiar a los del Convenio Colectivo. Se suman también críticas por la polémica construcción de la Central de Pilar, con costo en dólares que obligó a la Provincia a asistir a Epec durante años para afrontar el pago de las cuotas en billetes verdes. El debate tendrá el lunes un encuentro en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia en el que los gremios podrían no reconocer la jurisdicción y tratar de esquivar la estrategia de la empresa que denunció el convenio ante la autoridad laboral. ¿Es el convenio el principal factor que atenta contra la sustentabilidad de Epec y el responsable del costo Córdoba? Será el punto de discusión de un conflicto que promete varios nuevos capítulos.