En el Palacio de Mójica hay una sensación de que por primera vez los funcionarios dejaron de correr de atrás el problema de Cotreco y su presentación en concurso preventivo, que sorprendió al gobierno de Juan Manuel Llamosas casi 15 días después de que se efectivizara la apertura del proceso en la Justicia porteña.
Ese nuevo aire llegó especialmente cuando el viernes conocieron el pedido que realizó la empresa a la jueza de Feria Paula María Hualde, que quedó momentáneamente al frente del expediente que en un principio administró Hernán Diego Papa, quien lo retomará luego del receso judicial. Cotreco pidió continuar con el contrato y que la magistrada advierta a la Municipalidad que “se abstenga” de rescindirlo.
Eso fue interpretado por parte de los funcionarios como una señal de debilidad de la empresa de higiene urbana. Creyeron estar por primera vez a la par del complejo problema judicial de la basura. Es que hasta aquí siempre el gobierno local tuvo encima la amenaza de un freno intempestivo en la prestación del servicio en pleno enero. Algo que no desapareció. De sólo imaginar la ciudad con varios días sin recolección, muchos funcionarios se agarran la cabeza. Pero la imaginaria escena de la basura se complementa con la protesta del sindicato del Surrbac, que no suele ser muy contemplativo a la hora de los reclamos. Durante las últimas semanas eso se pareció a una pesadilla que habitó los despachos de la Municipalidad.
Pero ahora, la posibilidad de que se avance con la rescisión del contrato, definición que el gobierno local tiene tomada pero que esperará a encontrar el momento oportuno que debe ir acompañado con un plan aceitado para que al día siguiente un nuevo esquema de recolección esté listo para salir a la calle, puso a la empresa ante una amenaza de que su programa de reestructuración económica y financiera naufrague. Si la inyección de dinero del Municipio, que asciende a 40 millones de pesos mensuales pero que proyecta más de 500 millones al año con las redeterminaciones de precios, se corta, la posibilidad de tener éxito en el concurso preventivo será casi nula. Quedará la empresa con sus prestaciones en Villa María, Carlos Paz y Río Tercero, y con esos ingresos tendrá que sortear la andanada de reclamos por falta de pago de una larga lista de acreedores.
“Fue como si en el segundo round hubiera recibido una trompada al hígado. La presentación judicial muestra que la empresa está acorralada ante la posibilidad de rescisión, está en situación de debilidad”, graficó ayer un alto funcionario que frecuenta el despacho del intendente.
Esa fue la lectura de buena parte del equipo de Llamosas. Cuentan además que el intendente tiene la decisión de avanzar, aunque reclamó a sus funcionarios que sean capaces de imaginar todos los detalles de lo que vendrá y que tengan preparada una respuesta ante cada problema que pueda ir surgiendo en el camino.
Saben que el cruce no está exento de riesgos y que no todo es imaginable. Por eso deberán estar preparados también para improvisar respuestas eficaces. Mientras tanto, el gobierno valoró positivamente la reunión del miércoles en el despacho del intendente. No es casual que después de esa foto y lo publicado en este diario sobre la decisión de avanzar con la rescisión del convenio tal como lo establece un artículo firmado por las autoridades de Cotreco y los funcionarios municipales al inicio de su relación, a mediados de 2017, la empresa acudiera con un escrito a solicitar que no se corte la relación. En la mesa de la oficina de Llamosas se sentaron los jefes de los tres bloques del Concejo Deliberante, lo que mostró una imagen que no tardó en decodificarse en la conducción de Cotreco, acostumbrada a recorrer pasillos de municipalidades.
Las preguntas a responder son cuándo y cómo se rescindirá. Sobre lo primero no será antes de que finalice la feria. En el Palacio creen que es oportuno esperar el regreso del juez original. Cuando Papa retome el control del expediente harán valer el contrato que claramente establece al concurso de la empresa como condición de caída del convenio. Incluso la colocación de la palabra “automáticamente” aleja cualquier posibilidad de interpretación diferente.
El cómo es un interrogante sobre el cual el gobierno no despejó dudas, lo que puede ser una estrategia deliberada o simplemente que aún es un tema sin resolución.
Sin embargo ayer reconocían que habrá un escollo no menor en estos pasos siguientes y su tamaño dependerá del esquema que se intente adoptar para la prestación del servicio: el gremio. Si bien admiten que hay una buena comunicación entre los funcionarios de Llamosas y los referentes sindicales, cuando la decisión se avecine puede haber tensión allí. “Cambiar el actual esquema choca contra las intenciones del gremio”, dicen.
Entre las opciones que hay sobre la mesa aparece una que entusiasma más al equipo de gobierno: aprovechar para desmembrar el servicio. Eso implicaría no concentrar más la prestación de recolección, barrido y enterramiento. Incluso podría avanzarse con parte de esos servicios desde cooperativas o directamente desde la administración local. E incorporar decididamente aspectos que hasta aquí no prosperaron como reciclado, contenerización o separación en origen que la ciudad tiene como cuentas pendientes. Allí podrían jugar también empresas privadas, incluso algunas locales que ya han sido contactadas.
Eso fue interpretado por parte de los funcionarios como una señal de debilidad de la empresa de higiene urbana. Creyeron estar por primera vez a la par del complejo problema judicial de la basura. Es que hasta aquí siempre el gobierno local tuvo encima la amenaza de un freno intempestivo en la prestación del servicio en pleno enero. Algo que no desapareció. De sólo imaginar la ciudad con varios días sin recolección, muchos funcionarios se agarran la cabeza. Pero la imaginaria escena de la basura se complementa con la protesta del sindicato del Surrbac, que no suele ser muy contemplativo a la hora de los reclamos. Durante las últimas semanas eso se pareció a una pesadilla que habitó los despachos de la Municipalidad.
Pero ahora, la posibilidad de que se avance con la rescisión del contrato, definición que el gobierno local tiene tomada pero que esperará a encontrar el momento oportuno que debe ir acompañado con un plan aceitado para que al día siguiente un nuevo esquema de recolección esté listo para salir a la calle, puso a la empresa ante una amenaza de que su programa de reestructuración económica y financiera naufrague. Si la inyección de dinero del Municipio, que asciende a 40 millones de pesos mensuales pero que proyecta más de 500 millones al año con las redeterminaciones de precios, se corta, la posibilidad de tener éxito en el concurso preventivo será casi nula. Quedará la empresa con sus prestaciones en Villa María, Carlos Paz y Río Tercero, y con esos ingresos tendrá que sortear la andanada de reclamos por falta de pago de una larga lista de acreedores.
“Fue como si en el segundo round hubiera recibido una trompada al hígado. La presentación judicial muestra que la empresa está acorralada ante la posibilidad de rescisión, está en situación de debilidad”, graficó ayer un alto funcionario que frecuenta el despacho del intendente.
Esa fue la lectura de buena parte del equipo de Llamosas. Cuentan además que el intendente tiene la decisión de avanzar, aunque reclamó a sus funcionarios que sean capaces de imaginar todos los detalles de lo que vendrá y que tengan preparada una respuesta ante cada problema que pueda ir surgiendo en el camino.
Saben que el cruce no está exento de riesgos y que no todo es imaginable. Por eso deberán estar preparados también para improvisar respuestas eficaces. Mientras tanto, el gobierno valoró positivamente la reunión del miércoles en el despacho del intendente. No es casual que después de esa foto y lo publicado en este diario sobre la decisión de avanzar con la rescisión del convenio tal como lo establece un artículo firmado por las autoridades de Cotreco y los funcionarios municipales al inicio de su relación, a mediados de 2017, la empresa acudiera con un escrito a solicitar que no se corte la relación. En la mesa de la oficina de Llamosas se sentaron los jefes de los tres bloques del Concejo Deliberante, lo que mostró una imagen que no tardó en decodificarse en la conducción de Cotreco, acostumbrada a recorrer pasillos de municipalidades.
Las preguntas a responder son cuándo y cómo se rescindirá. Sobre lo primero no será antes de que finalice la feria. En el Palacio creen que es oportuno esperar el regreso del juez original. Cuando Papa retome el control del expediente harán valer el contrato que claramente establece al concurso de la empresa como condición de caída del convenio. Incluso la colocación de la palabra “automáticamente” aleja cualquier posibilidad de interpretación diferente.
El cómo es un interrogante sobre el cual el gobierno no despejó dudas, lo que puede ser una estrategia deliberada o simplemente que aún es un tema sin resolución.
Sin embargo ayer reconocían que habrá un escollo no menor en estos pasos siguientes y su tamaño dependerá del esquema que se intente adoptar para la prestación del servicio: el gremio. Si bien admiten que hay una buena comunicación entre los funcionarios de Llamosas y los referentes sindicales, cuando la decisión se avecine puede haber tensión allí. “Cambiar el actual esquema choca contra las intenciones del gremio”, dicen.
Entre las opciones que hay sobre la mesa aparece una que entusiasma más al equipo de gobierno: aprovechar para desmembrar el servicio. Eso implicaría no concentrar más la prestación de recolección, barrido y enterramiento. Incluso podría avanzarse con parte de esos servicios desde cooperativas o directamente desde la administración local. E incorporar decididamente aspectos que hasta aquí no prosperaron como reciclado, contenerización o separación en origen que la ciudad tiene como cuentas pendientes. Allí podrían jugar también empresas privadas, incluso algunas locales que ya han sido contactadas.