El transporte, a los banquinazos y sin rumbo
Una nueva crisis del sector se desató esta semana como corolario de la quita de subsidios que decidió la Nación. La Provincia pagó parcialmente sus compromisos a las empresas y éstas terminaron depositando la mitad de los salarios a los choferes.
A nadie que hubiera seguido más o menos de cerca al sector del transporte en los últimos años debió sorprender el nuevo capítulo conflictivo -que no será el último- que se vivió esta semana en la provincia.
Más allá de la coyuntura, si la Provincia no pagó lo que debía y si las empresas tenían o no forma de suplantar esos fondos para cumplir con su obligación de pagar todos los salarios e incluso el aguinaldo, el transporte atraviesa una dificultad estructural que hasta aquí nadie se ha preocupado demasiado en solucionar. Y cada tanto estalla alguna bomba.
Si uno repasa rápidamente el período 2003-2019 se encuentra con un sistema que creció de la mano de una política de subsidios que nació con una idea atendible, en la salida de la peor crisis económica, política y social de la historia. Una megadevaluación que licuó los salarios en un puñado de meses, un salto en los precios y los salarios que avanzaron a paso lento. Un típico esquema de similares características a las actuales, aunque ahora mucho más extendido en el tiempo. Lo cierto es que en aquel momento, para evitar que los saltos en los costos y las mejoras salariales de los choferes terminen en subas de boleto, el gobierno de Néstor Kirchner decidió intervenir y hacerse cargo de parte de esos costos a través de subsidios. Primero fueron unos millones y finalmente, sobre el final del mandato de Cristina, llegaron a ser miles de millones que ya nadie sabía bien a qué respondían ni a dónde se destinaban. Incluso con parámetros poco claros y esquemas que favorecían los desvíos.
Pero los recursos volcados a las empresas permitieron que los pasajeros tuvieran boletos económicos. Todos. Y allí hay parte de la problemática. Como ocurrió con otros servicios, como la electricidad y el gas, los parámetros de distribución de subsidios terminó siendo muy negativo. Los recibían y los despilfarraban sectores acomodados de la población que no tenían ninguna necesidad de fondos del Estado para utilizar esos servicios. Los ejemplos de Puerto Madero pagando una tarifa eléctrica 7 veces menor que en un barrio humilde de Río Cuarto es un ejemplo que se repitió en infinidad de ocasiones. Esos recursos podían tener mejores destinos, justamente para promover a familias carecientes. El Estado no puede regalar recursos a quien no los necesita, porque el dinero es limitado. Los subsidios universales tienen ese defecto. Suelen ser rentables políticamente. A la larga, son nefastos para las arcas del Estado y generalmente terminan en una crisis porque se convierten en bolas de nieve imposibles de soportar por las arcas. Pero a su vez, se tiende a abusar de su utilización, dado el menor costo para los bolsillos.
En la provincia ocurrió algo similar con los boletos gratuitos para estudiantes, adultos mayores y subsidiados para los obreros. También con caracter de universal, no tardaron en mostrar las mismas complicaciones. El peso para la administración provincial se fue agigantando y ahora, en medio de una coyuntura muy compleja desde lo económico, en la que los ingresos propios y los que llegan vía coparticipación se derrumban, esos costos se vuelven muy cuesta arriba. ¿Está bien que todos los estudiantes viajen gratis por la provincia y en las ciudades de Córdoba, incluso aquellos de familias de alto poder adquisitivo? ¿Está bien pagar la cuota de una universidad privada o de un colegio privado y no abonar el boleto de pasajeros y que ese costo lo asuma el Estado? En momentos de vacas gordas esas preguntas son dejadas de lado por el rédito político. En tiempos de crisis, se vuelven centrales.
Pero además, el esquema de subsidios generalizados genera otro inconveniente: desdibuja el valor de los servicios para los usuarios y cuando los gobiernos tienen dificultades y comienzan a imaginar una salida, los que pagan son todos los usuarios, incluso aquellos que no pueden.
Por otra parte, crean una dependencia de las empresas prestadoras con los gobiernos muy elevada, que incluso los empresarios suelen festejar también en el primer tramo. En definitiva, reciben plata segura, no tienen que convencer demasiado a los usuarios porque éstos pagan poco o nada y por lo tanto muchas veces lo que reciben en calidad también es menos de lo debido. En el tramo final del gobierno de Cristina, más de la mitad de los ingresos de las empresas de transporte eran subsidios nacionales. Pero la llegada de Mauricio Macri prorrogó algún tiempo ese esquema hasta que ya no pudo más y tomó una medida: cortar de un día para el otro el beneficio. El sistema ingresó de inmediato en una crisis muy grave. Fueron 16 años de un esquema que se cortó de golpe, sin una transición que permita la adaptación de todos los actores. Los pasajeros ven cómo se multiplica el valor del pasaje sin poder pagarlo y eso bajó mucho el nivel de ocupación por colectivo, lo que terminó por complicar la situación de las empresas, que ya no reciben los aportes estatales. El valor del boleto es alto para el que necesita viajar e insuficiente para las empresas. La crisis es la resultante inevitable. Así, el transporte pasó de una banquina a la otra y hoy pende de un hilo, a la espera de una respuesta que se proyecte a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países, incluso los más desarrollados, existen sistemas subsidiados, pero dirigidos a los que lo necesitan porque los que se destinan son fondos del Estado, que además requieren máxima transparencia, que es otro tema a revisar.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
Más allá de la coyuntura, si la Provincia no pagó lo que debía y si las empresas tenían o no forma de suplantar esos fondos para cumplir con su obligación de pagar todos los salarios e incluso el aguinaldo, el transporte atraviesa una dificultad estructural que hasta aquí nadie se ha preocupado demasiado en solucionar. Y cada tanto estalla alguna bomba.
Si uno repasa rápidamente el período 2003-2019 se encuentra con un sistema que creció de la mano de una política de subsidios que nació con una idea atendible, en la salida de la peor crisis económica, política y social de la historia. Una megadevaluación que licuó los salarios en un puñado de meses, un salto en los precios y los salarios que avanzaron a paso lento. Un típico esquema de similares características a las actuales, aunque ahora mucho más extendido en el tiempo. Lo cierto es que en aquel momento, para evitar que los saltos en los costos y las mejoras salariales de los choferes terminen en subas de boleto, el gobierno de Néstor Kirchner decidió intervenir y hacerse cargo de parte de esos costos a través de subsidios. Primero fueron unos millones y finalmente, sobre el final del mandato de Cristina, llegaron a ser miles de millones que ya nadie sabía bien a qué respondían ni a dónde se destinaban. Incluso con parámetros poco claros y esquemas que favorecían los desvíos.
Pero los recursos volcados a las empresas permitieron que los pasajeros tuvieran boletos económicos. Todos. Y allí hay parte de la problemática. Como ocurrió con otros servicios, como la electricidad y el gas, los parámetros de distribución de subsidios terminó siendo muy negativo. Los recibían y los despilfarraban sectores acomodados de la población que no tenían ninguna necesidad de fondos del Estado para utilizar esos servicios. Los ejemplos de Puerto Madero pagando una tarifa eléctrica 7 veces menor que en un barrio humilde de Río Cuarto es un ejemplo que se repitió en infinidad de ocasiones. Esos recursos podían tener mejores destinos, justamente para promover a familias carecientes. El Estado no puede regalar recursos a quien no los necesita, porque el dinero es limitado. Los subsidios universales tienen ese defecto. Suelen ser rentables políticamente. A la larga, son nefastos para las arcas del Estado y generalmente terminan en una crisis porque se convierten en bolas de nieve imposibles de soportar por las arcas. Pero a su vez, se tiende a abusar de su utilización, dado el menor costo para los bolsillos.
En la provincia ocurrió algo similar con los boletos gratuitos para estudiantes, adultos mayores y subsidiados para los obreros. También con caracter de universal, no tardaron en mostrar las mismas complicaciones. El peso para la administración provincial se fue agigantando y ahora, en medio de una coyuntura muy compleja desde lo económico, en la que los ingresos propios y los que llegan vía coparticipación se derrumban, esos costos se vuelven muy cuesta arriba. ¿Está bien que todos los estudiantes viajen gratis por la provincia y en las ciudades de Córdoba, incluso aquellos de familias de alto poder adquisitivo? ¿Está bien pagar la cuota de una universidad privada o de un colegio privado y no abonar el boleto de pasajeros y que ese costo lo asuma el Estado? En momentos de vacas gordas esas preguntas son dejadas de lado por el rédito político. En tiempos de crisis, se vuelven centrales.
Pero además, el esquema de subsidios generalizados genera otro inconveniente: desdibuja el valor de los servicios para los usuarios y cuando los gobiernos tienen dificultades y comienzan a imaginar una salida, los que pagan son todos los usuarios, incluso aquellos que no pueden.
Por otra parte, crean una dependencia de las empresas prestadoras con los gobiernos muy elevada, que incluso los empresarios suelen festejar también en el primer tramo. En definitiva, reciben plata segura, no tienen que convencer demasiado a los usuarios porque éstos pagan poco o nada y por lo tanto muchas veces lo que reciben en calidad también es menos de lo debido. En el tramo final del gobierno de Cristina, más de la mitad de los ingresos de las empresas de transporte eran subsidios nacionales. Pero la llegada de Mauricio Macri prorrogó algún tiempo ese esquema hasta que ya no pudo más y tomó una medida: cortar de un día para el otro el beneficio. El sistema ingresó de inmediato en una crisis muy grave. Fueron 16 años de un esquema que se cortó de golpe, sin una transición que permita la adaptación de todos los actores. Los pasajeros ven cómo se multiplica el valor del pasaje sin poder pagarlo y eso bajó mucho el nivel de ocupación por colectivo, lo que terminó por complicar la situación de las empresas, que ya no reciben los aportes estatales. El valor del boleto es alto para el que necesita viajar e insuficiente para las empresas. La crisis es la resultante inevitable. Así, el transporte pasó de una banquina a la otra y hoy pende de un hilo, a la espera de una respuesta que se proyecte a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países, incluso los más desarrollados, existen sistemas subsidiados, pero dirigidos a los que lo necesitan porque los que se destinan son fondos del Estado, que además requieren máxima transparencia, que es otro tema a revisar.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal