Entre esfuerzos, solidaridad y necesidades varias
El Gobierno debió revisar el bochorno de las jubilaciones de privilegio, que las dejaba al margen del congelamiento generalizado del sistema previsional. También anticipó mecanismos compensatorios para las retenciones. Por Gonzalo Dal Bianco
El oficialismo nacional repitió en las últimas dos semanas y lo multiplicó en el Congreso entre jueves y viernes, el cúmulo de necesidades que afronta el país como consecuencia de las malas políticas económicas de la gestión de Mauricio Macri. Ayer, el senador cordobés Carlos Caserio fue el encargado de abrir el fuego en la Cámara Alta bajo la atenta mirada desde el estrado de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El exintegrante de Hacemos por Córdoba y actualmente en el Frente de Todos, repasó que la pobreza en la Argentina asciende al 40,8%, que la indigencia trepó peligrosamente hasta el 8,9% y que la desocupación aterrizó en el tercer trimestre del año en el 9,7%. También destacó que el salario real perdió 15%, que en lo que va del año la inflación alcanzó el 52% y que las ventas en supermercados y shoppings cayeron 10% interanual. Por supuesto que no dejó de lado los 276.686 millones de dólares de deuda externa que es el principal desafío del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
Con esos números, hay dos urgencias principales para la gestión de Alberto Fernández: renegociar la deuda con los privados y con el Fondo Monetario Internacional mientras se avanza en contener a los amplios sectores sociales que cayeron debajo de la línea de la pobreza. Para las dos, corre el reloj a toda prisa.
El discurso del oficialismo fue lógicamente dotado de absoluto sentido común y justicia. En un escenario de necesidad social y cuentas públicas debilitadas es imperioso sumar recursos para después desarrollar políticas que atiendan a los que más lo necesitan. Y si hay que redistribuir recursos lo más razonable es hacerlo de aquellos sectores que tienen una mejor posición para destinarlos a quienes tienen más urgencias. No hay mucho para discutir en esas premisas. Sin embargo, a poco de conocerse las muchas medidas que componen la ley ómnibus que a las apuradas trataron diputados y senadores en maratónicas sesiones de fin de año -después de un 2019 de escasísima actividad legislativa- al menos surgen algunas dudas sobre la plena justicia y solidaridad de las iniciativas. La fuerte polémica en torno a las jubilaciones de privilegio desatada ayer después de la votación en Diputados, a primera hora de la mañana, y que no fue debidamente transparentada en el recinto, sirve como muestra. La solidaridad quedó en jaque y obligó a Alberto Fernández a anunciar de apurada que enviaba al Congreso una ley para terminar con los privilegios previsionales. ¿Qué había pasado? El Gobierno había anunciado que en la escala de jubilaciones iba a priorizar la recomposición de ingresos de la base, de los que perciben la mínima. Y que para el resto se iba a suspender la actualización dispuesta por una fórmula sancionada en una convulsionada sesión del Congreso a fines de 2017, durante la gestión macrista. Aquellos que superan la mínima no iban a tener la actualización prevista mientras se inyectaran recursos a la base. El argumento fue el mismo expuesto en varios frentes: que los que más tienen contribuyan con un esfuerzo para los que la pasan peor. Sin embargo, el oficialismo decidió aplicar una serie de excepciones que casualmente incluyeron a regímenes que contemplan jubilaciones de jueces, expresidentes, exsenadores, exdiputados y exdiplomáticos. Sectores que en promedio tienen ingresos levemente por encima de los 200 mil pesos mensuales. Es decir que esas excepciones que decidieron incluir en el oficialismo cortaban la solidaridad cuando la escala comenzaba a alcanzar a los más acomodados. En definitiva, había solidaridad de los del medio para que los de abajo cobren más y para que los de arriba mantuvieran sus privilegios.
Las retenciones constituyeron el otro capítulo de las polémicas. Y si bien es correcto que un sector del campo aparezca como uno de los actores que logró esquivar el derrumbe generalizado de la economía en este 2019, también es cierto que hay varios campos y no uno solo, aunque cerca del obelisco todo parezca lo mismo.
No es igual un pequeño productor de algodón del Chaco, un chacarero de Orán que produce porotos o un sojero de Venado Tuerto. Es curioso cómo se puede confundir lo diferente. Incluso en la Argentina es muy diferente un productor de soja de Las Lajitas, en Salta, de un par de Realicó, en La Pampa, u otro que esté ubicado al pie de las sierras, en la zona de Achiras. No es difícil imaginar que cada uno tendrá diferentes rindes por el suelo y distinta ecuación económica por los fletes. Entonces parece lógico que no todos pueden recibir el mismo tratamiento. No es casual que en medio de un mensaje de contención de parte de las entidades agropecuarias, las que rompieron el molde fueron las del NOA y NEA, que iniciaron un paro de comercialización. Los niveles de retención que estableció la ley aprobada en el Congreso deja fuera de carrera a aquellos productores. Por eso en la urgencia y mientras se proclama la justicia se cometen torpemente actos de fuerte injusticia. Renglón aparte para el tratamiento privilegiado a petroleras y mineras. Otra vez. O el olvido del sector financiero.
El Gobierno debió cambiar el rumbo con las jubilaciones y ayer Caserio afirmó que los mecanismos compensatorios de retenciones que tuvo que incluir el oficialismo contemplarán la capacidad de producción de los campos y la distancia al puerto. Ahora el interrogante es si es posible operativizar ese mecanismo y si funcionará de manera correcta, transparente y veloz.
No va a servir de mucho cargar tributariamente más a quienes trabajan al límite y obligarlos a desistir. Tiene que haber un camino que fomente el crecimiento mientras se atiende la urgencia, porque esa expansión puede ser el primer paso para las soluciones de fondo que requiere la emergencia y de esa manera dejar de lado la coyuntura eterna y cíclica del país.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
Con esos números, hay dos urgencias principales para la gestión de Alberto Fernández: renegociar la deuda con los privados y con el Fondo Monetario Internacional mientras se avanza en contener a los amplios sectores sociales que cayeron debajo de la línea de la pobreza. Para las dos, corre el reloj a toda prisa.
El discurso del oficialismo fue lógicamente dotado de absoluto sentido común y justicia. En un escenario de necesidad social y cuentas públicas debilitadas es imperioso sumar recursos para después desarrollar políticas que atiendan a los que más lo necesitan. Y si hay que redistribuir recursos lo más razonable es hacerlo de aquellos sectores que tienen una mejor posición para destinarlos a quienes tienen más urgencias. No hay mucho para discutir en esas premisas. Sin embargo, a poco de conocerse las muchas medidas que componen la ley ómnibus que a las apuradas trataron diputados y senadores en maratónicas sesiones de fin de año -después de un 2019 de escasísima actividad legislativa- al menos surgen algunas dudas sobre la plena justicia y solidaridad de las iniciativas. La fuerte polémica en torno a las jubilaciones de privilegio desatada ayer después de la votación en Diputados, a primera hora de la mañana, y que no fue debidamente transparentada en el recinto, sirve como muestra. La solidaridad quedó en jaque y obligó a Alberto Fernández a anunciar de apurada que enviaba al Congreso una ley para terminar con los privilegios previsionales. ¿Qué había pasado? El Gobierno había anunciado que en la escala de jubilaciones iba a priorizar la recomposición de ingresos de la base, de los que perciben la mínima. Y que para el resto se iba a suspender la actualización dispuesta por una fórmula sancionada en una convulsionada sesión del Congreso a fines de 2017, durante la gestión macrista. Aquellos que superan la mínima no iban a tener la actualización prevista mientras se inyectaran recursos a la base. El argumento fue el mismo expuesto en varios frentes: que los que más tienen contribuyan con un esfuerzo para los que la pasan peor. Sin embargo, el oficialismo decidió aplicar una serie de excepciones que casualmente incluyeron a regímenes que contemplan jubilaciones de jueces, expresidentes, exsenadores, exdiputados y exdiplomáticos. Sectores que en promedio tienen ingresos levemente por encima de los 200 mil pesos mensuales. Es decir que esas excepciones que decidieron incluir en el oficialismo cortaban la solidaridad cuando la escala comenzaba a alcanzar a los más acomodados. En definitiva, había solidaridad de los del medio para que los de abajo cobren más y para que los de arriba mantuvieran sus privilegios.
Las retenciones constituyeron el otro capítulo de las polémicas. Y si bien es correcto que un sector del campo aparezca como uno de los actores que logró esquivar el derrumbe generalizado de la economía en este 2019, también es cierto que hay varios campos y no uno solo, aunque cerca del obelisco todo parezca lo mismo.
No es igual un pequeño productor de algodón del Chaco, un chacarero de Orán que produce porotos o un sojero de Venado Tuerto. Es curioso cómo se puede confundir lo diferente. Incluso en la Argentina es muy diferente un productor de soja de Las Lajitas, en Salta, de un par de Realicó, en La Pampa, u otro que esté ubicado al pie de las sierras, en la zona de Achiras. No es difícil imaginar que cada uno tendrá diferentes rindes por el suelo y distinta ecuación económica por los fletes. Entonces parece lógico que no todos pueden recibir el mismo tratamiento. No es casual que en medio de un mensaje de contención de parte de las entidades agropecuarias, las que rompieron el molde fueron las del NOA y NEA, que iniciaron un paro de comercialización. Los niveles de retención que estableció la ley aprobada en el Congreso deja fuera de carrera a aquellos productores. Por eso en la urgencia y mientras se proclama la justicia se cometen torpemente actos de fuerte injusticia. Renglón aparte para el tratamiento privilegiado a petroleras y mineras. Otra vez. O el olvido del sector financiero.
El Gobierno debió cambiar el rumbo con las jubilaciones y ayer Caserio afirmó que los mecanismos compensatorios de retenciones que tuvo que incluir el oficialismo contemplarán la capacidad de producción de los campos y la distancia al puerto. Ahora el interrogante es si es posible operativizar ese mecanismo y si funcionará de manera correcta, transparente y veloz.
No va a servir de mucho cargar tributariamente más a quienes trabajan al límite y obligarlos a desistir. Tiene que haber un camino que fomente el crecimiento mientras se atiende la urgencia, porque esa expansión puede ser el primer paso para las soluciones de fondo que requiere la emergencia y de esa manera dejar de lado la coyuntura eterna y cíclica del país.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal