Un costoso acuerdo para el Gobierno y la clase media
El presupuesto exigió negociaciones contra reloj a la Casa Rosada, que debió ceder buena parte de los recortes que había planificado para las provincias. En contrapartida, el equilibrio fiscal se logra con mayor presión tributaria. Por Gonzalo Dal Bianco
El Gobierno alcanzó el objetivo que se había propuesto en el Congreso esta semana al lograr la media sanción del presupuesto para el año que viene. No fue gratis. Debió repartir muchos recursos en el tramo final de las negociaciones para sumar voluntades interesadas. Así logró que algunos gobernadores aporten sus legisladores, como en el caso de Córdoba, en la que Unión por Córdoba sumó los cuatro diputados nacionales que tiene en la Cámara Baja: Alejandra Vigo, Martín Llaryora, Paulo Cassinerio y Juan Brugge. Fueron los que votaron a favor junto con los 10 de Cambiemos. Hubo tres negativos y la ausencia de Adriana Nazario.
El fondo del transporte y una serie de recursos previos comprometidos con la Provincia fueron un factor decisivo para que se cerraran filas y se aporten las firmas en comisión para el dictamen y luego los votos en el recinto. Allí también se negoció la postergación del recorte en Ingresos Brutos y en Impuesto a los Sellos, lo que le termina asegurando por algún tiempo más los fondos para las arcas de la administración de Juan Schiaretti.
La debilidad parlamentaria del Gobierno, en minoría en ambas cámaras, lo obliga a este tipo de negociaciones con escaso margen para obtener las leyes que necesita. Tiene a su favor a una oposición que cada vez se fragmenta más y le permite acuerdos alternativos en diferentes momentos.
De acuerdo a lo que explican desde el bloque del oficialismo en Diputados, las provincias comenzaron la negociación con un objetivo de recortar 83 mil millones de pesos en gastos para el año próximo y la Nación iba a sumar otros 450 mil millones. Pero los legisladores de Cambiemos aseguran que después de las últimas semanas, el aporte de los gobernadores será entre mínimo y nulo. ¿Qué pasó en el medio? Las negociaciones y la decisión de optar por otro camino. La meta final del Gobierno con el presupuesto era el déficit cero para 2019, un objetivo que se autoimpuso para tratar de convencer al Fondo Monetario Internacional que ampliara el acuerdo firmado en junio y que prácticamente nació viejo. Obtuvo los votos y logró la media sanción. Ayer, el FMI contestó con la ampliación del acuerdo original que le sumará 6.300 millones extras, algo menos que lo estimado. Pero especialmente le adelantará muchos recursos y ahí estará la clave. Le desembolsará en los próximos seis meses unos 24.400 millones de dólares que les sumarán oxígeno a las cuentas fiscales y mayor tranquilidad al mercado cambiario, que en rigor sumó otra semana de calma aunque con el corset de las tasas que están impactando de lleno en los sectores productivos que insisten con los reclamos para que comiencen a recortarlas.
El camino alternativo para alcanzar el equilibrio fiscal primario, previo al pago de intereses que crece fuertemente por el impacto de la deuda, es el de la mayor presión tributaria. No hay demasiados secretos en estas cuestiones: si no se recortan gastos, hay que mejorar los ingresos. Se optó por esto último para compensar lo que no resignaron las provincias.
Sólo se revisó la nueva carga tributaria al campo con Bienes Personales. Las entidades agropecuarias pusieron el grito en el cielo cuando advirtieron que, además del regreso de las retenciones, iban a quedar alcanzadas por ese tributo que gravaba las unidades productivas. De todos modos, Bienes Personales tendrá nuevos contribuyentes y la mitad de su recaudación también llegaría a las provincias vía coparticipación. Antes de la maratónica sesión iniciada el miércoles y finalizada el jueves, legisladores de Córdoba estimaban que llegarían poco más de mil millones por ese impuesto.
Pero después de sortear con éxito al tránsito por el Congreso, las entidades agropecuarias de Córdoba deberán enfrentar otra discusión con la Provincia cuando se avance en el ajuste del inmobiliario rural. En la administración de Schiaretti aseguran que no habrá sorpresas, pero recuerdan que hubo una importante devaluación a lo largo del año y un proceso inflacionario que terminará cerca del 45 por ciento. Con esos argumentos se sentarán a discutir los alcances del aumento en el tributo rural. “Será racional, pero reconociendo el contexto y teniendo en cuenta que casi la totalidad de lo recaudado en ese impuesto vuelve al sector en obras”, explicaron desde El Panal. Hay una ventaja para el campo: es uno de los pocos sectores que tiene posibilidades de discutir en la provincia los impuestos que deberá afrontar. No siempre le va bien, pero al menos conserva esa oportunidad. Claro que no será el único impuesto que recibirá cambios en Córdoba.
En línea con esa decisión, el Municipio también prepara su propio presupuesto 2019 y ya hubo una primera definición: ajuste de tasas por inflación. Y no es menor ese anuncio porque si los pronósticos se cumplen y los precios trepan 45%, el salto en las boletas será significativo. En definitiva el gran efecto cascada que se conforma impactará de lleno en la base de la pirámide, que forman los contribuyentes que sufren la inflación en su poder adquisitivo, y que ahora serán objeto del ajuste tributario. Un combo agobiante.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
El fondo del transporte y una serie de recursos previos comprometidos con la Provincia fueron un factor decisivo para que se cerraran filas y se aporten las firmas en comisión para el dictamen y luego los votos en el recinto. Allí también se negoció la postergación del recorte en Ingresos Brutos y en Impuesto a los Sellos, lo que le termina asegurando por algún tiempo más los fondos para las arcas de la administración de Juan Schiaretti.
La debilidad parlamentaria del Gobierno, en minoría en ambas cámaras, lo obliga a este tipo de negociaciones con escaso margen para obtener las leyes que necesita. Tiene a su favor a una oposición que cada vez se fragmenta más y le permite acuerdos alternativos en diferentes momentos.
De acuerdo a lo que explican desde el bloque del oficialismo en Diputados, las provincias comenzaron la negociación con un objetivo de recortar 83 mil millones de pesos en gastos para el año próximo y la Nación iba a sumar otros 450 mil millones. Pero los legisladores de Cambiemos aseguran que después de las últimas semanas, el aporte de los gobernadores será entre mínimo y nulo. ¿Qué pasó en el medio? Las negociaciones y la decisión de optar por otro camino. La meta final del Gobierno con el presupuesto era el déficit cero para 2019, un objetivo que se autoimpuso para tratar de convencer al Fondo Monetario Internacional que ampliara el acuerdo firmado en junio y que prácticamente nació viejo. Obtuvo los votos y logró la media sanción. Ayer, el FMI contestó con la ampliación del acuerdo original que le sumará 6.300 millones extras, algo menos que lo estimado. Pero especialmente le adelantará muchos recursos y ahí estará la clave. Le desembolsará en los próximos seis meses unos 24.400 millones de dólares que les sumarán oxígeno a las cuentas fiscales y mayor tranquilidad al mercado cambiario, que en rigor sumó otra semana de calma aunque con el corset de las tasas que están impactando de lleno en los sectores productivos que insisten con los reclamos para que comiencen a recortarlas.
El camino alternativo para alcanzar el equilibrio fiscal primario, previo al pago de intereses que crece fuertemente por el impacto de la deuda, es el de la mayor presión tributaria. No hay demasiados secretos en estas cuestiones: si no se recortan gastos, hay que mejorar los ingresos. Se optó por esto último para compensar lo que no resignaron las provincias.
Sólo se revisó la nueva carga tributaria al campo con Bienes Personales. Las entidades agropecuarias pusieron el grito en el cielo cuando advirtieron que, además del regreso de las retenciones, iban a quedar alcanzadas por ese tributo que gravaba las unidades productivas. De todos modos, Bienes Personales tendrá nuevos contribuyentes y la mitad de su recaudación también llegaría a las provincias vía coparticipación. Antes de la maratónica sesión iniciada el miércoles y finalizada el jueves, legisladores de Córdoba estimaban que llegarían poco más de mil millones por ese impuesto.
Pero después de sortear con éxito al tránsito por el Congreso, las entidades agropecuarias de Córdoba deberán enfrentar otra discusión con la Provincia cuando se avance en el ajuste del inmobiliario rural. En la administración de Schiaretti aseguran que no habrá sorpresas, pero recuerdan que hubo una importante devaluación a lo largo del año y un proceso inflacionario que terminará cerca del 45 por ciento. Con esos argumentos se sentarán a discutir los alcances del aumento en el tributo rural. “Será racional, pero reconociendo el contexto y teniendo en cuenta que casi la totalidad de lo recaudado en ese impuesto vuelve al sector en obras”, explicaron desde El Panal. Hay una ventaja para el campo: es uno de los pocos sectores que tiene posibilidades de discutir en la provincia los impuestos que deberá afrontar. No siempre le va bien, pero al menos conserva esa oportunidad. Claro que no será el único impuesto que recibirá cambios en Córdoba.
En línea con esa decisión, el Municipio también prepara su propio presupuesto 2019 y ya hubo una primera definición: ajuste de tasas por inflación. Y no es menor ese anuncio porque si los pronósticos se cumplen y los precios trepan 45%, el salto en las boletas será significativo. En definitiva el gran efecto cascada que se conforma impactará de lleno en la base de la pirámide, que forman los contribuyentes que sufren la inflación en su poder adquisitivo, y que ahora serán objeto del ajuste tributario. Un combo agobiante.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal