La controvertida causa judicial por el crimen de Claudia Muñoz entró en un tembladeral.
Río Cuarto |
Según confirmó a este diario una alta fuente tribunalicia, es inminente que el Ministerio Público, a cargo de Julio Rivero, haga un pedido formal en la fiscalía de turno para que investigue si el voto de los jurados populares estuvo “contaminado” por los jueces técnicos. Es decir, si de alguna manera los vocales de la Cámara Primera del Crimen que integran Virginia Emma, Natacha García y Daniel Vaudagna influyeron para que los ciudadanos comunes votaran por la condena de Sergio Medina.
Concretamente, lo que Rivero solicitaría es que el fiscal de instrucción que corresponda determine qué fue lo que pasó el viernes último, entre las 19.30 y las 23.30, es decir, en las cuatro extenuantes horas que a los ciudadanos comunes les llevó debatir sus votos, a puertas cerradas.
La infidencia
Lo que motivó la preocupación de la Fiscalía de Cámara fue la publicación que el semanario Otro Punto hizo el 16 de febrero en las redes sociales, donde se infiere que, lejos de deliberar en soledad, los jurados fueron guiados o “llevados” por los jueces técnicos para votar por la culpabilidad del acusado.
En un posteo en Facebook, Otro Punto narra con detalles el intercambio que se habría dado entre jueces técnicos y legos:
“El jurado popular presentaba sus pareceres. Consideraban que la personalidad de Medina no era la de un asesino, que el encargo de la campera no era suficiente, que la cámara de vigilancia no mostraba a Medina sino a un hombre cuya contextura podría ser de muchos otros y no Medina; que la ficha podría haber o no estado, que por qué no había manchas de sangre. Pero los técnicos insistían con la importancia de estos indicios”.
Y continúa diciendo:
“Así, cuando habían ‘desarmado’ los argumentos de quienes estaban más predispuestos a votar por la inocencia que por la culpabilidad, los hicieron votar”.
El pedido de investigación que hará el fiscal irá acompañado de esa publicación y, según confió una fuente segura a Puntal, la periodista a cargo del semanario, Alejandra Elstein, podría ser citada para determinar si el contenido del posteo surge de una opinión propia o si se trata de una información que dio algún integrante del jurado popular.
Si esto último se confirmara y la información vertida se verifica en una investigación judicial, eso podría dar lugar a la nulidad de la sentencia.
Cambio de clima
Al concluir los alegatos, todos los que siguieron el juicio oral y público avizoraban la inmediata liberación del albañil de Las Albahacas. Sobre todo, luego de que el fiscal Rivero, que era el funcionario a cargo de sostener la acusación, planteara que no tenía pruebas, “ni siquiera un indicio” para condenar, y por eso se inclinaba por la absolución.
Un par de imágenes reflejan el clima que se respiraba a esa hora.
Presumiendo que las cartas estaban echadas, el viudo Juan Carlos Debia adelantaba a un colega que aún si liberaban a Medina, él seguiría bregando por la condena del albañil porque a su criterio era el asesino de su esposa.
Los camarógrafos que aguardaban en la explanada planificaban la mejor toma para captar el momento en que Medina saliera acompañado de su hermano, su sobrina y los vecinos que habían viajado en gran número desde Las Albahacas.
Pero nada de eso pasó.
Contra todos los pronósticos, el fallo condenó al hombre apocado de 49 años, con el voto unánime de los 8 jurados habilitados para sufragar, y de los jueces técnicos debutantes, Vaudagna y García.
¿Qué fue lo que determinó semejante cambio de clima?
La preocupación por lo que sucedió en la deliberación del fallo llegó incluso a los más altos tribunales de la Provincia.
Allí, cayó como un baldazo la difusión de los pormenores de una deliberación que debe permanecer en secreto. “Ningún jurado puede hablar, y menos antes de que se conozcan los fundamentos”, advirtieron desde Córdoba.
Claro que, más que el acto de infidencia de algún jurado, lo que debe tener en vilo al TSJ es el descrédito que la filtración de esos dichos puede generar en la administración de justicia en general, y en un instituto tan preciado para el máximo tribunal como lo es el jurado popular.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
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Concretamente, lo que Rivero solicitaría es que el fiscal de instrucción que corresponda determine qué fue lo que pasó el viernes último, entre las 19.30 y las 23.30, es decir, en las cuatro extenuantes horas que a los ciudadanos comunes les llevó debatir sus votos, a puertas cerradas.
La infidencia
Lo que motivó la preocupación de la Fiscalía de Cámara fue la publicación que el semanario Otro Punto hizo el 16 de febrero en las redes sociales, donde se infiere que, lejos de deliberar en soledad, los jurados fueron guiados o “llevados” por los jueces técnicos para votar por la culpabilidad del acusado.
En un posteo en Facebook, Otro Punto narra con detalles el intercambio que se habría dado entre jueces técnicos y legos:
“El jurado popular presentaba sus pareceres. Consideraban que la personalidad de Medina no era la de un asesino, que el encargo de la campera no era suficiente, que la cámara de vigilancia no mostraba a Medina sino a un hombre cuya contextura podría ser de muchos otros y no Medina; que la ficha podría haber o no estado, que por qué no había manchas de sangre. Pero los técnicos insistían con la importancia de estos indicios”.
Y continúa diciendo:
“Así, cuando habían ‘desarmado’ los argumentos de quienes estaban más predispuestos a votar por la inocencia que por la culpabilidad, los hicieron votar”.
El pedido de investigación que hará el fiscal irá acompañado de esa publicación y, según confió una fuente segura a Puntal, la periodista a cargo del semanario, Alejandra Elstein, podría ser citada para determinar si el contenido del posteo surge de una opinión propia o si se trata de una información que dio algún integrante del jurado popular.
Si esto último se confirmara y la información vertida se verifica en una investigación judicial, eso podría dar lugar a la nulidad de la sentencia.
Cambio de clima
Al concluir los alegatos, todos los que siguieron el juicio oral y público avizoraban la inmediata liberación del albañil de Las Albahacas. Sobre todo, luego de que el fiscal Rivero, que era el funcionario a cargo de sostener la acusación, planteara que no tenía pruebas, “ni siquiera un indicio” para condenar, y por eso se inclinaba por la absolución.
Un par de imágenes reflejan el clima que se respiraba a esa hora.
Presumiendo que las cartas estaban echadas, el viudo Juan Carlos Debia adelantaba a un colega que aún si liberaban a Medina, él seguiría bregando por la condena del albañil porque a su criterio era el asesino de su esposa.
Los camarógrafos que aguardaban en la explanada planificaban la mejor toma para captar el momento en que Medina saliera acompañado de su hermano, su sobrina y los vecinos que habían viajado en gran número desde Las Albahacas.
Pero nada de eso pasó.
Contra todos los pronósticos, el fallo condenó al hombre apocado de 49 años, con el voto unánime de los 8 jurados habilitados para sufragar, y de los jueces técnicos debutantes, Vaudagna y García.
¿Qué fue lo que determinó semejante cambio de clima?
La preocupación por lo que sucedió en la deliberación del fallo llegó incluso a los más altos tribunales de la Provincia.
Allí, cayó como un baldazo la difusión de los pormenores de una deliberación que debe permanecer en secreto. “Ningún jurado puede hablar, y menos antes de que se conozcan los fundamentos”, advirtieron desde Córdoba.
Claro que, más que el acto de infidencia de algún jurado, lo que debe tener en vilo al TSJ es el descrédito que la filtración de esos dichos puede generar en la administración de justicia en general, y en un instituto tan preciado para el máximo tribunal como lo es el jurado popular.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
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